Primera condena en Guatemala por crímenes sexuales en la guerra

El primer juicio por crímenes sexuales durante la guerra civil de Guatemala ha culminado, más de 30 años después de los hechos, en elevadas penas para dos militares. Un tribunal condenó este viernes a 120 años de prisión al teniente coronel retirado Steelmer Reyes Girón, de 59 años, y a 240 años al ex comisionado militar (civil al servicio del Ejército) Heriberto Valdez Azij, de 74, tras encontrarlos culpables de delitos de lesa humanidad  perpetrados en el marco de la guerra civil librada en este país centroamericano entre 1960 y 1996. Ambos fueron juzgados por mantener secuestradas a 11 mujeres de la etnia maya-keqchí a las que convirtieron en esclavas sexuales de un destacamento militar.

En la lectura de la sentencia, la presidente del tribunal, Jazmín Barrios, señaló que los jueces pudieron establecer que “(…) primero desaparecieron a los hombres para dejarlas solas y abusar sexualmente de ellas”, y subrayó que “la represión del Ejército (…) se debió a que los campesinos buscaban legalizar las tierras que históricamente les pertenecían, pero los finqueros de la zona no se los permitían”.

Nada más conocerse la sentencia, las redes sociales recogieron testimonios de apoyo a las condenas de personalidades como la coordinadora residente de la ONU en Guatemala, Valerie Julliand, quien manifestó en su cuenta de Twitter que las sentencias “dignifican a las víctimas y dignifican al país, que muestra un compromiso con la justicia”. La oficina del Alto Comisionado de la ONU en Guatemala expresó que la condena “rinde homenaje a las víctimas, quienes tras décadas de lucha obtienen justicia”.

De acuerdo al expediente, entre 1982 y 1983 estas mujeres, cuyos padres, maridos o hermanos habían sido previamente secuestrados y asesinados, fueron obligadas a cocinar y lavar la ropa a los soldados del destacamento de Sepur Zarco (departamento de Izabal, en el norte), donde también fueron sometidas a abusos sexuales.

Las violaciones fueron una práctica recurrente del Ejército en sus operaciones en zonas consideradas como proclives a la guerrilla, recoge el informe Recuperación de la Memoria Histórica (Remhi, del malogrado obispo Juan Gerardi), que puntualiza que las mujeres eran obligadas a desnudarse y bailar frente a la tropa.

A lo largo de las cuatro semanas que duró la vista pública, las víctimas narraron los horrores sufridos. Comparecieron con los rostros cubiertos. Sus testimonios, en lengua Keqchi, eran traducidos simultáneamente al castellano. Tuvieron también el acompañamiento de la comunidad internacional -entre las personalidades que acudieron a las sesiones destaca la presencia del embajador de Estados Unidos, Todd Robinson, y de organizaciones humanitarias de América y Europa-.

“Desde antes de arrancar el juicio sabíamos que este es un tribunal político, por lo que la sentencia sólo podía ser condenatoria”, criticó el abogado Moisés Galindo, defensor de Steelmer Reyes Girón, para añadir que impugnará todo el proceso con el firme convencimiento de que el juicio “se va a caer”.

Para el letrado, hay argumentos para anular el proceso. "Las juezas, al conocer que yo era el defensor, se excusaron con el argumento de ‘enemistad grave’ con mi persona. No obstante, siguieron adelante". El defensor también ve irregular que la Fiscalía delegara una función pública –investigación y manejo de escenas de crimen– en organizaciones no gubernamentales como la Fundación de Antropología Forense de Guatemala, que realizó excavaciones sin orden ni presencia de juez.