Los abusos policiales continúan en Túnez cinco años después del cambio

Munir Abduli, un joven de 31 años de la ciudad tunecina de Sfax, salió a buscar cigarrillos a casa de un vecino la noche del pasado 25 de enero. Unos minutos después, yacía muerto frente a la puerta de su vivienda. Eran las 23.30 y aquel día aún estaba en vigor el toque de queda a partir de las ocho de la tarde impuesto por el Gobierno después del estallido de una ola de protestas sociales. “Un coche de policía se paró y le pidieron su carné de identidad. Él les dijo que no era un criminal y que había servido al Ejército. Se ve que no les gustó la respuesta. Tres agentes salieron del vehículo, le propinaron una brutal paliza y se marcharon, dejando allí el cadáver”, explica su abogado Shahin Jalifi. Varios medios de comunicación locales recogieron la noticia, que incluía una foto de la cara desfigurada de Abduli.

Cinco años después de la revolución que depuso al presidente Zine El Abidine Ben Alí, creador de un temido Estado policial, las violaciones de los derechos humanos continúan siendo moneda corriente en las comisarías del país. “Es bastante frecuente que se produzcan malos tratos en el momento de la detención, sea cual sea el motivo del arresto. La tortura, un abuso más grave, no ha desaparecido, pero su uso se ha reducido de forma sustancial respecto a la era Ben Alí”, explica Amna Guellali, investigadora de Human Rights Watch. De hecho, la ONG Organización contra la Tortura en Túnez recoge y documenta decenas de casos cada año.

Túnez, cuna de la Primavera Árabe, es el único país de la región que ha sido capaz de implantar un sistema democrático. Los abusos no suelen tener motivaciones políticas, sino que a menudo son consecuencia de un conflicto o malentendido con algún policía. Así empezó la pesadilla de Ashraf Ayari, según recoge el diario electrónico Nawaat. Después de una dispusta con su vecino, agente de aduanas, el pasado 7 de agosto fue arrestado en su domicilio. Tras ser golpeado, lo colgaron del techo mientras le arrancaban las uñas. Finalmente, aceptó firmar una declaración de culpabilidad por ultraje a un funcionario público. A pesar de denunciar torturas ante el juez, fue declarado culpable.

“Algunos revolucionarios aún sufren el acoso de la policía, que les imputa cargos falsos como venganza por su participación en la revuelta contra el antiguo régimen”, sostiene Lilia Bouguira, una activista de derechos humanos. “Las redes sociales son muy útiles para evitar los abusos. Cuando algún activista es arrestado, las redes se inflaman, y enseguida las ONGs se presentan en comisaría”, añade Bouguira, si bien advierte que esta herramienta no está a menudo al alcance de los habitantes de comarcas rurales y, en general, los sectores menos politizados de la sociedad.

Mientras el portavoz del ministerio del Interior niega la existencia de torturas, la clase política suele atribuir las denuncias a casos aislados. A menudo, las campañas de los activistas se ven eclipsadas por la amanaza terrorista y la retórica de algunos medios de comunicación que contrapone seguridad y libertad. Durante el último año, Túnez ha sufrido tres duros golpes a manos de los grupos yihadistas, uno contra la Guardia Presidencial y otros dos contra intereses turísticos. En total, los atentados segaron la vida de más de 70 personas.

De acuerdo con las organizaciones de derechos humanos, la sensación de impunidad por parte de los agentes de policía estimula la perpetuación de los abusos. “Hasta ahora, apenas se ha dictado condena alguna por malos tratos o torturas contra las autoridades policiales. Y las que ha habido, han sido muy suaves”, lamenta Guellali, sentada en su oficina del centro de la capital. Esta situación pone de relieve que la reforma del ministerio del Interior es una de las principales asignaturas pendientes de la transición tunecina, que fue galardonada este año con el premio Nobel de la paz. “De momento, se han aplicado solo medidas cosméticas. Por ejemplo, se destituyeron algunos altos mandos policiales. Pero esto no basta, no se han de cambiar las personas, sino las normas”, agrega la investigadora.

A pesar de todas estas carencias, el país también ha registrado avances. El pasado martes, el Parlamento aprobó una ley que otorga el derecho a todas las personas arrestadas a solicitar de forma inmediata la presencia de su abogado. Además, se espera que próximamente se constituya la Instancia para la Prevención de la Tortura, que contará con la capacidad de realizar visitas no anunciadas a prisiones y cárceles, todo un hito en la lenta marcha hacia una democracia robusta en Túnez.