La CIDH pide el fin de los abusos de las fuerzas del orden en Honduras

“La violencia y la inseguridad son problemas graves a los que se enfrenta la sociedad hondureña, con grandes repercusiones en el goce y ejercicio efectivo de los derechos humanos en el país”, aseguró el relator de la CIDH para Honduras, el comisionado Francisco Eguiguren.

El documento de la CIDH también revela que, de acuerdo con los números publicados en 2013, el 80% de los casos queda en la impunidad. Durante la primera misión de la Comisión al país en diciembre de 2014, organizaciones de la sociedad civil indicaron que los niveles de exención serían aún mayores.

Asimismo, el reporte indica que parte de la sensación de inseguridad la genera la misma policia, la policía militar y el Ejército a través del “uso ilegítimo de la fuerza”, en algunos casos en complicidad con el crimen organizado.

“Las Fuerzas Armadas carecen del entrenamiento adecuado para el control de la seguridad ciudadana, por lo cual correspondería a una fuerza policial civil, eficiente y respetuosa de los derechos humanos combatir la inseguridad, la delincuencia y la violencia en el ámbito interno”, agregó Eguiguren.

El número de muertes violentas reportadas en 2015 asciende a 5.047, una reducción de 844 casos en comparación al mismo periodo de 2014, según cifras oficiales del Sistema Estadístico Policial en Línea y de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional. El informe de la CIDH señala que en 2013, el índice de homicidios en Honduras fue el más alto del mundo, con una tasa de 79 por cada 100.000 habitantes. Aun cuando el Estado indica una disminución en 2014 (68 por cada 100.000), que es saludada por la CIDH porque “estos números apuntan a una disminución”, el organismo observa, sin embargo, que los números siguen siendo altos.

Un millón de armas

En su informe, la CIDH menciona que la violencia campeante en el país y la inseguridad han traído como consecuencia la generalización en la posesión y uso de armas de fuego, amparada bajo la ley. Se estima que en Honduras circulan cerca de un millón de armas de fuego, de las cuales apenas 282.000 se encontrarían registradas.

La publicación hace una llamada de atención al Estado y recomienda adoptar medidas “urgentes” para atacar las causas estructurales de esta violencia y de la impunidad, así como para proteger a la población ante esta situación.

La CIDH afirma que la violencia tiene un impacto particular en colectivos como los defensores de derechos humanos, pueblos indígenas, mujeres, niños, jóvenes, personas LGBT, migrantes, campesinas del Bajo Aguán —donde existe un conflicto de tierras con el sector empresario—, trabajadores de la comunicación y operadores de justicia.

Propone también ampliar e intensificar la capacitación a los servidores del Estado encargados de tareas de orden público en temas de protección y respeto a los derechos humanos y fortalecer la capacidad de la policía para que cumpla su labor acorde a los estándares internacionales en derechos humanos.

En ese sentido, un informe del Comisionado de Derechos Humanos de Honduras reveló que los profesionales del Derecho son uno de los gremios más afectados por la inseguridad que azota el país. En los últimos cinco años, 102 abogados han sido asesinados. El 94% de estos casos queda en la impunidad.