Bruselas ofrece a Londres un freno a la inmigración para evitar el ‘Brexit’

La crisis europea refleja no solo lo precario de un proyecto en estado de excepción permanente, sino también el fracaso de una retórica. Reino Unido consiguió este martes una batería de concesiones para frenar su salida de la UE: una suerte de enmienda a aquella “unión cada vez más estrecha” que una vez funcionó como leitmotiv de Europa. La oferta final de Bruselas concede al conservador David Cameron buena parte de lo que pedía, y siempre en el sentido de rebajar las aspiraciones comunes. Pero sobre todo otorga a Londres un “mecanismo de alerta” para limitar los derechos de los trabajadores inmigrantes.

Un escocés llamado John que encuentre trabajo en un Starbucks de Manchester ganará más que sus compañeros Carmen, Vladímir o François. No hay diferencia entre invertir en la Bolsa de Londres o la de Madrid, entre exportar coches a Italia o a Finlandia: la UE garantiza la libre circulación de bienes, servicios y capitales. Pero los trabajadores británicos podrán tener a partir de ahora más derechos que los ciudadanos de la Unión que decidan buscar empleo en el Reino Unido: Bruselas cedió ayer a parte de las pretensiones de Londres, que ha planteado un referéndum sobre la pertenencia a la UE.

La amenaza de Brexit ha funcionado contra unos socios debilitados por la sucesión de crisis que no cesan. Cameron obtiene, grosso modo, lo que buscaba. En los asuntos más retóricos y en el meollo de la cuestión: la libre circulación, un principio clave del proyecto europeo, se considera desde ahora “un derecho que puede estar sujeto a limitaciones”.

Podía haber sido peor. Cameron quería impedir durante cuatro años el acceso de los trabajadores extranjeros a las prestaciones. Bruselas impone varias limitaciones con el beneplácito de Londres, que hace meses advertía que no iba a suavizar sus peticiones. El brazo ejecutivo de la UE se aferra a los tratados y accede a limitar los derechos de los trabajadores inmigrantes, pero no siempre, no sin permiso y no a cualquier precio. La Comisión creará un mecanismo de alerta que se activará en caso de que un país reciba “un flujo de trabajadores de otros Estados de magnitud excepcional durante un amplio periodo de tiempo”.

Con esa luz verde de Bruselas, el Estado miembro (en este caso, Reino Unido) podrá “restringir el acceso de beneficios sociales durante un máximo de cuatro años”. Eso sí: solo para los nuevos solicitantes; no para quienes ya trabajen. Y los límites “serán graduales”, según el texto, que incluye entre los beneficios liquidables los complementos del Estado para los sueldos bajos y deja en el aire otros como las ayudas a la vivienda.

Contra los abusos

Históricamente, Reino Unido tiene un Estado del bienestar peculiar, más asistencial que los de la Europa continental, en el que hay derecho a algunas prestaciones desde el primer día. Londres, según fuentes del Gobierno británico, persigue limitar los abusos —matrimonios de conveniencia, por ejemplo— para un sector público bajo presión, a pesar de que las cifras apenas avalan las tesis de Cameron (el país tiene un 5% de paro). “Reino Unido consigue abrir un capítulo más de la Europa a la carta, pero al menos las instituciones imponen algunos frenos en el texto final que, además, debe pasar aún el filtro del Consejo Europeo y de la Eurocámara”, según fuentes europeas.

La oferta de Bruselas tiene menos enjundia en el resto de capítulos, aunque Londres consigue remar siempre en contra de las aspiraciones comunes del proyecto. Habrá un segundo freno de emergencia, que permitirá a Londres y otras capitales paralizar las normativas que considere excesivas. “No se trata de un veto”, subrayaron fuentes europeas, aunque se le parece. Esa tarjeta roja será de difícil aplicación: se requiere el acuerdo del 55% de los Parlamentos nacionales —equivalentes a 16 de los 28— para rechazar una norma en elaboración. Esa idea resta legitimidad al Parlamento Europeo, ancestral enemigo de los euroescépticos británicos.

Reino Unido logra que las decisiones de la eurozona no afecten al mercado único: la oferta del presidente del Consejo, Donald Tusk, garantiza que las medidas “de emergencia” que se adopten “no impliquen responsabilidad presupuestaria para los Estados que no forman parte del euro”. Londres consigue también desmarcarse del objetivo de “una unión cada vez más estrecha”, una de las obsesiones británicas. Y todo ello “sin necesidad de tocar una sola coma de los tratados”, según fuentes europeas. “Pero con el compromiso de introducir esos cambios tan pronto como los tratados se reabran”, precisan fuentes británicas.