Asalto al último dique legal en Polonia

El nuevo Gobierno ultraconservador polaco denomina su lavado de cara al país como “el buen cambio”. También aspira a instaurar una “Cuarta República”, la que toca cronológicamente, porque quiere hacer historia. La presión sobre los medios de comunicación ha sido la maniobra más vistosa, pero hay otra más insidiosa, porque afecta a la base del sistema: el bloqueo del Tribunal Constitucional. De hecho, ha sido este paso el que ha movido a la UE a activar por primera vez el control de un Estado miembro para evaluar sus valores democráticos. “Estos cambios limitan al mínimo la importancia del Constitucional, desequilibran los poderes y son una amenaza muy seria para los derechos y libertades básicas”, resume en su despacho Danuta Przywara, presidenta de la Fundación Helsinki, reputado organismo de derechos humanos nacido en la clandestinidad durante la era comunista.

El partido Ley y Justicia (PiS), dirigido en la sombra por el visionario Jaroslaw Kaczynski, oculto tras la figura de la primera ministra Beata Szydlo, es el primero de Polonia que gobierna con mayoría absoluta, tiene un épico plan de restauración del orgullo nacional y solo este tribunal puede ser un obstáculo. Con una insólita sucesión de controvertidos movimientos el Gobierno ha logrado maniatarlo en tal lío jurídico que nadie sabe cómo se resolverá. Además, el embrollo no se comprende en la calle, parece un problema abstracto de políticos.

Nombramientos irregulares

El Gobierno anterior, y luego el actual, han designado cada uno cinco nuevos miembros del Constitucional. Estos nombramientos son irregulares pero mucho más los últimos, con nocturnidad, y al final hay como 18 jueces, nadie lo sabe bien, aunque en teoría son solo 15. El debate es cuáles son legítimos y cuáles no. Este espectáculo penoso atasca el tribunal, pero peor es la reforma del Ejecutivo que neutraliza el Constitucional. Opinan que es anticonstitucional el presidente del Tribunal Supremo, el Defensor del Pueblo, el Consejo Nacional de Jueces, el Colegio de Abogados y la Academia Polaca de Ciencias. “Solo cree que es constitucional la mayoría parlamentaria”, dice Przywara.

“Como jurista la situación es clarísima, han sido decisiones ineptas”, opina Ewa Letowska, una institución, primera Defensora del Pueblo de la historia de Polonia, de 1988 a 1992, y magistrada del Constitucional de 2002 a 2011. Explica que hay cinco jueces nombrados de forma incorrecta, los del actual Gobierno, y tres de los cinco del anterior Ejecutivo son legales, pero que no han podido prestar juramento porque el actual presidente de la república se ha negado. En cuanto a la reforma, piensa que “se pueden limitar competencias del Constitucional, pero respetando las reglas de juego”. “Si se aplica la fuerza pura es inaceptable”, advierte. No duda al preguntarle si cree que Polonia corre peligro de una deriva hacia un régimen autoritario: “Sí”. También es directa cuando se le pide aclarar si este lío es fruto de la mala fe o de la incompetencia: “¡Todo a la vez!”.

La reforma eleva de 9 a 13, de un total de 15, el número de jueces necesarios para el pleno de la sala. Si solo dos se ausentan no hay sesión. Aplica el orden cronológico de examen de las causas, no por importancia, lo que retrasará los fallos hasta tres o cuatro años, aunque sean vitales para el país, y también desaparece el control preventivo de una ley. Es decir, cualquier norma se aplicará sin cortapisas. Además, el nuevo texto impone las sentencias por mayoría de dos tercios, no absoluta: un tercio puede bloquear cualquier resolución. Para rematarlo, el propio Constitucional debe pronunciarse a mediados de febrero sobre la reforma. Debe decidir si se suicida o no. Aunque el PiS pretende que se mueva ya bajo esa misma ley que debe examinar, lo que dinamita el principio básico de no retroactividad de las normas. Será la prueba de fuego de si el sistema claudica o se resiste.

Será una señal para todo el ordenamiento judicial, porque otro frente alarmante es la reforma de los tribunales. El ministro de Justicia será a la vez fiscal general del Estado. “Será omnipotente, y si le sumamos la supervisión de los tribunales es muy preocupante”, avisa Letowska. Podrá influir directamente en las investigaciones. “Creo que Kaczynski pretende una orbanización de Polonia, como Orban en Hungría. Pero allí tardaron dos años, aquí ha sido en dos meses. Tal vez eso nos salve, como a la rana que no reacciona si le calientas el agua poco a poco, pero que si es de golpe, salta”.