Guatemala declara la guerra a su mayor enemigo: la corrupción

La corrupción es el tema del momento en Guatemala. Con un expresidente, su ex vicepresidenta y varios funcionarios de alto nivel enjuiciados por este delito, el país –con el apoyo de Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala- parece haber decidió plantarle cara a uno de sus principales problemas.

La elección que siguió a la renuncia del presidente en septiembre del año pasado también reflejó este espíritu en el país. De hecho, el slogan de campaña del ganador en la contienda –el comediante Jimmy Morales- fue “ni corrupto, ni ladrón”, en alusión al hecho de que hasta ser electo jamás había ocupado ningún cargo público ni de elección popular.

Pero más allá de las campañas, ¿qué pueden hacer los países ante este flagelo?

De acuerdo a una reciente editorial publicada por Humberto López, director del Banco Mundial para Centroamérica, “reducir la corrupción requerirá de una mezcla que combine tanto incentivos como un mayor énfasis en el cumplimiento de la ley” dice.

Para ello, el directivo resume lo que esto implica en algunas recomendaciones para los países:

Evaluar sus marcos regulatorios para distinguir entre normas que están justificadas desde el punto de vista del interés público y las que están obsoletas o simplemente benefician a ciertos grupos de interés.

Considerar el marco regulatorio desde una perspectiva administrativa. Un marco regulatorio bueno podría estar mal aplicado (a causa de procedimientos engorrosos o de personal poco calificado) o ser implementado fuera de tiempo, lo cual podría llevar a un aumento de costos para el sector privado. En este sentido, la simplificación administrativa, junto con una administración pública más profesionalizada, puede ser una herramienta eficaz para reducir el costo y mejorar la eficacia de las normas, al tiempo que aumentaría el cumplimiento y reduciría el poder de los funcionarios para pedir sobornos.

Mejorar el sistema judicial para aumentar la probabilidad de penalizar a todos los involucrados en un acto de corrupción, lo que aumentaría el costo por entrar en ese tipo de acuerdos irregulares. “Un sistema judicial creíble, además de reducir la corrupción, aumenta la probabilidad de cumplimiento de las normas” establece López.

Por último, los países pueden buscar soluciones por el lado del cumplimiento de la ley, como aumentar los esfuerzos para vigilar el cumplimiento de las normas e incrementar las multas y sanciones para quienes infrinjan las leyes.

A raíz de este último, surge una campaña, apoyada por el Banco Mundial, que describe el problema de la corrupción en términos muy claros (“cada quetzal que se pierde en corrupción, es un quetzal que se le quita a una mujer embarazada”) y ofrece varias opciones de cómo los ciudadanos pueden apoyar el trabajo de fiscalización de los fondos públicos.

Esta iniciativa llega en un momento en que la tolerancia de los guatemaltecos con la corrupción parece estar en su nivel más bajo.

También envía un claro mensaje al nuevo gobierno que toma posesión la semana que viene, y del que se esperan acciones contundentes contra la “desaparición de fondos públicos”, calculada entre el 12 y el 24% del presupuesto anual de Guatemala, según las fuentes de la campaña.