Unos 5.000 civiles acorralan a la policía en Guatemala

La población civil de Santiago de Atitlán, en el Departamento de Sololá (al suroeste del país), inició en la madrugada del lunes al martes un ataque contra la policía de este municipio guatemalteco, de unos 45.000 habitantes, al sospechar que uno de los agentes, en estado de embriaguez, había matado a un comerciante de 28 años que se había negado a continuar suministrándole alcohol fuera del horario permitido por la ley seca —norma que prohíbe la venta entre las diez de la noche y las siete de la mañana—.

Dos versiones enfrentadas trataban ayer de explicar lo ocurrido: clientes de una abarrotería (tienda de comestibles) cercana sostenían que un policía fuera de servicio y ebrio había disparado al comerciante; mientras que el oficial de bomberos, cuya estación se encuentra junto al cuartel de policía, Rubén Reanda Mendoza, aseguraba que el atacante era ajeno a las fuerzas del orden. “La indignación obedece a que la policía no atendió al llamado de auxilio. Llegaron tarde y no hicieron nada”, explicó por teléfono. Según el bombero, el atacante fue un encapuchado que huyó del lugar.

“Al ver que tres agentes ingresaron a la abarrotería donde yacía el cuerpo del comerciante, la multitud bajó las persianas del negocio y los mantuvo encerrados en calidad de rehenes”, explicó Reanda. La multitud, cada vez más fuera de control, según el bombero, sacó a los agentes alrededor de las dos de la madrugada y los golpeó salvajemente. “Uno de ellos presenta trauma craneal y calificó su estado como grave; los otros dos, golpes en la cara y el tórax”, afirmó.

Obstáculos a los refuerzos

Mientras Reanda daba declaraciones a este periódico, pudo ver cómo la multitud rompía las puertas de la estación policial y sacaba a golpes a los agentes allí atrincherados. Después los llevaron a la plaza central del municipio, donde las autoridades locales intentaron llegar a un acuerdo con los descontentos, que reclaman, en primera instancia, la captura y enjuiciamiento del asesino y el retiro definitivo de la policía de esa población.

Frente al Ayuntamiento, la multitud prendió fuego a todos los muebles de la estación policiaca asaltada y quemó una motocicleta de la Municipalidad. Reanda aseguró que otro grupo de vecinos volvió a rociar a las nueve de la mañana de ayer con gasolina las unidades motorizadas “para reducirlas a cenizas”.

Los vecinos colocaron obstáculos en las dos carreteras que llevan a la población para impedir la llegada de refuerzos. Fuentes policiales informaron de que en la localidad vecina de San Pedro La Laguna un contingente de 70 agentes antidisturbios se preparaban para intervenir, pero la amenaza de los ciudadanos de asesinar a los rehenes los mantenía a la expectativa. Otros 170 policías de San Lucas Tolimán, otra población cercana, esperaban por las mismas razones.

Poco después de que el gobernador civil de la provincia de Sololá, Luis García, admitiera que habían perdido el control frente a una turba de “alrededor de 5.000 personas”, un comando antimotines de la policía logró entrar a Santiago Atitlán y disolver a la multitud con gases lacrimógenos, a los que el grupo de descontentos respondieron con el lanzamiento de piedras. La policía consiguió liberar a cinco rehenes, entre ellos a tres mujeres policía, quienes han sido sacadas de la población para salvaguardar su integridad física.

Según García, los lugareños reivindicaban el cierre definitivo de los bares y la prohibición de la venta de bebidas alcohólicas. La multitud pedía también el retiro de la policía y la creación de patrullas de vecinos que asumieran las labores de seguridad. El diálogo se rompió sin embargó por la intensa violencia civil.