Evo Morales transgrede las normas en busca de su reelección

En medio de la campaña para que la población boliviana se pronuncie sobre la reforma constitucional que le permitiría ser candidato en 2019 para un cuarto mandato, el presidente Evo Morales adjudicó el sábado pasado obras en la región de Oruro junto al magistrado del Tribunal Constitucional Efrén Choque, reiteradamente acusado de favorecer al oficialismo. Un día antes, Morales se refirió al referendo constitucional, que se realizará el 21 de febrero, en otra entrega de obras televisada por el canal estatal, lo que está prohibido por la ley; el presidente desafió al Tribunal Electoral a sancionarlo por ello. 

Estos hechos ocurrieron poco después de que Evo Morales admitiera la “preocupación” y la “amargura” de sus colaboradores por la situación de su campaña. El mandatario le dijo al vicepresidente Álvaro García Linera: “Aunque no aprueben finalmente nuestra reelección, no importa, hicimos historia gracias al pueblo boliviano”. Se presume que García Linera estaba preocupado por los modestos resultados que viene obteniendo el “sí” a la reforma en las encuestas que se han conocido hasta ahora.

De acuerdo a las empresas contratadas por los medios y la oposición, el “sí” perderá en el referendo hasta por 10 puntos porcentuales. En cambio, según la encuesta publicada hace una semana por la empresa internacional de investigación IPSOS, el “sí” gana en este momento con un 49%, ya que existe un 11% de indecisos. El trabajo de esta firma es objeto de controversia entre quienes creen que se inclina a favor del Gobierno y quienes lo defienden como el único termómetro de las opiniones generales del país, pues incluye también las de la zona rural, que es muy favorable a Morales y que las otras encuestadoras no llegan a medir por razones económicas.

La oposición interpretó la confesión de Morales en clave triunfalista. Al día siguiente, el presidente se corrigió señalando que su triunfo está asegurado y que lo único que le preocupa es lograr el 70% de los votos y romper su propio récord de apoyo popular.

Su estrategia de campaña es una repetición de la que lo llevó a triunfar en las elecciones presidenciales de 2014: una seguidilla de anuncios de inversión pública y de inauguraciones de infraestructuras, cuya televisación esta vez no debe exceder, por mandato del Tribunal Electoral, la media hora. En primer lugar fue la fijación de este límite la que desató el conflicto entre la institución electoral, recién renovada con cierta participación de los otros partidos con representación parlamentaria, y el mayoritario Movimiento al Socialismo (MAS) de Morales, que la considera contraria al derecho de la población a conocer lo que hacen sus dirigentes.

Evo Morales ya ha gobernado Bolivia durante 10 años, el periodo presidencial continuo más largo de la historia del país. En 2005 ganó las elecciones con la promesa, que ha cumplido, de cambiar el modelo neoliberal de administración del país, vigente hasta entonces, y sustituirlo por otro de corte estatista. Este modelo ha aprovechado con éxito el boom de los precios de las materias primas, por lo que en la última década Bolivia ha crecido alrededor del 5% anual, incluso el año pasado, en el que estalló la crisis latinoamericana. Sin embargo, se espera que, paulatinamente, esta afecte a la economía nacional de una manera más clara.

Tercer mandato

Morales ejerce su tercer mandato, que se extiende hasta 2019, después de gobernar entre 2006 y 2009, y luego entre 2010 y 2015. El máximo de mandatos que permite la ley es de dos. Sin embargo, el presidente ha burlado esta reglamentación al conseguir que su primer periodo no cuente legalmente porque transcurrió antes de la aprobación de la nueva Constitución, en febrero de 2009.

Morales, pues, ha llegado en cualquier caso al máximo de postulaciones consecutivas que se admiten legalmente. Por esta razón, el año pasado el MAS movilizó a los sindicatos y a las organizaciones sociales para que fueran ellos los que propusieran una reforma constitucional que habilitara al líder a presentarse una vez más, con el argumento de que era necesario para mantener la estabilidad política y concluir la obra constructiva que está en marcha en el país. Con su enorme mayoría parlamentaria, el oficialismo no tuvo problemas para convertir esta demanda sindical en un proyecto de cambio de un artículo de la Constitución, reforma que puede aprobarse o no en el referendo del 21 de febrero.