La vida después del ISIS

Qué pensaría si el Gobierno le dijera que no va a encarcelar a los yihadistas de su país que se unieron al Estado Islámico (ISIS, en sus siglas en inglés)? ¿Y si le anunciara que, incluso, les ayudará a regresar?

Durante los últimos dos años se conocen prácticamente a diario noticias sobre células de reclutadores islamistas desactivadas o jóvenes radicalizados detenidos cuando pretendían unirse al ISIS. Son más de 30.000 combatientes extranjeros los que se han marchado durante los últimos cuatro años, un 21% europeos, según los últimos datos del Instituto para la Economía y la Paz. Los Gobiernos han debatido desde entonces cómo evitar esos desplazamientos y han endurecido sus legislaciones para atajar el fenómeno. Pero poco se ha debatido sobre cómo actuar con aquellos que regresan. Y esos viajes de vuelta también se dan.

Ya en enero, el think tank británico Centro Internacional para el Estudio de la Radicalización y la Violencia Política (ICSR, en inglés) calculaba que entre un 10% y un 30% de los combatientes habían regresado o estaban estancados en alguno de los países de tránsito. ¿Qué debe hacerse con esos retornados, como se los denomina? Detenerlos y encarcelarlos parece la respuesta más lógica. La única incluso. Pero ¿y si hubiera otras?

El 20 de noviembre el Consejo Europeo celebró una sesión para analizar la respuesta judicial de los Estados al extremismo. En una de sus conclusiones recomendaba a los países plantearse “cuando proceda, medidas alternativas o adicionales al enjuiciamiento y la detención”. Buscar soluciones que no impliquen necesariamente la cárcel. “Pero no hay protocolos establecidos para esos regresos ni políticas al respecto. Si preguntas a las autoridades qué hacen con los retornados, la única respuesta que obtienes es que hay leyes y que si han cometido crímenes se les procesará. Faltan otras estrategias”, se lamenta Omar Ramadan, responsable de la Red de Conciencia de la Radicalización (RAN, en inglés), un proyecto de la Unión Europea lanzado en 2011 como punto de encuentro de los expertos en extremismo y radicalización de Europa.

De los 30.000 extranjeros que se calcula se han unido al Estado Islámico, entre un 10% y un 30% han vuelto o están estancados en países de tránsito

No hay un cálculo sobre cuántos desertores hay en el ISIS, pero sí se sabe que es un número creciente, como confirman también las ejecuciones (como castigo y disuasión) de algunos de ellos por el grupo. Cada vez son más los que regresan, o quieren hacerlo, desilusionados, desengañados por la crueldad de sus acciones, por la dureza de las condiciones de vida sobre el terreno o por el rechazo que les producen los crímenes contra otros musulmanes. Sin embargo, no es posible establecer un patrón. “Prácticamente todos han experimentado y visto violencia. Pero inicialmente solo te cuentan una pequeña parte de aquello por lo que han pasado. Es muy complicado averiguar qué han vivido realmente y qué les ha empujado a volver”, explica el psiquiatra Aram Hasan, de origen sirio, que vive en Holanda y trata hoy a cinco retornados pero conoce medio centenar de casos más. Hasan apunta, además, que entre un 10% y un 15% de ellos regresan con trastornos de estrés postraumático que necesitan tratamiento.

Las razones para establecer políticas más blandas con los retornados se sustentan en tres pilares. El primero, poder trabajar para reintegrarlos en la sociedad, y evitar así también la radicalización mayor que podría producirse en las prisiones. “Hemos visto estudios que muestran que la mayoría de los retornados no generan alarma de que puedan atacar en sus países. Pero si se les mete en la cárcel y no tienen nadie que trabaje con ellos, puede producirse una radicalización aún más fuerte”, afirma Daniel Koehler, director del Instituto de Estudios de Radicalización y Desradicalización alemán. Koehler se refiere al trabajo que en febrero de 2013 publicó el académico noruego Thomas Hegghammer en American Political Science Review y que se ha convertido en una referencia cuando se debate esta cuestión. Según el análisis que realizó de los 106 atentados islamistas perpetrados o planeados en Europa, Norteamérica y Australia entre 1990 y 2010, de las 401 personas implicadas, 107 habían sido previamente combatientes extranjeros, una de cada nueve de las que durante aquel periodo se unieron fuera a grupos radicales (945). “La mayor proporción de gente que hemos visto volver son desilu­sionados o personas con traumas mentales graves. Obviamente, con esos problemas psicológicos hay riesgo, pero creo que con la mayoría hay posibilidades de trabajar para empujarlos en otra dirección”, argumenta el danés Lasse Lindekilde, especialista en terrorismo de la Universidad de Aarhus. Su visión es especialmente relevante porque su ciudad es pionera en la aplicación de un programa de desradicalización en el que el Gobierno municipal anima a sus combatientes a que regresen.

“Es muy complicado averiguar qué han vivido y qué les ha empujado a volver”, explica
el psiquiatra Aram Hasan

Lo lanzaron en 2007 y desde 2013 está enfocado en prevenir los viajes a Siria y tratar a los retornados con monitorización, asistencia para encontrar alojamiento y trabajo o educación y tratamiento psicológico. Hoy trabajan con cerca de una veintena de retornados, y aunque sus responsables reconocen que no hay “conclusiones científicas” de que funcione, sí tienen “buenas experiencias” que lo respaldan. Lo mismo sucede en Alemania, la otra referencia en este tipo de estrategias. Allí han adaptado las organizaciones que trabajaban contra las ideologías neonazis para dar respuesta al extremismo islámico. “Nuestros expertos pueden saber en qué dirección va cada uno de los retornados con los que trabajan, aunque no tengamos ninguna garantía. Sabemos que si se equivocan el problema es que podemos acabar con una bomba en un autobús, pero hay que confiar en los especialistas”, explican desde Violence Prevention Network en Berlín, una de las organizaciones que tratan con retornados.

El segundo motivo por el que se reclama esta alternativa es para mostrar a los combatientes una salida al yihadismo y evitar también así una posible inmersión mayor. “Esta es una guerra psicológica en dos direcciones. Ellos quieren que sus reclutados quemen cualquier puente para regresar a su vida anterior. Nosotros debemos hacer lo contrario: mostrarles, sobre todo a través de sus familias, que es con las que mantienen los lazos, que sí hay marcha atrás, que pueden regresar si quieren hacerlo”, explica Koehler. El ulema sirio Mohamed al Yaqoubi, uno de los líderes religiosos más relevantes de su país, hoy exiliado en Marruecos por apoyar la guerra contra El Asad, va más allá: “A los que se arrepienten hay que convertirlos en héroes. Celebrarlos. Debemos hacerles hueco. Si les cerramos la puerta de atrás pueden acabar transformándose en suicidas”.

Esa es la tercera de las claves. Trabajar con los retornados y lograr su colaboración ayudaría a poder utilizarlos como herramientas de contrapropaganda, una batalla todavía perdida por los Gobiernos occidentales contra los islamistas. “Si esta gente vuelve y cuenta públicamente qué es el Estado Islámico, sería un mensaje realmente útil: hablan la misma lengua, tienen las mismas raíces y han escuchado los mismos mensajes que aquellos que pueden estar pensando en unirse. Eso resultaría efectivo”, analiza Richard Barret, exresponsable de terrorismo del MI6, el servicio de inteligencia británico, y hoy directivo de la empresa de asesoría de seguridad internacional Soufan.

“Si esta gente vuelve y cuenta públicamente qué es el Estado Islámico, sería un mensaje realmente útil", dice Richard Barret, exresponsable de terrorismo del MI6

El problema es cómo hacerlo y hasta dónde se puede asumir el riesgo. Hay una premisa clara de cómo empezar a trabajar: aquellos que hayan cometido crímenes deben ser procesados. Pero la cuestión es cómo saber qué hizo cada retornado en Siria o Irak. Sobre todo porque si no hay información disponible, nadie va a confesar. Porque incluso con esas estadísticas del informe del noruego Hegghammer, que uno de cada nueve retornados sea un terrorista potencial es un número significativo. Aquel trabajo concluía además que la presencia de retornados incrementaba la posibilidad de que un atentado planeado finalmente se ejecutase y también que aumentaba la efectividad.

“No sabemos cuál es el peligro real. Tampoco si realmente están desilusionados y han cambiado de opinión o si vuelven como una célula dormida. Y los Gobiernos no quieren esperar para saber quién forma parte de cada grupo. Estoy de acuerdo en que no todos son extremistas, en que los desilusionados quieren salir de ahí, pero ¿cómo lo pruebas?, ¿qué preguntas les van a hacer?, ¿y cómo saber si están diciendo la verdad?”, se pregunta Mubin Shaikh. Su caso también es relevante. Canadiense y musulmán con padres de origen indio, Shaikh es hoy un experto en yihadismo que ha colaborado con las fuerzas de seguridad de su país, pero en los años noventa fue un joven radical simpatizante de los talibanes. De ahí que él proponga trabajar con un grupo de expertos en el que haya siempre un antiguo extremista, además de psicólogos, trabajadores sociales, policías y expertos en religión. Shaikh también plantea que los retornados deben aparecer en televisión y acudir a la mezquita para explicar lo que vieron e hicieron y para renunciar públicamente al grupo. “Tienes que asegurarte de que quien haya sido un extremista no pueda volver a serlo aunque quiera”, añade.

Asunto distinto es, también en España, el coste electoral que puede tener para un Gobierno. Como reconoce el danés Lindekilde, “no da votos ser blando con los terroristas”. Estas medidas deberían ser explicadas a la opinión pública, según los expertos, como alternativas para reducir el riesgo. Aunque resulten difíciles de entender.