Crimea en situación crítica ante el bloqueo del abastecimiento eléctrico

El abastecimiento de electricidad en Crimea, anexionada por Rusia en 2014, se encuentra en situación crítica tras los atentados que a fines de la semana pasada inutilizaron cuatro líneas de alta tensión por las que la Ucrania continental suministraba electricidad a la península del mar Negro. Las líneas fueron inutilizadas con explosivos en la provincia de Hersón y su destrucción ha afectado también en parte al abastecimiento a otros territorios de Ucrania. Según el ministerio de Energía de la Federación Rusa, 1,66 millones de personas se quedaron sin electricidad en Crimea, donde las autoridades locales declararon el estado de emergencia y calificaron la jornada del lunes como día festivo para minimizar el consumo de energía. En Sinferopol, la capital de la península, no funcionaban los trolebuses, ni el alumbrado callejero, ni estaban abiertas las escuelas y, según una fuente local contactada por teléfono, se había racionado la electricidad a los hogares, a razón de seis horas al día, divididas en dos sesiones.

Crimea cubre sólo el 30% de sus necesidades eléctricas con sus propias fuentes energéticas (energía solar, eólica, gas y generadores diesel) y tiene reservas para un par de semanas, según estimaciones de diferentes funcionarios rusos. El grueso de la energía consumida por Crimea ha procedido de Ucrania, que firmó un acuerdo al efecto con Rusia pese a la oposición de sectores sociales y políticos partidarios de que Kiev mantuviera una estrategia más dura con Moscú.

Para superar la dependencia de la energía ucrania, Moscú ha iniciado las labores para tender cables submarinos por el estrecho de Kerch, pero esta fórmula de abastecimiento solo comenzará a funcionar a partir de 2016. Según el diario Nezavísimaia Gazeta, Ucrania considera la posibilidad de protestar por la colaboración de un buque chino en el trabajo de tendido de los cables. Rusia planea construir un puente por el estrecho de Kerch con el fin de sustituir las múltiples dependencias de la península de Kiev, que van desde los alimentos hasta el agua. Ucrania ha cegado el canal de regadío de Severni Krym y esta circunstancia ha arruinado a los productores agrícolas del zona esteparia de Crimea.

Desde el pasado 20 de septiembre, activistas proucranios, entre los que se cuentan líderes de la comunidad tártara de Crimea (vetados en la península por las autoridades rusas) y del grupo Automaidán, mantienen un bloqueo al abastecimiento de mercancías e impiden el tráfico de camiones a la península.

Los dirigentes del Estado en Kiev, cuya popularidad ha sido mermada por la situación económica y la corrupción, se han mostrado tolerantes ante ese bloqueo, y, aunque formalmente no lo hayan apoyado, tampoco han sido capaces de enfrentarse a los activistas que exigen una línea más dura en relación con Rusia. Otro tanto parece suceder ante el bloqueo de la electricidad. Los activistas no han permitido a los técnicos reparar las líneas quebrantadas y la clase política ucrania se ha dividido entre quienes creen que debe restablecerse el suministro eléctrico a Crimea para cumplir los contratos de abastecimiento firmados con la Federación Rusa y quienes son partidarios del cese del suministro, aunque eso pueda llevar al cese del suministro de carbón ruso, del que dependen la mitad de las centrales térmicas ucranianas. El líder histórico tártaro Mustafa Dzhamiliev, vetado por las autoridades rusas en Crimea, condicionó el restablecimiento del suministro eléctrico a la península a la liberación de los presos políticos ucranianos encarcelados en Rusia.

En la escalada de tensión y sanciones entre Kiev y Moscú se enmarca el cese de las comunicaciones aéreas a partir del pasado octubre y, previsiblemente a partir de 2016, el cese de todo tráfico de mercancías como represalia de Moscú por la aplicación del acuerdo de Asociación entre Ucrania y la UE. El presidente Petro Poroshenko ha propuesto al primer ministro Arseni Yatseniuk formar un grupo de trabajo para estudiar la posibilidad de interrumpir oficialmente el transporte de carga con Crimea. De aprobarse, esta medida supondría la legalización del bloqueo que los activistas mantienen desde septiembre.