Tentaciones peligrosas

“Las palabras de los políticos se las lleva el viento mientras la situación de la seguridad empeora”, me escribía ayer un amigo desde Perú acosado por amenazas de la delincuencia. No es casualidad, la inseguridad ciudadana se ha convertido en el principal problema latinoamericano en la percepción mayoritaria y, por ello, en uno medular en decisiones y definiciones de políticas. Con ello aparecen peligrosas tentaciones de respuestas facilistas que no sirven o, peor, que pueden acabar en un resultado peor que el mal que se pretende conjurar.

Hay dos grupos de respuestas. Por un lado, las inmediatistas y “de impacto”, que pueden surgir desde el Estado, la política o la sociedad. Simplistas, “contundentes”, sin matices y moviéndose en una zona gris frente a la legalidad. La típica: “pena de muerte”, o “Cadena Perpetua. Sin beneficios”, como dice el lema de la anticipada campaña de propaganda en Lima de un candidato que pretende ser elegido presidente en el Perú el próximo año. Así, formulas simplistas, monoconceptuales y, en el fondo, inviables (¿cadena perpetua para todos?, ¿ninguna idea de reinserción?) aparecen como receta frente a un problema complejo y multidimensional.

La explicación de esas “soluciones” es la creencia —muchas veces equivocada— de que así se sintoniza con un sentimiento poblacional que busca respuestas a cualquier precio frente a la inseguridad. Si bien esa no es necesariamente la actitud ciudadana, lo cierto es que el “populismo penal” es una tentación política recurrente que tiene muchas veces acogida y ha conducido a veces a cambios normativos esperpénticos (sin hacer mella en la delincuencia, por lo demás).

Al fragor del delito que ocupa circunstancialmente los titulares, el populismo penal suele llevar al aumento drástico de penas para ese delito; así, en ocasiones, el secuestro acaba teniendo una pena más grave que el homicidio. O, con la facilista pretensión de generalizar la cadena perpetua, sin tener en cuenta la realidad de los sistemas penitenciarios, colapsados en la mayoría de países de la región, ni los más elementales principios de proporcionalidad de las penas.

La “justicia por mano propia”, por su lado, acaba alimentándose —y alimentando también— del populismo penal. Así, desde castigos físicos hasta ajusticiamientos de sospechosos de delitos, se convierten en muchos lugares en atajo violento y moneda corriente que expresa en ocasiones una desesperada reacción ciudadana frente a la inseguridad y la impunidad de los criminales por la inoperancia del Estado.

Hay otro grupo de respuestas: las institucionales. Son las que tocan en una sociedad democrática pero que tampoco resultan prima facie eficaces si el enfoque es simplista. Y menos si las instituciones funcionan mal: policías ineficientes en su investigación y sistemas judiciales lentos y desconectados del clamor ciudadano. Por eso, depositar la solución en una institución —normalmente, la policía— no tiene sentido. Si bien es obvio que una policía profesional y eficiente es absolutamente vital, de poco o nada servirá si no opera en dinámica interacción y en lenguaje común con jueces y fiscales, también profesionales y eficientes. Y todo ello en relación con la comunidad organizada, un componente esencial de una estrategia eficiente de seguridad.

El enfrentamiento al crimen puede ser eficaz dentro de la institucionalidad democrática. No es una ilusión. En la última década ha habido varias experiencias interesantes en espacios latinoamericanos en las que, en todos los casos, los éxitos se explican por la articulación eficiente de una policía profesionalizada —lo que no es imposible— con una justicia más eficiente —tampoco imposible— y una comunidad participante. No fue la pena de muerte, el gatillo fácil ni la justicia por mano propia la que, por ejemplo, creo un clima de mayor seguridad ciudadana en lugares como Medellín en años recientes o logró frenar la expansión de las maras en Nicaragua. He allí el reto del presente en sociedades que quieren seguir siendo democráticas.