Obama da un giro a favor de las políticas de reinserción de reclusos

Más de dos tercios de los presos estadounidenses vuelven a la cárcel antes de cumplir tres años en libertad. Otros tres cuartos son detenidos antes de que pasen cinco años. El presidente Barack Obama, inmerso en una campaña por la reforma del sistema penal y de prisiones, presenta este lunes una serie de medidas para favorecer la reinserción de los presos y reducir el porcentaje de población encarcelada.

En Estados Unidos hay 2,4 millones de presos, uno de cada 100 adultos norteamericanos -una de cada cuatro personas encarceladas en el mundo- y el Gobierno federal invierte 80.000 millones al año en el sistema de prisiones, más que en educación. En los últimos meses, estas cifras han inspirado un nuevo debate sobre el papel del sistema de prisiones estadounidense en el que cada vez más voces abogan por la reinserción frente al castigo, por la rehabilitación de los presos frente a décadas de prisión por delitos menores de drogas. Las reformas que propone Obama este lunes son un reflejo de este cambio de dirección.

“Hay una razón por la que personas de todo el país están a favor de reformar nuestro sistema judicial”, dijo Obama en su mensaje a los ciudadanos de este fin de semana. “Porque no es una cuestión de política. Se trata de si como país podemos estar a la altura de nuestros ideales de libertad y justicia para todos”.

El sistema actual no ha logrado reducir las tasas de reincidencia, intactas desde que el país declarara la guerra contra las drogas en los años 70. El 68 por ciento de los presos regresen a la cárcel después de cumplir su primera condena, según la Oficina de Estadísticas de Justicia. Obama propone remediarlo con tres cambios clave: permitir el acceso a viviendas públicas a los exreclusos, eliminar el proceso por el que se puede negar un empleo a cualquier ciudadano con antecedentes penales y crear programas educativos y de atención médica para facilitar la reinserción.

El planteamiento del mandatario estadounidense tendrá un efecto limitado, a la espera de que el Congreso apruebe una nueva legislación para reformar el sistema actual a nivel federal. Sin embargo, la apuesta es significativa en un país en el que, a diferencia de Europa, cualquier conversación entorno al crimen está limitada al castigo y no a la reinserción desde hace más de cuatro décadas.

En los años 70, el Gobierno de Richard Nixon declaró la guerra contra las drogas y disparó el presupuesto destinado a las fuerzas de seguridad. Desde entonces hasta 2013, la población encarcelada se multiplicó por cuatro. Una sucesión de leyes federales y estatales endurecieron además las penas por delitos de drogas y limitaron los recursos públicos a los que podían acceder los presos una vez liberados. Y es en este área donde Obama quiere que inyectar un cambio de dirección.

Acceso a vivienda pública y empleo

El presidente ha anunciado su respaldo a la propuesta conocida como ban the box y por la que los ciudadanos ya no tendrán que revelar si han estado en prisión a la hora de solicitar un empleo. Este requerimiento servía para detectar el historial de cualquier solicitante, pero ha sido denunciado como una vía para discriminar contra exreclusos, dificultando su reinserción. Siete estados ya lo han prohibido y el presidente ha solicitado al Congreso que lo elimine a nivel federal.

Según el Departamento de Justicia, entre el 60 y el 75% de ellos no encuentra trabajo durante sus tres primeros años en libertad, uno de los principales obstáculos a la reinserción. Las empresas rechazan además al doble de solicitantes afroamericanos frente a los blancos cuando tienen antecedentes, según un estudio realizado en Nueva York en 2009 por el Departamento de Justicia. Este domingo, el presidente aseguró que tanto los presos como empresas y organizaciones “tendrán un papel que cumplir”.

El conjunto de reformas encaja en la campaña de Obama para reformar el sistema judicial de Estados Unidos, en sintonía con otra iniciativa bipartidista que ha puesto de acuerdo a demócratas y republicanos tanto en el Congreso como en la campaña presidencial de 2016. El presidente se ha beneficiado del hecho de encontrarse en el segundo mandato, la cohesión de ambos partidos y el hecho de que abogar por reducir las sentencias ya no tiene el mismo precio político que hace unas décadas.

La Casa Blanca también ha anunciado la inversión de 8 millones de dólares en becas para exreclusos y la creación de una oficina que les ayude a limpiar su historial delictivo y determine si necesitan asistencia médica o psicológica. Las medidas siguen el modelo adoptado por el estado de Texas en 2007, cuando decidió invertir 240 millones de dólares en programas de reinserción en vez de financiar nuevos espacios en las cárceles por valor de 2.000 millones. En los dos primeros años, uno de los estados más duros con el crimen vio que la tasa de reincidencia se redujo en un 25 por ciento y la violación de la libertad condicional en un 49 por ciento.