Un informe critica detención de familias indocumentadas en EE UU

Estados Unidos debería poner fin a la política de detención “arbitraria y automática” con la que afronta la crisis de migrantes que sufre desde que hace un año se disparara el número de menores y familias centroamericanas indocumentadas que llegan masivamente hasta su frontera sur. Y que no es, además, una mera crisis “humanitaria”, como lo denomina el Gobierno norteamericano, sino que constituye una “auténtica crisis de refugiados”, según insistió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al presentar este jueves un informe sobre el asunto.

“Esto es ante todo una crisis de refugiados, y debe como ser tratada como una crisis de refugiados”, afirmó la presidenta de la CIDH, Rose-Marie Antoine. “Está muy claro que se trata de personas que vienen huyendo para buscar una protección internacional”, acotó la relatora sobre los Derechos de la Niñez, Rosa María Ortiz.

La diferenciación es sutil pero importante. Aunque cualquier inmigrante está protegido bajo el derecho internacional, hablar de “refugiados” implica reconocer que esas personas requieren de medidas especiales para que no vuelvan a quedar en la situación de riesgo de la que estaban huyendo. Esto incluye, entre otros, aplicar el principio de no devolución, es decir, no ser devueltos a un territorio donde su vida o su libertad estén en peligro.

La terminología no es en lo único que chocan la visión de Washington y la de la CIDH.

El reporte “Refugiados y migrantes en Estados Unidos: familias y niños no acompañados” hace una severa crítica de las condiciones en que están privados de libertad, desde hace más de un año, muchos de los menores y sus familiares indocumentados interceptados en la frontera.

EE UU afrontó la crisis que le provocó la masiva llegada de menores no acompañados -más de 51.000- y de unidades familiares -otras 61.000- desde Centroamérica abriendo varios centros de detención para acogerlos temporalmente, dos de ellos en Texas y un tercero en Pensilvania. Un año más tarde, algunas familias siguen ahí a la espera de que sea atendido su caso, bajo condiciones que han criticado duramente tanto organizaciones civiles que trabajan con los migrantes como, ahora, la CIDH.

Para el organismo de derechos humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), la detención de migrantes no solo es “intrínsecamente indeseable”, sino que se trata de una medida “desproporcionada” que debe ser sustituida lo antes posible por “medidas alternativas”. En cualquier caso, los migrantes deben ser ingresados “por el menor tiempo posible” y en “el entorno menos restrictivo necesario, no en condiciones punitivas o carcelarias” como las que presentan los actuales centros de detención habilitados.

“Se los trata como si estuvieran detenidos por la comisión de un delito y no por una situación de migrante”, lamentó la comisionada Ortiz. Esto a su vez dificulta tanto el acceso a una representación legal que pueda ayudar al solicitante de asilo en el complejo camino legal que tiene por delante como a una debida exposición de su caso, sobre todo cuando se trata de un niño, recordó.

“¿Cómo puede un niño entender cómo debe comportarse para lograr expresar el atroz miedo que tiene de volver a su país de origen y que si no lo hace bien pierde la oportunidad de lograr refugio y se arriesga a ser deportado?”, planteó la relatora de la Niñez, que junto a sus colegas criticó también las condiciones dentro de unas instalaciones penitenciarias en manos privadas, algo que dificulta, advierten, la rendición de cuentas ante eventuales abusos.

El informe de la CIDH se conoce un día antes de que expire, este viernes, el plazo límite dado por una juez de California para que el Gobierno libere a las familias de menores retenidas en esos centros. En julio, la juez de California Dolly Gee determinó que la situación de privación de libertad de las familias migrantes violaba el acuerdo “Flores versus Meese” de 1997, que prohíbe enviar a menores a centros de detención que no cumplan unos requisitos mínimos, y que exige también que se dé prioridad a su puesta bajo la custodia de un familiar o guardián legal.

El secretario de Seguridad Nacional, Jeh Johnson, había ordenado poco antes agilizar los procesos de tramitación de los casos de los menores y sus familiares, pero a la par pidió una prórroga para aplicar la decisión de Gee, que acaba este viernes.

Durante la presentación del informe, en la sede de la CIDH en Washington, la subsecretaria adjunta para política migratoria del Departamento de Seguridad Nacional, Mary Giovangnoli, declinó adelantar si se podrá cumplir el plazo este viernes o no y se limitó a asegurar que “el Gobierno estadounidense toma muy seriamente cada preocupación y cada recomendación y afirmación” del informe de la Comisión.