Periodistas de Venezuela denuncian ante la SIP las presiones de Maduro

La delegación venezolana que asiste a la 71 asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que culmina el martes en la ciudad estadounidense de Charleston, Carolina del Sur, ha vuelto a denunciar la crítica situación que enfrenta la prensa no oficialista en el país y ha arremetido en duros términos contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Esta vez han desaparecido los términos que ubicaban a Venezuela en una franja difusa entre una democracia precaria y el autoritarismo ramplón.

El Gobierno venezolano “ha instaurado ya abiertamente la dictadura” y ésta “se desplaza hacia la tiranía que ejercen a dúo Maduro y el presidente de la Asamblea Nacional Diosdado Cabello”, afirmó el jurista venezolano Asdrúbal Aguiar, exministro de Relaciones Interiores del gobierno de Rafael Caldera (1994-1999).

Cada año la SIP celebra una reunión semestral entre los dueños y editores de los diarios de América Latina. Durante muchas asambleas el caso venezolano ha merecido especial atención, pero esta vez hay una preocupación mayor. Un informe elaborado por la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la organización tildó al país caribeño de "narcoestado real y no imaginario", y destacó que, en el último semestre, se han registrado “300 violaciones al derecho a la libertad de expresión, ataques a periodistas, criminalización de la actividad periodística y limitaciones de acceso a la información”.

El caso más emblemático de 2015 es la querella penal iniciada por el presidente de la Asamblea Nacional Diosdado Cabello, contra el diario El Nacional por supuesta difamación. El Nacional, el agregador de noticias La Patilla, y el semanario Tal Cual, que dirige el ganador del premio Ortega y Gasset de 2015 Teodoro Petkoff, retomaron un reportaje del diario español ABC en el cual se aseguraba, a partir de las presuntas confesiones de un oficial desertor de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que el número dos del régimen tenía vínculos con el narcotráfico.

En abril un tribunal decidió prohibirle la salida del país a 22 directivos de los medios demandados. En agosto Cabello anunció que introduciría también una demanda civil, rápidamente admitida por la justicia local, que funciona como un apéndice del gobierno. En el escrito el presidente del Parlamento exige a estos tres medios una indemnización de unos 78 millones de dólares por “daños morales”.

Después de formular toda clase de críticas al régimen venezolano Aguiar pidió a la plenaria que adoptara una resolución “que declare la ruptura final de la libertad de expresión y prensa” en el país sudamericano y que declare a Maduro y a Cabello “como los principales victimarios de la prensa libre y el ocultamiento de la información”. En la sala se encontraban Marcel Granier, el presidente de la desaparecida televisora Radio Caracas Televisión, cuyas transmisiones fueron cesadas en mayo de 2007 por órdenes del entonces gobernante Hugo Chávez, y Miguel Henrique Otero, presidente-editor del diario El Nacional.

Otero mostró a la plenaria un video de casi cuatro minutos que luce como un inventario de todos los agravios oficiales que ha recibido por la línea editorial que mantiene su medio los asistentes. Han sido casi tres lustros de una intensa confrontación con el chavismo, pero desde inicios de año el gobierno parece estar dispuesto a torcerle el brazo a la poca prensa no oficialista que queda en el país. El propio Otero, de hecho, comentó que en Venezuela le esperaba una orden de aprehensión en su contra.

Aún no está claro si se trata de una medida de arresto o de una orden de conducción por la demanda interpuesta por Cabello, según una fuente allegada al diario venezolano. Lo que Otero —exiliado desde hace siete meses— sí expuso como un hecho ante la prensa acreditada en el evento fue lo que definió como un método de acoso contra los medios independientes: “se formulan varias acusaciones sin pruebas contra medios y periodistas que luego sirven como excusa al Poder Judicial para solicitar órdenes de captura”. Al final, el periodista o medio acusado “espera un juicio que nunca llega”.