La polémica de Uber se extiende a Argentina y Colombia
En Buenos Aires, los taxistas han logrado frenar la llegada de la aplicación, los colombianos se quejan de competencia desleal
La polémica en turno a Uber se ha extendido por otros países de América Latina. Los taxistas de Buenos Aires, un colectivo enorme y muy organizado, han logrado de momento frenar la llegada de Uber al país. La empresa empezó a hacer movimientos discretos para instalarse en este país en febrero, cuando utilizó la red Linkedin para comenzar a buscar trabajadores.
Los taxistas de Buenos Aires y la prensa detectaron ese intento y se creó una gran polémica en la que los sindicatos se movilizaron para exigir al alcalde de la capital, Mauricio Macri, también candidato a las elecciones presidenciales, que se comprometiera a impedir la llegada de Uber a la ciudad. Hubo reuniones tensas pero no hizo falta un compromiso formal. Después de la polémica, la empresa hizo llegar a través de un portavoz oficial que de momento no tiene fecha para su llegada a Argentina.
El del taxi es un sector clave para la economía de Buenos Aires, una megalópolis en la que este sistema de transporte, antes muy barato —ahora ya no lo es tanto, como consecuencia de la inflación— es muy popular. Buenos Aires es de hecho una de las ciudades con más taxis del mundo, con frecuencia conducidos por jubilados que utilizan esta actividad como complemento a su pensión. En Buenos Aires hay más de 38.000 licencias para taxistas.
En Colombia, hace unas semanas un vídeo de una usuaria de Uber que era agredida por taxistas que le exigían que se bajara del vehículo reclamando su ilegalidad volvió a abrir el debate sobre este transporte. En el país existen 10.000 coches afiliados y más de 150.000 personas que lo usan en Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla. Cada vez es más común escuchar a los ciudadanos decir que en Uber encuentran la rapidez, la seguridad y el buen servicio que no tienen con los taxis tradicionales, mientras el gremio de taxistas se queja de competencia desleal. Por eso, desde el más alto nivel del Ejecutivo se intenta llegar a consensos que permitan reglamentar el servicio.
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