Ucrania sanciona a periodistas y abogados españoles
Dos de los informadores incluidos en el listado están desaparecidos en Siria desde julio
El presidente ucranio Petró Poroshenko firmó ayer un decreto en el que extiende las sanciones a más de 400 individuos y 90 entidades en respuesta a la decisión de los rebeldes separatistas de Donetsk y Lugansk de fijar una fecha para lo que Kiev ve como “elecciones ilegales”. Entre los sancionados se encuentran los periodistas españoles José Antonio Pampliega (colaborador de EL PAIS, entre otros medios) y Manuel Ángel Sastre, ambos desaparecidos en Siria desde julio.
En el listado publicado en la página web del presidente ucranio figura el también periodista César Vidal (de La Razón) y los abogados Felipe Delgado y Renato Landeira, que participaron como observadores en el referéndum de Crimea.
También están sancionados tres periodistas de la radiotelevisión pública británica BBC que trabajan en Moscú, uno del periódico alemán Die Zeit y un número indeterminado de corresponsales israelíes.
Según los mil veces violados acuerdos de paz de Minsk, alcanzados en febrero, las elecciones locales debían celebrarse en las regiones separatistas al mismo tiempo que el resto del país, pero Kiev considera que no pueden tener lugar debido a problemas de seguridad y supervisión.
El líder rebelde de Donetsk, Alexandr Zajarchenko, firmó el decreto para que las elecciones comiencen el 18 de octubre. En Lugansk están fijadas para el 2 de noviembre. Las autoridades ucranias celebrarán las elecciones locales en la mayoría de las regiones el 25 de octubre, pero no habrá votaciones ni en las regiones separatistas ni en las zonas adyacentes a ellas.
Poroshenko denunció la decisión de los rebeldes en un encuentro con embajadores extranjeros. Los líderes de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk “han anunciado su decisión, que han tomado en coordinación con la Federación Rusa, para celebrar falsas elecciones ilegales, que contravienen los acuerdos de Minsk”, dijo el presidente ucranio.
El decreto que aplica o amplía las sanciones castiga a individuos o entidades “relacionados con la anexión de Crimea y la agresión en Donbass”, la zona del este de Ucrania bajo dominio rebelde.
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