Israel amenaza con endurecer las medidas contra los apedreadores

Los violentos enfrentamientos entre jóvenes palestinos y policías en la Explanada de las Mezquitas y la muerte de un conductor israelí tras ser apedreado su vehículo en un barrio árabe han disparado la tensión en Jerusalén durante el Año Nuevo judío, celebrado entre el domingo y el martes. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha anunciado un endurecimiento del castigo para quienes tiran piedras a ciudadanos y agentes de las fuerzas de seguridad tras una reunión extraordinaria del Gabinete de Seguridad celebrada al término de las festividades.

Netanyahu adelantó que el Gobierno va a modificar las “reglas de enfrentamiento” de las fuerzas de seguridad, que regulan los casos en los que está autorizado abrir fuego. El jefe de Gobierno defendió que la policía pueda disparar en Jerusalén, aunque solo cuando se trate de balas de pequeño calibre y dirigidas contra las extremidades inferiores, si los agentes consideran que se encuentran en una situación de peligro ante el lanzamiento de grandes piedras o cócteles molotov, según informó el diario Haartez. Esas reglas de enfrentamiento son las mismas que debe aplicar ahora el Ejército en Cisjordania.

El Gobierno advirtió de que el endurecimiento de las medidas se va a aplicar a todo el territorio de Israel. Entre otras propuestas, Netanyahu adelantó el establecimiento de una “pena mínima” para los alborotadores y la imposición de altas multas, que en el caso de los menores condenados deberán ser pagadas por sus padres. El fiscal general de Israel, Yehuda Weinstein, se ha opuesto al establecimiento de una pena mínima, ya que el Parlamento israelí ya aprobó en julio elevar hasta 20 años de cárcel la condena por el lanzamiento de piedras. La prensa israelí también baraja que el Gobierno aplique la llamada “detención administrativa” para estos delitos. Este tipo de arresto indefinido en la práctica y sin supervisión judicial se utiliza para los sospechosos en casos de terrorismo.

Se trata de la segunda reunión urgente del Gabinete de Seguridad mantenida en una semana. Como recuerda el analista del diario Haaretz Amos Arel, “Jerusalén Este vive una Intifada urbana desde el verano de 2014”, cuando se produjo la intervención militar israelí en Gaza. Los lanzamientos de piedras, e incluso de bombas incendiarias, a vehículos privados o de transporte público, como el tranvía, forman parte de una cierta rutina en la Ciudad Santa, que se ve sobresaltada cada cierto tiempo por el atropello deliberado de ciudadanos y policías, el acuchillamiento de miembros de las fuerzas de seguridad o el estallido de disturbios como los de la Explanada de las Mezquitas.

Tras la condena internacional a estas acciones de violencia —en un llamamiento encabezado por la ONU, EE UU y la UE—, el primer ministro israelí se ha comprometido a mantener el statu quo vigente en el recinto religioso, que incluye la mezquita de Al Aqsa, tercer lugar sagrado del islam, y la dorada Cúpula de la Roca. Centenares de judíos acuden a visitarlo durante las celebraciones de Año Nuevo y Yom Kipur. En la tradición hebrea el conjunto se denomina Monte del Templo, por considerar que albergaba restos de los templos bíblicos.

El actual incremento del número de visitas de judíos está detrás de los enfrentamientos de grupos de jóvenes palestinos con las fuerzas israelíes. El statu quo, en vigor desde la ocupación por Israel de la Ciudad Antigua y Jerusalén Este tras la guerra de 1976 y ratificado en el tratado de paz con Jordania de 1994, permite la entrada de los no musulmanes a la Explanada de las Mezquitas, pero prohíbe que los judíos puedan rezar en su interior. El Waqf, una fundación islámica bajo la tutela del rey de Jordania, custodio de los santos lugares islámicos de Jerusalén, es el órgano responsable del recinto religioso que los musulmanes denominan también Noble Santuario.

Por otro lado, el abogado palestino Mohamed Allan, que mantuvo una huelga de hambre durante más de dos meses hasta el pasado mes de agosto, ha vuelto a ser sometido a detención administrativa este miércoles por la policía israelí. Allan, acusado de pertenecer a la Yihad Islámica en Nablús, Cisjordania, había sido liberado tras sufrir graves daños en su salud durante su ayuno de protesta. Tras su nueva detención inició otra huelga de hambre.