Las mareas permanentes

Un lugar común afirma que la actividad política se ha transformado en una campaña permanente. Los gobernantes interpelan a la población a través de un proselitismo que no cesa. En las grandes ciudades latinoamericanas se advierte un comportamiento simétrico: la democracia está surcada por una protesta permanente. Los ciudadanos recorren avenidas para expresar con el cuerpo sus demandas. Como si al marketing de quienes los gobiernan opusieran su antimarketing. A pesar de que se extiende por toda la región, el fenómeno cobija significados muy diversos.

Es obvio que este estado de asamblea es la variante local de una corriente planetaria. Las expansión de las redes sociales y las transmisiones televisivas en tiempo real llevan el malestar social hacia la calle, sea en Madrid, en Túnez, o en Nueva York. Pero existen peculiaridades regionales. Una de ellas es la declinación del poder de convocatoria sindical, que hace tres décadas determinó la caída de las dictaduras militares. Ahora ejercen una presión específica, más breve y despolitizada.

Aun así, sigue habiendo un tipo de protesta inspirado en reclamos concretos, que responde a organizaciones sociales. El ejemplo más claro es el de los estudiantes chilenos, que desgastaron a Sebastián Piñera y facilitaron el regreso de Michelle Bachelet. Las marchas de los maestros mexicanos para oponerse a las reformas de Enrique Peña Nieto, responden, salvando las distancias, a un modelo similar. Igual que los “piquetes” de los productores agropecuarios argentinos, que en el año 2008 bloquearon las principales rutas del país para resistir una mayor presión impositiva. Todas estas iniciativas son promovidas por entidades con las que se puede negociar.

Aun con estas características, en México la multiplicación de “plantones” llega a límites inusuales. Hay de media tres protestas al día cortando alguna avenida del DF. Los Gobiernos son permisivos porque todavía pesa sobre ellos el dramático antecedente de 1968, cuando Gustavo Díaz Ordaz produjo la matanza estudiantil de Tlatelolco.

A lo largo de la última década, han surgido manifestaciones de otro tipo. Carecen de un rostro institucional identificable. Se organizan a través de las redes sociales. Y expresan una impugnación global a los que mandan. A esta modalidad responden los cacerolazos argentinos de 2012 y 2013; las protestas venezolanas de 2014; las movilizaciones brasileñas, que se levantaron contra el precio de los servicios, y derivaron en un rechazo general a la administración Rousseff; y las marchas ecuatorianas contra Rafael Correa. Manuel Castells bautizó a estas manifestaciones como wiki-revoluciones porque son construcciones colectivas y emiten un mensaje fragmentado y hasta contradictorio. Imposible pensar en ellas sin Twitter y sin Facebook. Lo entendió bien el Gobierno mexicano, al que se le reprocha utilizar un sistema de bots para desbaratar protestas orquestadas a través de esas redes. A través de estas movilizaciones ya no se canalizan exigencias “gremiales” negociables.

“Hasta hace poco las crisis se cortaban con un golpe militar. Celebremos la evolución”

En Venezuela, en la Argentina y en Ecuador aparecen demandas de calidad institucional, relacionadas con la independencia judicial y la libertad de prensa. El problema de la corrupción está siempre presente.

No es casual que estas manifestaciones con reclamos generales ocurran en países donde existe un gran desequilibrio de poder. Es decir, democracias poco competitivas, cuya escena electoral está dominada por una fuerza monopólica. La protesta callejera es la rudimentaria salida que encuentran sectores ciudadanos que carecen de un instrumento institucional eficaz para limitar al que gobierna.

Como, además, la carencia de una organización opositora desata las inclinaciones hegemónicas de los gobernantes, la esfera pública se convierte en un campo de batalla ideológico. La capacidad de diálogo se reduce a cero con las consecuencias que se advierten en Ecuador y en Venezuela: la reacción policial y militar ante los que protestan es cada vez más agresiva.

El caso brasileño es distinto. Allí se ha dado una circunstancia especialísima: al descontento de los que querían reemplazar a Rousseff, se sumó el desencanto de los votantes de Rousseff, que interpretan el actual ajuste económico como una traición al mandato de las urnas. La popularidad de la presidenta descendió al 7% ocho meses después de la reelección.

Hay una razón por la cual las manifestaciones se vuelven más intolerables para los Gobiernos de Argentina, Ecuador o Venezuela, que para los de México, Brasil o Chile. Los Kirchner, Correa y Hugo Chávez, llegaron al poder encabalgados en protestas populares. Esa circunstancia alimentó el mito de todo liderazgo carismático: el caudillo es la encarnación de “el pueblo”. La presencia de “el pueblo” en las plazas, insatisfecho e insultante, se vuelve insoportable porque corroe ese imaginario. Por eso los gobiernos populistas no estarían ante ciudadanos que se mueven de forma voluntaria sino ante una conspiración, maquinada desde Estados Unidos para desestabilizar a las administraciones populares para asegurar privilegios que están siendo amenazados por una marejada igualitaria. Correa, Maduro y Cristina Kirchner recitan ese mantra. En cambio el PT brasileño delega la misma explicación en intelectuales periféricos.

Los gobiernos más populistas empiezan a resquebrajarse por el frenazo de la economía

Aun así, en Brasil apareció el signo de una nueva época: hubo protestas importantes en el nordeste, donde el PT concentra su clientela. Este rasgo hace juego con lo que sucede en Ecuador. Correa ya no enfrenta sólo a las clases medias republicanas, contribuyentes inquietos por que la corrupción dilapida sus impuestos. Las últimas movilizaciones contaron con sindicatos y asociaciones indigenistas. Es un estigma similar al de Maduro, que debió soportar la oposición del movimiento estudiantil, que había sido un soporte inicial de Chávez. En la Argentina el Gobierno peronista está enfrentado a los principales sindicatos peronistas.

Los gobiernos populistas comienzan a sufrir el resquebrajamiento de su base. Es comprensible. América Latina es la región que menos crece. Según la CEPAL este año la expansión será de apenas un 0,5%. Cae el consumo y aumenta el desempleo. En 2002 se inició una ola de bonanza gracias al aumento del precio de las commodities y a la baja tasa de interés internacional. El politólogo Andrés Malamud apunta que entre 2006 y 2014 en la región se reeligieron diez presidentes y sólo uno dejó el poder sin completar su período. Un contraste formidable con los 20 años anteriores: 13 presidentes fueron desalojados antes de tiempo.

La movilización permanente proyecta un imagen de inestabilidad. Cuando se relee a autores como Kathryn Hochstetler, se advierte que sin protestas no hay derrumbe de Gobiernos. Pero tampoco con ese requisito solo alcanza. Al enojo callejero se le debe sumar la pérdida del control parlamentario.

La escenificación callejera de los conflictos confirma que los sistemas políticos latinoamericanos sufren disfunciones de larga duración. Sin embargo, existe un motivo para el optimismo. Las interrupciones institucionales se regulan por los procedimientos previstos en las constituciones. Hasta hace poco más de treinta años el nudo gordiano de las crisis se cortaba con un sanguinario golpe militar. Hay que celebrar, entonces, una gigantesca evolución.