Río de Janeiro veta a menores pobres y negros en sus playas más famosas

El pasado fin de semana la policía militar de Río de Janeiro impidió que 160 jóvenes de los suburbios de la zona norte de la ciudad llegasen a las famosas playas de Ipanema y Copacabana. Los jóvenes, menores negros y pobres, viajaban con lo puesto en varios autobuses de línea hasta la privilegiada zona sur carioca pero acabaron en el suelo de un furgón policial, sin haber cometido ningún delito.

La acción policial pretendía contener una nueva ola de robos en grupo, una práctica que se repite periódicamente en las playas de Rio desde comienzos de la década de los 90, pero la estrategia ha desatado otro escándalo frecuente: el racismo institucional de las policías brasileñas.

El juez titular del Tribunal de Menores, Pedro Henrique Alves, y la Defensoría Pública de Río, el organismo que agrupa a los abogados de oficio, consideró “ilegal” la detención. “La policía solo puede detener a un adolescente si lo encuentra cometiendo un delito o si tiene una orden judicial fundamentada", afirma la defensora pública Eufrasia Souza das Virgens, que ha abierto un proceso contra el Estado por daños morales.

Mientras una parte de la sociedad se llevaba las manos a la cabeza, el gobernador de Río, Fernando Pezão, defendía así a los agentes: “La inteligencia de la policía ha mapeado ese movimiento de menores desde su embarque en los autobuses. ¿Cuántos asaltos han practicado esos menores? No digo que sean todos los que estaban ahí [en los autobuses], pero son muchos de ellos, que ya habían sido detenidos más de cinco, ocho, diez o 15 veces”.

Los llamados arrastões, como se ha bautizado en Brasil a ese tipo de asalto en pandillas en lugares públicos muy concurridos, son habituales en las arenas de Río en días de calor y amenazan la imagen paradisíaca de dos de las playas más famosas del mundo a las puertas de los Juegos Olímpicos de 2016.

Los ladrones, algunos ni siquiera adolescentes, dan el golpe de varias maneras. Unos aprovechan el enorme grupo de amigos y conocidos con el que van a la playa para protegerse, se separan de ellos y recorren la arena en busca de bañistas desprevenidos. Al volver se cambian los bañadores entre ellos y dan a sus cómplices el botín. Otros, y esta es la técnica más llamativa y con la que cunde el pánico en la arena, fingen peleas multitudinarias y aprovechan el tumulto para arrasar con todo lo que pueden. La policía acaba entrando en la arena porra en mano y golpea a los jóvenes que se cruzan en su camino, no siempre culpables. Las imágenes de esas intervenciones son impactantes e ilustran un violento juego del gato y el ratón, con hamacas volando por los aires, en medio de miles de bañistas aterrorizados.

El Secretario de Seguridad Pública, José Mariano Beltrame, defensor de un discurso bastante progresista en un país que aún mantiene una policía militarizada, quiso dar al episodio una dimensión social. “La policía hizo un trabajo de prevención, pero hay que contarle a la gente la situación de vulnerabilidad en la que estaban estos jóvenes. No se habla de racismo, no queremos decir que esos chicos iban a delinquir. La cuestión es que la libertad de ir y venir exige deberes. Estaban en el autobús sin haber pagado el billete. Uno sale de su casa que está a kilómetros de distancia sin comer y sin dinero. ¿Cómo pretende volver?”, cuestionó Beltrame. “Lo que está en juego es la vulnerabilidad de estas personas”, completó.

Especialistas en seguridad y la propia defensora pública se preguntan, entonces, por qué el control no está en manos de asistentes sociales en vez de en las de hombres armados. “Es una acción absurda, desastrosa y escandalosa, una expresión del racismo en Brasil, muy común en su policía, y que cuenta con la autorización tácita de la sociedad”, critica el antropólogo Luiz Eduardo Soares, coordinador de seguridad y justicia en Río en 1999 y secretario nacional de Seguridad Pública en 2003.

Soares recuerda cómo los cariocas vivieron la democratización de sus playas al comienzo de los años 80, un lugar hasta entonces reservado principalmente a la élite blanca y los vecinos de las favelas de la zona sur. “Fue el gobernador Leonel Brisola quien promovió el transporte y facilitó el acceso de los jóvenes de los suburbios más distantes a las playas. Esa estrategia comenzó a democratizar la arena y provocó el desprecio de la clase media más racista que castigó políticamente al gobernador. Hoy en día la reacción no puede ser la misma que en los 80, existen leyes contra el racismo. Por eso es sorprendente ver que esa misma actitud continúa presente”, relata Soares. “A los jóvenes negros se les trata siempre como sospechosos, lo que nos ayuda a entender, y esto es mucho más grave que cualquier robo en la playa, las más de 10.600 muertes provocadas por la policía, la mayoría de jóvenes, negros, pobres en territorios vulnerables”.