Legalmente corruptos

Cuando parece que el cinismo, la corrupción y el abuso están llegando a un límite, los mexicanos vivimos otro episodio que nos recuerda lo lejos que estamos de un país donde el Estado de Derecho esté por encima de caprichos e intereses personales. Ante el escándalo de la casa blanca que puso en evidencia el conflicto de interés entre la Presidencia de la República y grupo Higa, el presidente Peña Nieto reabrió la Secretaría de la Función Pública nombrando a un titular cuya credibilidad fue cuestionada desde el primer momento. ¿Podría un amigo y subalterno del presidente juzgar imparcial y eficazmente lo que para millones de mexicanos ha sido tan evidente?

Al momento de instruir a Virgilio Andrade como Secretario de la Función Pública y responsable de aclarar el caso, el presidente dijo estar absolutamente comprometido con la transparencia y la rendición de cuentas. Por ello ordenó la investigación para determinar si había conflicto de interés en las obras públicas o contratos otorgados por dependencias federales a las empresas que celebraron compraventas de inmuebles con su esposa, con el Secretario de Hacienda y con él mismo.

El presidente intentó que los mexicanos creyéramos que sería una investigación apegada a la ley pero fracasó

El presidente intentó que los mexicanos creyéramos que sería una investigación apegada a la ley pero fracasó. Primero, porque por definición, cualquier instancia u órgano responsable de evaluar al gobierno debe de ser autónomo. El primer conflicto de interés es ser juez y parte. Un secretario del gabinete, subordinado del presidente, no puede juzgar al jefe, así de fácil. Segundo, porque la ley, lejos de sancionar se interpretó y utilizó para solapar y encubrir desde el poder. Una vez más se puso en evidencia lo vulnerable que es el Estado de Derecho al no existir instituciones confiables que obliguen a todos a cumplir la ley.

El Secretario de la Función Pública dejó claro que ni el presidente, ni su esposa, ni el Secretario de Hacienda son culpables. La investigación y sus conclusiones dan señales de alerta. La conclusión es que México sigue siendo un país de muchas leyes y poco Estado de Derecho, en donde cualquier autoridad o funcionario público puede incurrir en abusos y conflictos de interés sin enfrentar ningún tipo de consecuencia. La ley se puede interpretar y utilizar a su gusto y antojo. Buscamos combatir la corrupción sobre el cimiento de la impunidad. Ahí la razón de nuestro fracaso.

La corrupción se ha convertido en una expresión cotidiana de millones de mexicanos entrelazados en una cadena interminable en donde pequeños actos tolerados una y otra vez, mentiras repetidas sistemáticamente y complicidades a todos los niveles hacen prácticamente imposible resolver el problema con leyes e incluso reformas constitucionales. Si bien es cierto que los casos más recientes nos recuerdan el talón de Aquiles de nuestras leyes y del sistema judicial en su conjunto, en realidad tendríamos que repensar la forma como funcionan los tres poderes empezando por el legislativo, pues es ahí en donde se hacen las leyes que tan fácilmente se violan.

Dicen que un pueblo que elige corruptos no es víctima, es cómplice. Por error u omisión, los mexicanos somos cómplices de esta cadena interminable de corrupción. Los protagonistas de estas historias que tanto avergüenzan y dañan al país son un reflejo de nuestra sociedad, de lo que valoramos y permitimos, de lo que toleramos y aplaudimos. Vaya espejo tan desafortunado. ¿Nos parece inaceptable? Empecemos por romper la cadena en donde estamos parados. Ya basta de tanta hipocresía.

En un país donde las leyes reflejan el poder de quienes gobiernan en lugar de limitarlo, en donde se premia el compadrazgo por encima del mérito, en donde taparse unos a otros es la regla, no la excepción, en donde la justicia sigue siendo selectiva y la ley es capaz de justificar todo lo anterior; el veredicto final es contundente: somos legalmente corruptos (y cínicos, tal como escribió el poeta José Manuel Ruiz).

Qué ironía, al tiempo que violan la ley, la utilizan para justificar su “inocencia”. En pocas palabras, tenemos leyes que se ajustan a la medida de cada uno en el tiempo y forma que más convengan a la autoridad. Abramos los ojos para darnos cuenta que la factura cuyo valor se aprecia más rápido que el dólar, está a nombre de todos los mexicanos. El mayor riesgo es olvidar que la corrupción es la gasolina del populismo. Aunque no parezca, todavía se puede poner mucho peor.

Armando Regil Velasco es Presidente Fundador del Instituto de Pensamiento Estratégico Ágora A.C. (IPEA). Twitter: @armando_regil