México reconoce su preocupación por los ataques a la prensa
En respuesta a una carta de intelectuales y periodistas, Peña Nieto se compromete a fortalecer la protección de los informadores
El Gobierno de México ha contestado a la carta que un grupo de periodistas, escritores y artistas había dirigido este fin de semana a Enrique Peña Nieto pidiéndole que garantizara la seguridad para quienes se dedican a informar desde el país norteamericano. En la respuesta, publicada este martes, el presidente subraya que respeta las críticas que se ejerce "sin cortapisas" y comparte su preocupación por los atentados en contra de la integridad de los periodistas.
El presidente tenía 30 días para contestar pero lo ha hecho en 48 horas, aunque por medio de uno de sus funcionarios, Roberto Campa, subsecretario de Interior. Los intelectuales le urgían a esclarecer los asesinatos del fotoperiodista Rubén Espinosa y la "enorme cantidad de reporteros" que han muerto y, a la vez, a revisar el mecanismo de protección de informadores para garantizar la libertad de expresión en México.
El gabinete de Peña Nieto reconoce que los asesinatos de reporteros tienen "un impacto adicional" en la sociedad porque representan atentados contra las libertades de todos los mexicanos. Por eso, dice que una de sus líneas de acción es fortalecer el programa de protección de defensores de derechos humanos y periodista. Hasta la fecha, ese proyecto, según el documento, ha brindado protección a 449 personas.
En la misiva al presidente se consideraba que el crimen de la colonia Narvarte del DF -donde fueron ejecutados el periodista Espinosa, la activista Nadia Vera y otras tres mujeres- era un parteaguas, ya que la capital hasta ahora se había considerado uno de los últimos lugares seguros para ejercer el periodismo. Y se le pedía que no desacartara el ejercicio profesional de las víctimas como el móvil de los asesinatos.
El Gobierno da una respuesta ambigua a este asunto: dice que el tema está en manos de la fiscalía de la ciudad y que esta no descarta ninguna línea de investigación. El Gobierno del DF ha ido filtrando información a la prensa que apunta a que el crimen tuvo más que ver con un robo o con un asunto de drogas que con la libertad de expresión.
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