El Gobierno chino trata de aplacar las críticas por la opaca gestión de Tianjin

Enfrentado a una opinión pública indignada y a uno de los peores accidentes industriales en la historia reciente de China por las explosiones en el puerto de Tianjin, el Gobierno central en Pekín parece haber cambiado de táctica ante la crisis. Si en los primeros días estuvo ausente y la gestión recayó sobre todo en las autoridades municipales, este domingo quiso proyectar una imagen resolutiva y el primer ministro, Li Keqiang, acudió a la zona del desastre. Acusado de opacidad, anunció también varias medidas que intentan arrojar transparencia.

La Fiscalía General abrirá una investigación para determinar si hubo negligencias o abuso de poder entre los funcionarios del sector público que permitieron que ocurriera el suceso. La cifra de muertos en las explosiones del miércoles se eleva ya al menos a 112, mientras que 95 personas continúan desaparecidas, 85 de ellos bomberos que intentaban sofocar el fuego que condujo a los estallidos en los contenedores de Ruihai International Logistics, una firma fundada en 2011 y especializada en el almacenamiento y distribución de sustancias peligrosas. Hay, además, 700 heridos, 58 en estado grave.

Li, que rindió homenaje a las víctimas del siniestro, subrayó la necesidad de “información transparente y puntual”, según la agencia oficial de noticias china, Xinhua. Su presencia en Tianjin, donde se reunió con algunas de las víctimas y sus familias, parece tener el objetivo de calmar el ánimo de los afectados, que ya han empezado a protestar de manera muy pública.

Los residentes de las zonas afectadas que reclamaban compensación por los daños a sus hogares exigían ayer explicaciones a los funcionarios que ofrecían una rueda de prensa. Un grupo de familias de los bomberos desaparecidos marchó hacia unas oficinas gubernamentales para reclamar noticias sobre sus seres queridos. Todos ellos se quejaban de falta de información, una opacidad que se ponía de manifiesto incluso en las respuestas de la rueda de prensa. A la pregunta de qué persona dirigía la operación de rescate, el portavoz del Ayuntamiento de Tianjin contestó: “Déjeme comprobarlo primero”.

La tardanza de Li en llegar al lugar de la tragedia resulta llamativa: en junio pasado acudió de inmediato a coordinar las operaciones de rescate tras el hundimiento de un ferry en el Yangtze en el que murieron 400 personas. Y Tianjin se encuentra a tan solo 120 kilómetros de Pekín.

Desconfianza ciudadana

Si el primer ministro aspiraba a tranquilizar los ánimos, tiene una enorme tarea por delante. El escepticismo entre la población sobre los datos que da a conocer el Gobierno es enorme y viene de lejos; tiene sus raíces en escándalos anteriores, desde el intento de encubrir en 2002 los primeros brotes de la enfermedad respiratoria SARS al envenenamiento de 300.000 bebés por melamina en la leche en polvo en 2008. Las exhortaciones de Li a la transparencia suenan huecas a una población que ya las ha oído otras veces. Ahora, los censores también trabajan a destajo: ayer anunciaron el cierre de 50 páginas web que “suscitaban el pánico” con “información no verificada”.

Uno de los interrogantes que ha causado mayor preocupación es la presencia de sustancias tóxicas en el aire y el agua liberadas por la explosión. Aunque siempre insisten en que las concentraciones no llegan a niveles nocivos, las autoridades habían reconocido la presencia en el almacén de centenares de toneladas de cianuro de sodio, un producto que puede ser mortal si se inhala o ingiere. El jefe del operativo militar que participa en las tareas de limpieza y rescate, Shi Luzhe, declaró este domingo que los niveles de ese gas en la zona del epicentro “son mínimas”. La organización ecologista Greenpeace ha corroborado ese extremo; sus pruebas no han encontrado contaminación por esta sustancia.

Tampoco se sabe cómo es posible que se permitiera levantar un almacén de esas dimensiones (46.000 metros cuadrados) a solo 500 metros de edificios residenciales.

La empresa también había cometido irregularidades en el almacenamiento de sustancias peligrosas hace dos años, según se encontró en una inspección.

Aunque la responsabilidad última del accidente recae en la compañía, no es posible que Ruihai operara o que obtuviera la licencia para instalarse en la zona sin un permiso oficial. La Fiscalía General anunció que investiga “posibles actos ilegales, como abuso de poder o dejación de funciones y tomará medidas contra aquellos actos que puedan haber constituido delito”. Por su parte, la Administración China de Aviación Civil anunció que aumentará la supervisión del transporte y almacenamiento de productos peligrosos.