La protesta indígena llega a Quito tras 11 días de marcha
Los indígenas reclaman a Correa una reforma agraria y una educación intercultural bilingüe
Hace 11 días que una protesta indígena partió del sur de Ecuador para reivindicar una lista de exigencias al Gobierno. La marcha convocada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la primera organización indígena del país, llegó este miércoles a Quito tras recorrer más de 700 kilómetros. Los cientos de participantes -kichwas y saraguros en su mayoría- llegaron a la capital con la pesadumbre de haber perdido a una compañera que fue atropellada el pasado lunes en una carretera. Los marchantes durmieron un parque en el norte de la capital donde permanecerán indefinidamente: “Sabemos cuando inicia la protesta, pero no cuándo terminará”, afirmó Carlos Pérez Guartambel, dirigente kichwa.
Partidarios de Correa también toman las calles
El oficialismo hará frente al paro nacional con plantón de apoyo a la democracia y un encuentro de jóvenes al que asistirá el presidente Rafael Correa. Los simpatizantes del movimiento Alianza País se han concentrado en la sede del Gobierno desde este miércoles y permanecerán durante la jornada de mañana. Un contingente de los guerreros shuar que formaron la fuerza iwia, que luchó en la última guerra con el Perú, llegaron para proteger el palacio presidencial.
A estos se suman personas que tienen intereses específicos como jubilados, médicos, abogados, maestros, y la oposición política que se hace eco de todos los reclamos. Todos estos grupos medirán fuerzas con el Gobierno este jueves 13 de agosto, durante el paro nacional que ha convocado el Frente Unitario de Trabajadores (FUT). El presidente de la Conaie, Jorge Herrera, afirmó que su intención no es desestabilizar el país, pero piden que el presidente Rafael Correa rectifique. Entre sus demandas hay puntos que son innegociables como una reforma agraria que redistribuya el 60% de las tierras cultivables que aún están en manos privadas; la derogación de la Ley de Aguas; y una educación intercultural bilingüe. La lista de peticiones incluye también demandas de otros sectores de la población como impedir la reelección indefinida del presidente del Gobierno; una auditoría de los grandes contratos estatales; el fin de la explotación minera y petrolera en nuevos territorios o el libre acceso a las universidades.
Para el presidente Rafael Correa los indígenas (más de un millón de personas, según el último censo) no tienen motivos para protestar y se jacta de la obra en salud y educación de su Gobierno. Gran parte de su última sabatina (rendición de cuentas semanal) la dedicó a hablar de las 13 escuelas del milenio —que costaron 217 millones de dólares— que reemplazaron a las escuelas unidocentes donde se educaban los indígenas. Además señaló, entre 2010 y 2014, se titularizaron 580.000 hectáreas a nombre de 19.000 comunidades, y que pretende otorgar otros 100.000 títulos más.
El presidente destacó además la Constitución de 2008 —que él apadrinó— que reconoce al Ecuador como un Estado Plurinacional. Esta medida hizo que algunas organizaciones, como la Confederación Nacional de Campesinos, Indígenas y Negros, se separaran de la Conaie y apoyaran a Correa. El historiador Juan Paz y Miño asegura que el mayor logro de los indígenas es que la Carta Magna reconoce al Ecuador como un Estado Plurinacional. “Pero construir ese Estado no es fácil y no termina en un momento determinado”, afirma.
El historiador asegura que en la Conaie hay una división evidente: “Hay otras organizaciones que se han manifestado contra la Conaie y a favor de Correa. A distancia se ve la división y la deslegitimación social de sus dirigentes”. Paz y Miño considera además que en la Conaie se han colado “una serie de individualidades que esconden proyectos personales de llegar al poder”.
El historiador Enrique Ayala Mora considera, en cambio, que el movimiento indígena se ha visto fortalecido por el correísmo. El experto estima que los indígenas tienen una doble motivación para protestar: “Por un lado están los intereses de sus comunidades, como la petición de derogar la ley de aguas y tierras, y por otro está el rechazo popular al autoritarismo del Gobierno que ha intentado dividir a las organizaciones sociales”.
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