El hombre que regresó del corredor de la muerte de Texas para hacer justicia

“Usted está detenido por el asesinato de seis personas” le dice un policía en un vídeo que captó el momento en el que Anthony Graves llegó a la comisaría para ser interrogado. “¿Qué? ¿Yo?” responde él sorprendido. Tras unos minutos, se sentó y comenzó a pellizcarse la cara: “Estoy soñando”, dijo. Esa tarde de agosto en 1992 fue el inicio de 6.640 días de una vida congelada tras las rejas, donde no paró de clamar su inocencia.

Ese verano en Somerville, Texas, Bobbie Davis (45), Nicole Davis (16), y cuatro niños, D’Nitra (9), Brittany (6), Lea (5) y Jason (4) fueron hallados muertos en la casa de Davis. El crimen capturó la atención mediática y el público exigía un culpable rápido.

El arresto del afroamericano Robert Carter, padre de Jason, fue el primer paso, pero por el perfil del crimen y el número de víctimas, la tesis fue que actuó junto con otra persona. Carter ofreció un nombre tras varias horas de interrogatorio: Anthony Graves. De inmediato fue arrestado, a pesar de que no existía ninguna prueba que lo ligara al crimen. Ahí comenzó lo que describió en una entrevista con EL PAÍS, como “el día más horrible de su vida”.

“Perdí mi libertad, no sabía nada del sistema, no sabía qué esperar, tenía mucho miedo”, recuerda. Carter se había separado de la prima de Graves, Lisa, esa era la conexión entre ambos.

Tenemos alrededor de 3.000 fiscales de distrito en el país y cerca de un 95% de ellos son blancos

Aunque Carter había inculpado a Graves en su testimonio inicial, cuando se enfrentó al jurado contó que lo había hecho como parte de un trato. “Me dijeron que podría irme si les daba un nombre, una historia y eso fue lo que hice”, dijo. Pero su credibilidad en ese momento era nula, ya que también alegó su propia inocencia.

¿Pero por qué Graves específicamente y no otra persona? “El día que fue arrestado Carter vio a tres hombres en un jeep y pensó que uno de ellos era yo. Lo interrogaron por 14 horas y le pidieron que les diera el nombre, recordó que me había visto en el jeep y dijo mi nombre”, explica Graves.

El 7 de noviembre de 1994, Anthony Graves fue condenado a muerte por aquel crimen. Ahí comenzó su vida en aislamiento en prisión durante los siguientes 12 años. Un escenario que simplemente describe como una infierno físico, mental y emocional diseñado para romper la voluntad de vivir.

La persona que era Graves antes de entrar a la cárcel estaba cada vez más lejos. El mecánico que trabajaba de 8 a 5, padre de tres hijos, era una imagen borrosa con el paso de los días. “Mi familia fue condenada a muerte conmigo, mis hijos tenían que ir a visitarme a la cárcel y crecieron así. Tenían 7, 8 y 11 años cuando esto ocurrió”.

Graves tuvo dos veces fecha de ejecución, pero se convenció que no moriría ejecutado. “Yo nunca creí que eso sucedería. Creo que eso me salvó la vida. Vi a otros compañeros que cuando les daban su fecha de ejecución perdían la cabeza”, relata.

En 2011 el Estado de Texas le pagó 1,4 millones como indemnización por el tiempo que pasó entre rejas

Los años comenzaron a pasar. Carter fue ejecutado en el año 2000. En sus últimas palabras antes de la inyección letal dijo que Graves no tenía nada que ver con el crimen y que él era el único responsable.

Tras 12 años Graves finalizó su período de aislamiento en la cárcel y empezó a conocer a sus compañeros de encierro. Según él, varios de ellos carecen de un juicio justo.

“Tenemos alrededor de 3.000 fiscales de distrito en el país y cerca de un 95% de ellos son blancos. Tienes un grupo demográfico aplicando castigo en la sociedad y no tienen ninguna conexión con la gente que entra a la corte. Es fácil mirarlos y decir que son criminales”, señaló.

Esta no es la única crítica que Graves tiene sobre el sistema judicial en Texas, que está empecinado en cambiar. La diversidad es un elemento que considera crítico, pero también clamó por un cambio de fondo en la cultura que prevalece en el proceso.

“Los abogados defensores deben sacarse de la cabeza la idea de que su cliente es culpable, sin hacer ningún tipo de investigación en el caso”, reclamó. “No se concentran en investigar si eres inocente, sino en buscarte el mejor trato en tu caso. Seis meses de cárcel, un año, dos. Como muchos de los acusados son jóvenes y no conocen la ley, dicen 'bueno aceptaré el trato”, explica.

Eso, según Graves, les pone una marca en su espalda de la que no pueden escapar, ya que cuando salen de la cárcel no pueden recibir asistencia del Gobierno y tienen muy pocas oportunidades en el mercado laboral.

Actualmente es miembro del directorio del Centro Forense Científico de Houston, dedicado a ayudar en las investigaciones criminales

La abogada y profesora de la escuela de comunicaciones de la Universidad de St. Thomas, en Texas, Nicole Casarez, investigó el caso de Graves con sus alumnos como parte de un proyecto de la universidad y luego entregaron toda la información a los abogados. Casarez descubrió errores graves en el caso, sobre todo por parte del fiscal de distrito que llevó a Graves a prisión: Charles Sebesta. Entre ellos, que el fiscal había ocultado pruebas favorables y había usado un testimonio falso para ganar el caso.

En 2006, la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito revocó la condena y ordenó un nuevo juicio. Así se inició otro proceso y una nueva investigación. Finalmente, en 2010 Graves logró su libertad e inició una vida que nunca imaginó posible. En 2011 el Estado de Texas le pagó 1,4 millones de dólares como indemnización por el tiempo que pasó entre rejas. Graves creó una fundación dedicada a ayudar a las personas que han experimentado una condena injusta.

También comenzó a dar charlas comunitarias a lo largo del país, donde su objetivo es inspirar pero también instar a la gente a presionar por un cambio en el sistema. Graves incluso ha testificado en el Congreso de Estados Unidos en contra de la política de aislamiento en la cárcel.

Este año fue designado como miembro en el directorio del Centro Forense Científico de Houston, dedicado a analizar pruebas físicas y digitales para ayudar en las investigaciones criminales, además de asegurar estándares de calidad y objetividad en el proceso. Creado en 2012, está dirigido actualmente por Casarez.

En junio de 2015, Sebesta perdió su licencia de abogado, pero para Graves hablar de justicia aún es difícil. “Él casi me asesinó. Nunca fue a prisión, no ha estado en la corte, no ha sido juzgado. Debe hacerse responsable por su actividad criminal. Yo casi perdí mi vida porque él ocultó pruebas. Seguiré luchando. Quiero que sea juzgado de la manera en que yo fui juzgado y aceptaré lo que el jurado decida”, dijo.

Al hablar de su vida ahora y del futuro se dibuja una sonrisa en su rostro. Atrás quedaron el encierro, la soledad y el peso de una muerte programada. Ahora está a punto de cerrar un acuerdo para realizar una película sobre su vida, está trabajando en su propio show de televisión y quiere escribir un libro para presos sobre cómo hacer la transición desde la cárcel al exterior. “Amo hacer esto y me siento en vacaciones todos los días”, confesó.