Justicia transicional para ‘dummies’, colombianos y colombianas

Hace algunos días le pregunté a un taxista en Bogotá su opinión sobre la posibilidad de que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se desmovilicen y firmen un acuerdo de paz. Su respuesta fue algo como: “este cuento de desmovilización de dizque a través de un acuerdo de paz y de justicia transicional es una farsa. Lo que quiere el gobierno es regalar el país a la guerrilla, igualito que el ex Presidente Pastrana”.

Ante semejante afirmación, preferí no indagar sobre los fundamentos de su escepticismo, pero me quedó sonando el empleo tan espontáneo del término “justicia transicional”. Es probable que al día de hoy Colombia lidere el ranking mundial de producción académica y foros de discusión sobre justicia transicional. La realidad por la que atraviesa el país y el abuso de la retórica legal por parte de sus magistrados, fiscales y abogados son la combinación perfecta para que un término tan rebuscado sea agraciado con innumerables publicaciones y eventos académicos.

Entre los temas discutidos por los juristas del país destacan las restricciones que el derecho internacional impone a la concesión de una amnistía general para los autores de crímenes de guerra y de lesa humanidad, y una eventual ejecución de condena penal más blanda a los guerrilleros que se desmovilicen, entre otros.

Fuera del ámbito de las discusiones especializadas, el taxista bogotano con quien entablé esa conversación informal sobre el proceso de paz y, asumo, la mayoría de la población colombiana, tendrá una comprensión meramente intuitiva del binomio “justicia transicional”. En efecto, dicho término parece haberse incorporado al lenguaje cotidiano más por ósmosis que por un especial interés en las discusiones especializadas.

Me pregunto entonces si es posible encontrar una explicación intermedia, entre el rigor jurídico y el lenguaje cotidiano. Reconozco que las condiciones de abogado y de extranjero comprometen mi credibilidad. En todo caso, mi calidad de observador atento de la idiosincrasia colombiana y mi optimismo en torno a la posibilidad de que el flagelo de la guerra descanse definitivamente en Colombia me animan a arriesgar la siguiente definición:

Justicia transicional es la herramienta mediante la cual una sociedad castigada por un pasado violento busca los medios jurídicamente posibles, políticamente viables y moralmente aceptables de que el mañana sea menos doloroso que el ayer.

Hablar de justicia transicional en Colombia, con o sin tecnicismos, es particularmente desafiante, pues a diferencia de otras sociedades que buscaron fórmulas dirigidas a superar un pasado violento, los colombianos y colombianas aún conviven con una violencia que los castiga diariamente.

En las últimas semanas el país ha sufrido sucesivos atentados con explosivos en la capital; la voladura de un oleoducto en el departamento de Nariño, hecho que provocó el mayor daño ambiental de la última década; y el repliegue de fuerzas del ELN y las FARC en diferentes zonas del país. En medio al pesimismo sobre el rumbo de las negociaciones entre el gobierno y las FARC, estas acaban de anunciar desde La Habana que, a partir del 20 de julio, cesarán unilateralmente las acciones armadas.

Las idas y venidas entre la violencia extrema y el anhelo de librarse al menos parcialmente de ella son razones suficientes para que muchos colombianos y colombianas sean escépticos con relación al fin del conflicto armado que ya suma más de cinco décadas. De ahí la importancia de sembrar una impresión más alentadora del rol que puede jugar la justicia transicional. Es innegable que el escenario clásico en el que han operado los mecanismos de justicia transicional es similar al descrito por el poeta brasileño Paulo Leminski en la frase: “haya hoy para tanto ayer”. En Colombia, tanto el pasado como el presente sobran por su exceso de violencia, y le toca al futuro proveer algún tipo de fórmula para superarla.

Los ingredientes de esta fórmula son fabricados en un aparato que los juristas han denominado “justicia transicional”.

Daniel Cerqueira es abogado, oficial de programa sénior de la Fundación para el Debido Proceso. Twitter @dlcerqueira