Un informe médico exime a Ríos Montt de ir a un segundo juicio

El exdictador Efraín Ríos Montt, de 89 años, que gobernó Guatemala con puño de hierro entre marzo de 1982 y agosto de 1983, ha sido declarado "mentalmente incapaz" para enfrentarse a un nuevo juicio por la masacre de 1.770 indígenas ixiles y mayas perpetrada durante su breve mandato, El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif, dependiente de la Fiscalía) asegura que sufre un deterioro cognitivo que le incapacitaría para enfrentarse a un proceso por genocidio y delitos de lesa humanidad, por los que ya fue condenado a 80 años de cárcel en mayo de 2013, en una sentencia anulada por el Constitucional. El alto tribunal ordenó un nuevo juicio para el 5 de enero pasado. Sin embargo, los abogados de Ríos Montt recusaron a la juez y la Corte Suprema tuvo que designar a una nueva fecha, en principio el próximo 23 de julio.

El informe del Inacif es demoledor. "(Ríos Montt) presenta un cuadro de deterioro que le impide rendir adecuadamente desde el punto de vista de pensamiento y juicio", dice el documento. Tras señalar que su debilitamiento psicológico es progresivo, puntualiza que el anciano general "no se encuentra en pleno uso de sus facultades mentales, no es capaz de entender en propiedad cualquier cargo en su contra, no es capaz de comprender los elementos de un proceso y los trámites judiciales, y no es capaz de contribuir en su propia defensa".

El informe médico forense concluye que en esas circunstancias "no es pertinente realizar nuevas evaluaciones que solamente significarían un estrés más para el evaluado (...) Su condición mental depende en gran medida de su estado físico consistente en padecimientos múltiples. A esto debe sumarse la senilidad y la posibilidad de un proceso de desintegración demencial que tiende a ser crónico, progresivo e incurable".

Nada más trascender el dictamen, la defensa del viejo general, uno de cuyos argumentos para evitar un nuevo juicio a Ríos era, precisamente, su frágil salud, ha anunciado que pedirá una certificación del informe forense para presentarla ante la instancia correspondiente.

En principio, el Tribunal de Mayor Riesgo A, que debería reiniciar el 23 de julio el juicio suspendido hace dos años había decidido que debido a su estado físico, se daría a Ríos Montt la posibilidad de comparecer por vídeo conferencia desde su residencia, extremo que, conocido el informe, parece improcedente. Aunque el tribunal no se ha pronunciado todavía si acepta o no llevar a acbo la vista.

Pese a ello, el dictamen forense supone un triunfo para Ríos y su defensa que, en ningún momento, ocultaron que interpondrían todas las acciones necesarias para evitar un nuevo proceso judicial en contra del exdictador.

El 10 de mayo de 2013, la jueza Jamín Barrios condenó a Ríos Montt a 80 años de prisión por genocidio y delitos de lesa humanidad, al encontrarle culpable de 15 masacres contra población indígena desarmada en el norte de Quiché. El 20 de ese mes, el Constitucional anuló el fallo por considerar que existían errores de procedimiento y ordenó la repetición del proceso. Esta decisión fue calificada en su momento como "aberrante" por constitucionalistas como Jorge Mario García Laguardia, expresidente de ese tribunal.

Ríos Montt, el hombre que marcó la política de Guatemala de finales del siglo XX, parece haber ganado su última batalla contra el frágil sistema de justicia guatemalteco. Pero no el veredicto de la historia. La Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH, patrocinada por la ONU), pudo documentar que durante los 17 meses de su Gobierno, unas 10.000 personas, en su mayoría campesinos indígenas sospechosos de colaborar con la guerrilla, fueron asesinados por las fuerzas del Estado y 448 aldeas fueron, literalmente, borradas del mapa.