La lucha de un migrante torturado para que México lo indemnice

Cuando Ángel Amílcar cruzó México con rumbo a los Estados Unidos en 2009 no fue víctima, como cientos de migrantes, de los cárteles o de las bandas de trata de personas. Este hondureño fue presa de los vicios del sistema de justicia, agudizados por el descontrol de la guerra contra el narcotráfico. Ángel fue detenido en Tijuana por la policía mientras esperaba cruzar a Estados Unidos y fue acusado de traficar droga. Antes de ser enviado a la prisión fue torturado y humillado por militares. Un juez lo exoneró el año pasado y fue liberado tras un lustro en una cárcel.

Tras su liberación, Amílcar regresó a casa a ver a su pareja y a su hijo en el departamento de Gracias a Dios, en Honduras. Ahora, está de vuelta en México empeñado en brindar a su historia un final feliz. Su sonrisa deja ver unos dientes muy blancos, carentes de rencor. Está por comenzar una batalla. Busca que quienes lo torturaron sean castigados, limpiar su nombre y que el Estado mexicano lo indemnice por el daño provocado. “Si mi caso no llega a concluirse es un antecedente no prometedor para los mexicanos y extranjeros que han sido víctimas de tortura”, dice.

Ángel rema a contracorriente. Entre 2010 y 2013 la Comisión Nacional de Derechos Humanos recibió más de 7.000 quejas por tortura y malos tratos. Solo existen seis sentencias por este delito desde 2005, según un informe de Amnistía Internacional. “Torturar no cuesta nada en México. Ni administrativamente, ni penalmente”, señala el abogado Luis Tapia, uno de los abogados de la víctima.

La lucha de este garífuna (una etnia negra de orígenes africanos y caribeños con raigambre en la zona del Atlántico centroamericano) se enmarca en un contexto especial. El Gobierno de Enrique Peña Nieto lleva meses tratando de refutar los señalamientos que le llueven del extranjero por violaciones de derechos humanos. Uno de los más feroces críticos ha sido Juan Méndez, el relator de tortura de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que firmó en febrero un polémico informe donde concluyó que la tortura y los malos tratos en las detenciones en México eran generalizados. Como parte de su investigación, Méndez visitó a Ángel Amílcar en prisión en mayo de 2014. Un mes después el hondureño fue declarado preso de conciencia por Amnistía Internacional y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

Amílcar se encuentra ahora inmerso en un pantano burocrático. No puede acceder a los recursos que ofrece el Gobierno a las víctimas de la violencia porque el Estado no admite el protocolo de Estambul (un conjunto de reglas para documentar la tortura) que le aplicaron peritos independientes. “La PGR quiere someterlo a otro donde vuelva a contar toda su experiencia y revictimizarlo. Es un examen muy intrusivo”, dice Tapia.

El protocolo, realizado cuando Ángel llevaba cuatro años en la cárcel, fue pagado por una ONG hondureña después de que la defensoría pública mexicana rechazara hacerlo por no tener dinero. Durante el proceso judicial la prueba no fue desechada por las autoridades. “Si no admiten el protocolo cualquier individuo que sea torturado y que contrate peritos independientes verá caer las pruebas vinculadas a la tortura”, dice Amílcar.

La víctima ya contaba con la promesa de funcionarios mexicanos. Lía Limón, la encargada de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SG, Ministerio del Interior), lo recibió el 3 de noviembre de 2014. “Se disculpó en nombre del Estado por todo lo que me había pasado”, recuerda Ángel. “Me dijo que contaba con un fideicomiso y que iba a agotar todas las instancias para repararme el daño”.

No ando soñando en la reparación, creer que eso va a solucionar mi futuro sería engañarme
Ángel Amílcar, migrante hondureño

Según documentos en poder de este periódico, las gestiones de la alto cargo siguieron. En un oficio fechado en diciembre de 2014 se solicitaba a Ángel documentos que comprobaran gastos hechos por su familia en tratamientos médicos y psicológicos. Estos se incluirían como “daños emergentes” que se sumarían a una indemnización general.

Fue la política la que se interpuso entre el diálogo del Gobierno y la víctima. En marzo, Lía Limón abandonó el cargo para buscar ser diputada por el Partido Verde. Fue hasta la semana pasada que Ángel Amílcar fue recibido por Roberto Campa, el relevó en la oficina de Gobernación. “Está más dispuesto que la anterior”, asegura el hondureño.

Ángel sabe que su petición es difícil. “No ando soñando en la reparación, creer que eso va a solucionar mi futuro sería engañarme”. Prefiere concentrarse en la siembra de bananas en Honduras. También quiere recuperar el tiempo perdido con su familia. “Mi hijo creció sin mí. Cuando uno se aleja se pierde el cariño”. Sabe que el amor, como su huerto, necesita cultivo y atención. “Si no, la mala hierba se come todo”.