Galápagos, en resistencia

Cada día, un grupo de mujeres se reúne en una plaza de la Isla San Cristóbal, en Galápagos, para protestar por la Ley de Régimen Especial de las islas, que se aprobó el pasado 9 de junio. Los habitantes de Galápagos se declararon en resistencia el pasado 12 de junio y exigen la derogatoria de la normativa que establece, entre otras cosas, que los salarios de los trabajadores públicos y privados del archipiélago aumenten en relación al índice de precios anual al consumidor (IPC), que se calculará en los próximos cinco meses. La ley anterior, de 1998, establecía que estos sueldos públicos y privados debían aumentar en relación a los del Ecuador continental (del 100 y 75%, respectivamente, según la ley de 1998).

El Gobierno asegura que esto solo afectará a los nuevos trabajadores y que al resto se le mantendrá su remuneración. El problema, según Jairo Gusqui, un guía naturalista que vive en Santa Cruz y lidera el Frente Insular, es que muchos funcionarios tienen contratos temporales y recibirán un salario inferior cuando los renueven. "Su poder adquisitivo va a bajar", señala.

El problema es que muchos funcionarios tienen contratos temporales y recibirán un salario inferior cuando los renueven

El asambleísta de Alianza País por Galápagos, Ángel Vilema, renunció al grupo político tras la aprobación de la ley. El presidente Rafael Correa tachó a Vilema, y a su exaliada Fanny Uribe (Avanza) de "demagogos y mediocres", por calificar de inconstitucional la normativa, que ha asegurado que no derogará. "Nosotros hacemos lo técnico, lo lógico y lo constitucional", insistió.

El costo de la vida en el archipiélago es más alto que en el Ecuador continental. De hecho tener un sueldo diferenciado ha motivado a muchos para trasladarse a las Galápagos. El abastecimiento de las islas se hace vía marítima y la ocasional escasez puede causar especulación. Si en el continente se necesitan unos 70 u 80 dólares a la semana para comer, en Galápagos son 200. En el último año, el abastecimiento ha sido difícil porque tres de los cuatro cargueros que llevaban víveres a las islas se han hundido, y el puente aéreo que estableció el Gobierno no ha sido suficiente. Ahora se probará un nuevo buque carguero, el Manizales, que de momento no ha zarpado de Guayaquil.

Otros problemas

Michael Bliemsrieder, habitante de Santa Cruz desde 1988, explica que, con la nueva ley, el dinero que pagan los turistas (entre 6 y 100 dólares) por entrar al archipiélago irá a las arcas del Estado y volverá a las islas a través de las asignaciones presupuestarias. "La nueva ley es inminentemente recaudatoria", asegura Bliemsrieder. La ley anterior, de 1998, establecía que estos recursos se quedaran en las islas y fueran administrados por el Parque Nacional Galápagos.

Si en el continente se necesitan unos 70 u 80 dólares a la semana para comer, en Galápagos son 200

El Frente Insular defiende la autonomía del Parque Nacional Galápagos, a quien la nueva ley obliga a ceder funciones al Ministerio del Medioambiente, como la de decidir los límites del área protegida, ya fijados en los años 70 y que no incluye la nueva normativa. "La ley permitirá el ingreso de los grandes capitales y relegará a los ciudadanos residentes de las islas", afirma Gusqui.

El Ejecutivo dispuso en las observaciones que hizo a la nueva ley (y que no fueron debatidas en la Asamblea) que el principio precautelario —que condicionaba la construcción de nuevas infraestructuras a la existencia de estudios previos— no era necesario. "Esto relaja la norma y queda a discreción si se aplica o no", dice Bliemsrieder y añade que hay planes para construir hoteles en Punta Carola, que colinda con los límites actuales de la reserva.

La normativa obliga también a los operadores turísticos a mantener una inversión alta para renovar sus permisos. "Parece que la ley pretende eliminar todo un estrato socioeconómico de la población y elitizar Galápagos", explica Bliemsrieder.