Los defensores de los derechos humanos denuncian acoso

Antes de que Nicolás Maduro fuera presidente, acudió a buscar ayuda —como trabajador sindical a principios de los 90— a la organización no gubernamental Provea. Así se lo recordó el pasado miércoles su actual director, Rafael Uzcátegui, al lanzar su informe anual, en el que pasa revista a la situación de los derechos humanos en Venezuela. Además de presentar un panorama poco alentador, Uzcátegui alertó que él y otros defensores, activistas e investigadores están siendo estigmatizados por el mismo presidente.

En días pasados, Maduro habló de “embajadores del mal” que van por el mundo “despotricando” de Venezuela y pidió a miembros de su gobierno identificar y mostrarle al país quiénes eran esas personas. Además del mandatario, otros ministros o personas en altos cargos, como el vicepresidente y ministro de Planificación, Ricardo Menéndez, o el director de la entidad reguladora de telecomunicaciones, CONATEL, William Castillo, han hecho declaraciones similares en público o a través de sus cuentas de Twitter. Adicionalmente, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, ha revelado información sobre algunas de las actividades y movimientos precisos de algunos defensores, a través de su programa de televisión, Con el mazo dando.

El pasado 13 de mayo, Cabello expuso en su programa que Uzcátegui y Carlos Correa, director de la ong Espacio Público —que aboga por la libertad de expresión— viajarían a otro país a sostener un encuentro privado con otro defensor de derechos humanos, Marino Alvarado, quien se encontraba en el exterior. La reunión era de carácter muy reservado, y según Correa, la única forma en que pudieron haberse enterado de que iban a viajar a la cita, habría sido mediante la interceptación de sus cuentas de correo electrónico. Ambos denunciaron el hecho ante la Fiscalía.

Feliciano Reyna, representante de la organización Codevida, dice que él y otros miembros de ongs se han sentido vigilados al volver al país, tras rendir informes ante organismos multilaterales. El pasado mes de marzo, Reyna se dio cuenta que algunos hombres, vestidos de civil, le tomaban fotos en el aeropuerto de Maiquetía, mientras sellaba su pasaporte en inmigración y esperaba por su maleta.

“Cualquiera que hable contra el gobierno, lleva palo”, dice Humberto Prado, del Observatorio Venezolano de Prisiones. Justo la semana pasada, el Comité contra la Tortura de la ONU se pronunció sobre el caso de Francisco Guerrero, víctima de desaparición forzada dentro de la Penitenciaría General de Venezuela, que el Observatorio denunció ante instancias internacionales. Según Prado, es la primera vez que el Comité le pide al gobierno venezolano tomar acciones sobre uno entre más de 6.000 casos de muertes que ha habido al interior de las cárceles nacionales desde 1999.