¿Vicios privados, virtudes públicas?

El espionaje ilegal de una conversación privada de Lorenzo Córdova, presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), en la cual el líder de la máxima autoridad electoral de México se mofaba de la forma de hablar y de las demandas de un líder indígena con quien había sostenido un encuentro de trabajo, ha expuesto a la luz pública uno de los problemas más extendidos pero menos aceptados en la sociedad mexicana: la discriminación racial.

Tras la debida denuncia del espionaje, Córdova y un sinnúmero de intelectuales públicos han tratado de minimizar el contenido de la conversación. A pesar de haberse disculpado por el desacierto de sus palabras, el presidente del INE al día de hoy insiste que es perfectamente posible ridiculizar en una conversación privada a una persona indígena pero en la arena pública comportarse con el mayor de los respetos a las minorías.

La discriminación racial es un fenómeno que se niega todos los días en México. Lo niegan, incluso, las víctimas

Diversos estudios recientes sobre el fenómeno del racismo en contra de poblaciones indígenas y de mestizos con rasgos fenotípicos indígenas o de hispanohablantes con acento indígena muestran que la experiencia cotidiana de discriminación en México es mucho más extendida de lo que solemos aceptar y que tiene efectos nocivos para los discriminados en múltiples esferas: en mercados laborales, en el acceso a bienes y servicios públicos, en la posibilidad de convertirse en candidatos a puestos de elección popular y en el tipo de relación que los partidos políticos establecen con ellos.

La discriminación racial es un fenómeno que se niega todos los días en México. Lo niegan, incluso, las víctimas. Según las encuestas del Latin American Public Opinion Project (LAPOP) de la Universidad de Vanderbilt, en 2010 sólo el 13% de los mexicanos aceptaron haber sido víctimas de discriminación racial pero el 54% reportó haber presenciado al menos un acto de discriminación en contra de individuos con rasgos indígenas y el 80% cree que a la gente de tez blanca le va mejor en la vida que a los indígenas. Estos datos sugieren que la discriminación racial en México es un fenómeno sistémico y generalizado; un fenómeno que trasciende la esfera de la vida privada y que condiciona nuestras interacciones públicas.

Como lo muestra el importante trabajo de los economistas Eva Arceo y Raymundo Campos a partir de un estudio experimental basado en el envío de cientos de solicitudes de empleo con fotos ficticias de hombres y mujeres con características blancas, mestizas e indígenas, las empresas mexicanas sistemáticamente discriminan en contra de las personas con rasgos indígenas. El trabajo del sociólogo Andrés Villarreal muestra a partir de un profuso estudio de encuestas que las personas indígenas y los mestizos con rasgos indígenas ocupan los trabajos peor remunerados y tienen prácticamente negado el acceso a puestos de dirección en México. La estratificación de los mercados laborales a partir de categorías raciales – plasmados en la iconografía de castas de la época colonial – se mantiene tan vigente como en los tiempos de la Nueva España.

Según nuestro análisis, México y Perú son los países donde la discriminación racial en el acceso a bienes y servicios públicos es más notable

En un trabajo en curso junto con Melina Altamirano de la Universidad de Duke, con información de las encuestas de LAPOP mostramos que en América Latina las personas indígenas y los mestizos con rasgos fenotípicos indígenas – particularmente con tono de piel oscuro – tienen un acceso significativamente menor a servicios educativos y de salud, agua potable y drenaje que los individuos con tono de piel claro. Y esto no se reduce a un problema de clase o de ingreso; de hecho, la brecha racial en el acceso a bienes y servicios públicos se mantiene constante a diferentes niveles de ingreso y educación. En nuestro análisis, México y Perú son los países donde la discriminación racial en el acceso a bienes y servicios públicos es más notable.

A partir de un novedoso estudio de laboratorio en el que se manipulan las características fenotípicas de supuestos candidatos a elección popular en México, la politóloga Rosario Aguilar muestra que los individuos con rasgos indígenas tienen una menor probabilidad de ser preferidos como candidatos a puestos de elección popular. En nuestra propia investigación, mi coautora y yo encontramos que los candidatos en campañas electorales en América Latina y en México suelen establecer relaciones clientelares y comprar el voto de personas indígenas o de mestizos con rasgos indígenas pero intentan persuadir a los votantes de tonalidades de piel más claras mediante discursos programáticos y la oferta de bienes públicos.

A raíz de las desafortunadas declaraciones del presidente del INE sobre sus interlocutores indígenas, múltiples voces en México han pedido no caer en la hipocresía al criticar al funcionario público. No hay por qué escandalizarse – se dice – si todos en México se mofan de las personas indígenas o de quienes tienen rasgos indígenas o hablan el castellano con acento indígena. Denunciar el racismo en México – se insiste – es ser políticamente correcto.

La investigación cuantitativa sobre el racismo en México muestra de manera fehaciente que no se trata de un problema de buenas conciencias ni un problema que se pueda reducir a la esfera privada de los individuos; se trata, más bien, de un problema que está en la raíz misma de las enormes desigualdades que México ha sido incapaz de revertir por siglos y que condiciona la movilidad económica y social y la participación política de la población más pobre del país. Reconocer la realidad del racismo, negada por siglos, es una de las mayores deudas que tiene la sociedad mexicana consigo misma. Es una realidad que deben reconocer y revertir las autoridades públicas, particularmente quienes están llamados a fomentar la tolerancia, el respeto y la dignidad de los ciudadanos: la autoridad electoral.