La violencia sexual, una epidemia en las comisarías de Egipto

Las fuerzas de seguridad egipcia utilizan de forma sistemática los abusos sexuales, incluida la violación, en las sesiones de torturas a las que someten a los opositores al régimen, según ha denunciado la ONG Federación Internacional para los Derechos Humanos (FIDH) en un informe publicado el martes. La ONG asegura que el uso de la violencia sexual como arma política se ha intensificado sobre todo después del golpe de Estado del verano de 2013, ejecutado por el entonces ministro de Defensa y actual presidente, Abdelfattah al Sisi. Este fenómeno se añade al grave problema de acoso sexual que padecen las mujeres egipcias, y que ha sido recogido en numerosos informes, documentales e incluso películas.

Si bien los autores del informe reconocen que no poseen pruebas de la existencia de órdenes directas por parte de los altos mandos policiales para recurrir a las agresiones sexuales como estrategia, consideran que la profusión de esta práctica sugiere que al menos cuenta con la aprobación de las más altas instancias. “La escala de la violencia sexual que ocurre durante y después de las detenciones, la similitud de los métodos usados y, en general, la impunidad de la que gozan los agresores señala a una estrategia política cínica destinada a reprimir a la sociedad civil y silenciar a la oposición”, ha declarado Karim Lahidji, presidente de la FIDH.

El informe denuncia también la hipocresía por parte de las autoridades en su tratamiento del grave problema de la violencia sexual en la sociedad egipcia. Algunas encuestas revelan que la mitad de las egipcias padecen el acoso sexual a diario. Al inicio de su presidencia, hace un año, el presidente al Sisi quiso convertir la lucha contra el acoso sexual en una prioridad, aprovechando que la cuestión había adquirido una gran visibilidad en los medios a partir de la emisión de un vídeo muy gráfico de una brutal agresión en la plaza Tahrir. Sin embargo, arremete la FIDH, la nueva ley contra el acoso apenas se ha aplicado en un puñado de ocasiones.

Los testimonios de las víctimas recogidos en el documento son una auténtica galería de los horrores, que incluye humillaciones verbales, violaciones, sodomización con objetos, descargas eléctricas en los genitales, y otro tipo de graves agresiones sexuales. “El número de casos de acoso y su gravedad son mucho más grandes que antes de la revolución. El asalto sexual es virtualmente sistemático en caso de arresto”, afirma una responsable de una organización de defensa de la mujer citada en el informe, que señala que las víctimas de los ataques son tanto hombres como mujeres y menores de edad.

Además, el documento apunta que la violencia sexual no se utiliza solo contra la oposición política, los islamistas y los jóvenes activistas laicos, sino también contra trabajadores de ONGs críticas con el gobierno y contra las minorías sexuales.

Las alegaciones de la FIDH encajan con numerosos testimonios aparecidos en las páginas de la prensa internacional. “A mi hijo, de 20 años, lo torturaron en la comisaría de [la ciudad] de Tanta. Lo desnudaron y humillaron verbalmente. Recibió palizas y descargas eléctricas en los testículos durante varios días. Encima, cuando sus hermanas van a visitarlo en la cárcel, los agentes las acosan sexualmente. Es una pesadilla”, explicó a EL PAÍS Hazim Gamal, cuyo hijo fue arrestado mientras participaba en una manifestación reivindicativa para celebrar el aniversario de la Revolución del 2011 que destronó a Hosni Mubarak.

A pesar de todas estas evidencias, el Ministerio del Interior niega la veracidad de las acusaciones de las ONGs y asegura que en sus dependencias existe un riguroso respeto de los derechos humanos. El informe de la FIDH recoge una veintena de recomendaciones para poner fin a la lacra de la violencia sexual en la sociedad egipcia. Entre ellas, la puesta en práctica de procesos de investigación rigurosos e imparciales sobre las denuncias de agresión sexual, así como de un sistema de reparaciones para las víctimas, la reforma del Ministerio del Interior, y permitir la visita regular a comisarías y cárceles de las ONGs de derechos humanos.