La batalla en Argentina para echar a un juez clave de 97 años
La renuncia de Carlos Fayt permitiría a Cristina Fernández de Kirchner sustituirle por otro afín a sus intereses
La batalla por el control de la justicia en Argentina ya no solo se juega en los despachos del poder. Ha llegado a la calle. Decenas de personas se agolpaban a las puertas de la sede del Tribunal Supremo en Buenos Aires para trasladar su apoyo a Carlos Fayt, un prestigioso juez del alto tribunal de 97 años al que el Gobierno empuja para que renuncie por su edad.
Mientras la gente aplaudía al anciano en la calle, y le recibía como un héroe de lo que los antikirchneristas llaman “la resistencia”, en el Congreso, no muy lejos, se votaba abrir una investigación sobre su estado de salud. La entrada y salida de Fayt de los tribunales, con paso tembloroso y ayudado en todo momento para caminar, sin hablar más que para saludar a la prensa, se convirtió en un espectáculo con las televisiones en directo. La semana pasada sucedió lo contrario: las madres de Plaza de Mayo, cercanas al Gobierno, se manifestaron en el mismo lugar para pedir la salida del magistrado.
El Congreso ha votado abrir una investigación sobre la salud del juez
Jueces afines al Gobierno
“Fayt no se va, Fayt no se va”, gritaban los manifestantes como si se tratara de un acto político. Y en eso se ha convertido. La salida del veterano jurista —los magistrados del Supremo en Argentina son vitalicios— es clave porque el Supremo ya tiene solo cuatro de los cinco miembros que le corresponden —otro dimitió en diciembre entre escándalos de presunta corrupción— y el Ejecutivo aprieta para poder poner jueces más cercanos a sus intereses antes de las elecciones, cuando aún conserva el poder y la mayoría en el Congreso.
La Corte aguanta sin renovar al quinto miembro, pero sería mucho más difícil resistir con tres. La situación es políticamente endiablada. El Gobierno tiene la mayoría suficiente como para hacérselo pasar muy mal a Fayt con un proceso en el Congreso para investigar si está en condiciones de seguir.
El Gobierno ha exigido al juez que demuestre que está bien. Él habló en una radio y no acudió el martes a la Corte, pero sí lo hizo este miércoles, cuando además se firmó, en un claro desafío al Ejecutivo, la renovación del mandato del presidente, Ricardo Lorenzetti, hasta 2019.
El enfrentamiento de la cúpula de la justicia con el Ejecutivo es ya total
El enfrentamiento de la cúpula de la justicia con el Ejecutivo es ya total. El entorno del Gobierno insiste en que Fayt no está en condiciones de seguir adelante por su edad y su estado de salud. La presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, habla abiertamente del “partido judicial” y cree que los jueces contribuyen a la estrategia de desgaste de la oposición.
“Es un claro acoso, un hostigamiento, están discriminando a una persona por su edad, esto atenta contra los derechos humanos”, clamaba el abogado Ricardo Gil Lavedra a la puerta de los tribunales. “Esto es un ataque para tratar de controlar la Corte”, sentenciaba Ricardo Recondo, presidente de la Asociación de Magistrados.
Sin embargo, el Ejecutivo no tiene los dos tercios del Congreso y Senado necesarios para iniciar un proceso de juicio político contra Fayt y sacarlo de la Corte. Se tiene que quedar en la presión mediática y política, pero no lo puede echar. Es la Corte la única que puede decidir si Fayt está en condiciones de seguir adelante. Y él quiere continuar.
La pelea política y la fractura en la calle que dominan estos últimos años en Argentina se recrudece así mientras se acerca el momento electoral clave.
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