El Gobierno argentino recrudece su guerra contra el Supremo

La guerra entre el Gobierno argentino y el Tribunal Supremo se recrudece. Esta batalla, con altibajos, se ha convertido en uno de los ejes de la política argentina en los últimos meses. La Corte Suprema, como se llama en Argentina, es clave porque dilucida los asuntos más delicados, los escándalos de corrupción, también los que afectan a la familia de la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, o del vicepresidente, Amado Boudou.

El Gobierno ha reiniciado ahora su ataque por lo que cree el flanco débil de la Corte: su miembro más anciano, Carlos Fayt, de 97 años. Fayt es un jurista muy prestigioso y respetado en Argentina pero, según distintos sectores oficialistas, por su edad no está en condiciones de seguir.

En Argentina, como en EE UU, los jueces del Supremo son vitalicios. Así que el Ejecutivo ha puesto en marcha una poderosa máquina de presión para forzar a Fayt a renunciar. El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, ha llegado a retar al veterano jurista a salir a la puerta de su casa y dar una rueda de prensa, como hace él todos los días, para probar su buena salud. “Así nos quedaríamos todos tranquilos”, dijo. Fayt no ha entrado a esa provocación y ha respondido a través de su abogado y de su hija. Los dos han dicho ante los medios que está perfectamente lúcido y quiere seguir como miembro de la Corte.

La salida de Fayt sería una maniobra clave para el Ejecutivo, que busca un equilibrio en el Supremo más favorable a sus intereses precisamente ahora que vienen decisiones clave en casos que afectan a la familia de la presidenta, como el Hotesur. El Supremo acaba de decidir que mantiene al juez Bonadío al frente de esa causa, algo que perjudica mucho los intereses de la familia Kirchner, que pidió formalmente que se retirara por animadversión.

Si Fayt no pudiera seguir o no resistiera la presión a la que está siendo sometido estos días, la Corte quedaría con solo tres miembros de los cinco que debería tener. Otro dimitió en diciembre y Gobierno y oposición no se ponen de acuerdo para sustituirlo en plena campaña electoral.

Un tribunal de solo tres miembros sería legal pero difícilmente asumible. Si cayera Fayt, el Gobierno tendría algo con lo que negociar: podría ofrecer a la oposición una de las dos vacantes y poner en la otra a alguien de su confianza. En este momento el Ejecutivo tiene como candidato a Roberto Carlés, pero su nombramiento está bloqueado porque la oposición no lo acepta.

En medio de esta presión política, en la que el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, amenazó con dimitir y después se echó para atrás, oficialistas y opositores se lanzan a ataques furibundos o defensas encendidas de Fayt. Mientras, en el Congreso, diputados kirchneristas plantean la posibilidad de abrir una investigación para comprobar la salud de Fayt y si es cierto que firma desde su casa las decisiones de la Corte. Las Madres de Plaza de Mayo, siempre cercanas al Gobierno, se han organizado para criticar en las puertas de los tribunales tanto a Fayt como a otros jueces y fiscales que se han destacado por defender posiciones que perjudican los intereses del Ejecutivo.

Los jueces del Supremo en Argentina son históricamente muy cuestionados y en la época menemista hubo condenas muy duras por corrupción de los propios. De hecho, cuando Néstor Kirchner llegó en 2003, cambió por completo la Corte y puso a magistrados intachables, pero ahora Cristina Fernández y sus seguidores han declarado la guerra sin cuartel a la Corte y habla incluso del “partido judicial”, como si fuera una formación política más.

Mientras, la oposición muestra que está dispuesta a defender la actual Corte, y la diputada Lilita Carrió ha denunciado una “operación terrible y cruel contra Fayt”. La situación parece estar lejos de resolverse, al menos antes de las elecciones de octubre, por lo que lo más probable es que siga la presión sobre todo ante decisiones clave sobre escándalos de corrupción que tienen que llegar en las próximas semanas