Texas seguirá con las ejecuciones a pesar de la carencia de anestesia
"No vamos a revelar donde compramos el sedante”, asegura Jason Clark, portavoz del Departamento de Justicia Criminal de Texas
Mes a mes, así está resolviendo el Departamento de Justicia Criminal de Texas un problema con nuevos desafíos: el acceso al Pentobarbital, un medicamento usado para las ejecuciones y que ahora afronta una grave escasez. El Estado ha administrado la pena capital a 524 personas en su historia y para el resto de abril, mayo y junio tiene programadas cinco ejecuciones. Eso lo convierte en la zona que requiere la mayor provisión de Pentobarbital de la nación.
Pentobarbital es un poderoso anestésico, que ha sido usado en 14 estados incluyendo Alabama, Delaware y Florida, entre otros. El mercado de prisiones se concentró en su uso luego que en 2009 la combinación de medicamentos más utilizadas para la inyección letal tuviera una fuerte carencia del componente anestésico. Los fabricantes dejaron de producirlo o prohibieron su uso para ejecuciones. En 2011, la Unión Europea lo prohibió para la exportación a Estados Unidos si su destino final era un corredor de la muerte. Esta tendencia ha sido respaldada por las grandes farmaceúticas.
El mes pasado, la Asociación Americana de Farmaceúticas y la Academia Internacional de Farmacias Magistrales urgieron a sus miembros a no vender medicamentos que sean usados para la pena capital. Aunque la decisión no es obligatoria acorta las opciones disponibles.
Jason Clark, portavoz del Departamento de Justicia Criminal de Texas aseguraba a este diario que el Pentobarbital hubiera sido usado en las ejecuciones de Richard Vásquez, programada para el pasado 23 de abril, y de Robert Pruett, fijada para este martes 28, si no se hubieran paralizado por nuevas apelaciones. “Esperamos comprar medicamentos adicionales, pero no vamos a comentar sobre lugar donde fueron obtenidas”, dijo.
El lugar en cuestión es una farmacia de fórmula magistral, que por su naturaleza no está regulada por el gobierno, prácticamente la única alternativa que les está quedando.
Hasta ahora el Departamento de Justicia Criminal de Texas ha protegido el nombre de su nuevo proveedor, argumentando motivos de seguridad.
En medio de esta polémica la inyección letal está recibiendo balas de ambos extremos en el debate. Robert Dunham director de Death Penalty Center aseguró que “cada vez existen menos fuentes dispuestas a vender los medicamentos y el secretismo con que Texas ha tratado este tema, pone en riesgo de sufrimiento y tortura innecesaria para los ejecutados”.
El profesor de Justicia Criminal en la escuela de Leyes de Nueva York y autor de La muerte del castigo, Robert Blecker, también se opuso “pero no porque puede causar dolor, sino porque ciertamente causa confusión: fusiona a la medicina con el castigo”.
“Cada vez tenemos más vergüenza respecto al castigo mismo y hemos hecho lo posible para renegar de él. La inyección letal es un buen ejemplo de esto”, comentó.
Actualmente 32 estados en el país permiten la práctica de la pena de muerte, pero en sólo siete estados realizaron ejecuciones en 2014: Florida, Ohio, Missouri, Oklahoma, Texas, Georgia y Arizona.
Los grupos en contra de la pena de muerte alegan que el procedimiento usado en Oklahoma viola la prohibición constitucional en contra del castigo cruel.
La corte entregará su veredicto en junio, una decisión que dependiendo de su resultado podría darle un giro inesperado a la pena capital en Estados Unidos.
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