El Supremo de Estados Unidos estudia la viabilidad de la inyección letal

El año pasado, un hombre tardaba en morir más de 40 minutos en una prisión de Oklahoma después de que el verdugo le inyectara midazolam en las venas, un supuesto tranquilizante que debía sedarle antes de que los otros dos componentes químicos le bloquearan la respiración y pararan el corazon causándole la muerte. El condenado, Clayton Lockett, intentó incorporarse en la camilla a la que permanecía atado para gritar a los guardas de prisiones: “algo no funciona”.

La chapucera muerte de Lockett fue noticia global y devolvió la pena de muerte al debate en Estados Unidos. Fue por poco tiempo. El Estado se mostró dispuesto a seguir adelante con las ejecuciones y la Gobernadora ordenó una investigación que  estableció que la larga agonía de Lockett se debió a la mala colocación de la aguja en una vena del escroto del preso.

Otros cuatro condenados, temiendo correr la misma larga agonía que su predecesor en la sala de la muerte, recurrieron al Tribunal Supremo de Estados Unidos para que paralizara sus ejecuciones basándose en que el midazolam no es un medicamento tan efectivo con la anestesia y viola la Octava enmienda de la Constitución, aquella que dice que nadie puede ser sometido a un castigo cruel. No son pocos los corredores de la muerte de Estados Unidos que sufren escasez o simplemente carecen de anestesia para aplicar la inyección letal después de que hace varios años los laboratorios que la fabrican se negasen a venderla a las penitenciarías para fines carcelarios.

A la espera del Supremo y mientras que Oklahoma volvía a una cámara de gas renovada, Tennessee ha reinstaurado la silla eléctrica y Utah el pelotón de fusilamiento

Este miércoles es el día en que el Supremo debatirá la legalidad de las inyecciones letales que cuentan con midazolam y si en junio la máxima corte decidiera declarar su uso anticonstitucional supondría un duro revés para la brutal práctica de la pena de muerte. No todos los demandantes verán el día que los nueve jueces se pronuncien. El alto tribunal tuvo que cambiar el nombre del expediente (Warner versus Glossip por Glossip versus Gross) ya que el primer demandante, Charles Warner, era ejecutado mientras el Supremo esperaba para ver el caso.

Los otros tres presos que aguardan la muerte en Oklahmoma -Richard Glossip, John Grant y Benjamin Cole- esperan que el Supremo dictamine a su favor y su condena pueda ser reconsiderada. Aunque temiendo nuevas demandas, la Gobernadora Mary Fallin firmaba este invierno la ley que aprobaba el uso de la cámara de gas nitrógeno. Si bien la cámara de gas se ha utilizado y está en vigor, aunque no en uso, en algunos Estados, el gas nitrógeno no se ha usado nunca en ejecuciones y no se sabe sus resultados.

“Nadie ha usado antes el gas nitrógeno como método para acabar legalmente con la vida de un condenado. De nuevo, como ha sucedido con el midazolam, se estaría ante “un experimento con seres humanos”, declara Richard Dieter, director del Centro de Información sobre la Pena de Muerte (DPIC, siglas en inglés). “No existe la muerte perfecta”, asegura Dieter, quien busca la abolición en lugar de remendar un sistema caduco y brutal. “Hay que usar la medicina y la tecnología para ir hacia delante no hacia atrás”, concluye Dieter.

La aceptación del caso Glossip versus Gross por parte del Tribunal Supremo paralizó temporalmente otras ejecuciones en Ohio y en Florida. Florida fue el primer estado que usó en 2013 la mezcla con midazolam en inyecciones letales a raíz de las dificultades para obtener el medicamento que usaba hasta la fecha, el pentobarbital. A Florida le siguieron Oklahoma, Arizona y Ohio, los tres estados en los que en 2014 falló la inyección, provocando un sufrimiento prolongado en los presos, que agonizaron durante minutos antes de morir. A la espera del Supremo y mientras que Oklahoma volvía a una cámara de gas renovada, Tennessee ha reinstaurado la silla eléctrica y Utah el pelotón de fusilamiento.