Diputados de 50 países instan a abolir las leyes que criminalizan el aborto

En lugares como El Salvador, Nicaragua, Chile, República Dominicana o Malta está prohibido abortar bajo cualquier circunstancia. En otros más de 50, como Indonesia, Afganistán o Mauritania, solo es legal para salvar la vida de la mujer. Parlamentarios de medio centenar de países (incluido España) han instado este viernes en Berlín a esos Estados a abolir las leyes que criminalizan a las mujeres y niñas que se someten a interrupciones voluntarias del embarazo clandestinas. La declaración de Berlín, firmada por senadores y diputados de todas las regiones del mundo reunidos en la ciudad alemana, reclama también a los Gobiernos que garanticen el acceso a métodos anticonceptivos baratos y pongan en marcha programas de educación sexual en todas las escuelas.

El texto busca presionar especialmente a los líderes del G7, que se reunirán en junio en Alemania, para que adquieran compromisos concretos con la promoción de la salud sexual y reproductiva, y sirvan así como brújula para el resto de países. La agenda diseñada por la canciller Angela Merkel para esa cita con los jefes de Estado y de Gobierno de Francia, Italia, Reino Unido, Canadá, Estados Unidos y Japón incluye como punto clave el empoderamiento de las mujeres para desarrollar sus carreras y el fomento de su autoempleo como uno de los ejes de desarrollo mundiales. “Pero si una mujer no puede planificar su maternidad –cuántos hijos tener y cuando-- difícilmente podrá desarrollar su vida; y mucho menos su carrera”, advierte Jenny Tonge, presidenta del Foro Parlamentario Europeo de Población y Desarrollo (EPF), uno de los organizadores de la conferencia interparlamentaria mundial a la que este diario ha acudido invitado.

Unas 226 millones de mujeres (la mayoría en países en desarrollo) que no desean quedarse embarazadas carecen de acceso a métodos anticonceptivos fiables para evitarlo, según datos de la ONU. Un problema aún más grave entre las menores; incluso aquellas que viven en países desarrollados, debido a la dependencia económica o la falta de educación sexual. Y el acceso a la contracepción –incluida la de emergencia— que había ido avanzando en las dos últimas décadas lleva estancado desde 2008. La situación económica y el decremento en los fondos de la ayuda al desarrollo han contribuido al parón. También el avance de los grupos ultraconservadores que se oponen a la planificación de la maternidad, alerta el diputado de Zambia Highvie Hamududu.

Para garantizar la suficiente financiación, los parlamentarios reclaman además a los Gobiernos que dediquen al menos un 10% de los presupuestos nacionales y de la ayuda al desarrollo a los servicios de salud sexual y reproductiva, y a la promoción de la igualdad de género. “Solo así, con fondos suficientes los compromisos pueden ser algo más que una declaración sin más”, expone Joyce Ampumuza, representante de DSW, la organización alemana para la ayuda al desarrollo.

Diputados y senadores hacen un llamamiento al G7 para que incluya la salud sexual como clave en su agenda

Pero el texto acordado en Berlín, quizá porque se dirige especialmente al grupo del G7 --que tienen leyes más avanzadas--, aunque también a los del G20 –donde están Brasil, México o Indonesia, con leyes muy restrictivas—, va más allá que las declaraciones parlamentarias de otras conferencias. Y es que insta a los Gobiernos a respetar “la autonomía de las mujeres sobre sus cuerpos y su derecho a decidir libremente sobre todos los asuntos relacionados con su sexualidad”. Un punto polémico, el derecho a decidir, para esas posturas más conservadoras, pero también un toque de atención a Estados como España, considera la diputada socialista austriaca Petra Bayr, donde el Gobierno del Partido Popular ha modificado la ley para que las menores no puedan abortar sin consentimiento paterno y ha reabierto el debate sobre si el aborto es un derecho.

La declaración es una nueva llamada de atención para países como El Salvador, donde una quincena de mujeres cumple actualmente penas de cárcel por delitos relacionados con el aborto. También para México --algunos de sus Estados penalizan esta práctica salvo en casos de violación o riesgo para la vida de la embarazada--, donde más de 150 mujeres han pasado por un proceso penal por interrumpir su embarazo desde 2007; un delito por el que al menos 41 de ellas han estado o están en la cárcel, privadas de libertad.

Como se constata en casos como los de estos dos países, las leyes restrictivas no destierran esta práctica. Solo contribuye a engrosar las cifras de abortos clandestinos, incide Marleen Temmerman, directora del departamento de salud reproductiva de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Alrededor de 21 millones de mujeres se someten a una interrupción voluntaria del embarazo insegura cada año. Y esta práctica no solo se produce en los países en vías de desarrollo (unos 18,5 millones); también hay abortos clandestinos en Estados como Polonia, Irlanda o Chile, con leyes muy restrictivas.

Rusia, contra las menciones sobre la orientación sexual

Reforzar las leyes que persiguen la violencia contra la mujer también ha sido una prioridad en la conferencia parlamentaria sobre temas de población y desarrollo, que se ha celebrado en Berlín durante dos días. La declaración alumbrada por casi un centenar de diputados y senadores insta especialmente a desarrollar leyes que penalicen de manera explícita las violaciones que se producen dentro del matrimonio. Un abuso contra la mujer que no se considera un delito en países como Afganistán o Chad y que en otros, como Hungría, Polonia, o Estonia o China no se menciona textualmente en la legislación, lo que dificulta su persecución.

Parlamentarios de 50 países han estado de acuerdo a la hora de promover el acceso a la anticoncepción, erradicar la brecha salarial o garantizar los derechos de los millones de mujeres que trabajan en el sector informal. Sin embargo, la formación sobre sexualidad para todos y, sobre todo, las referencias en la llamada declaración de Berlín al respeto por la orientación sexual han despertado fricciones con la delegación rusa. Sus parlamentarios –con el apoyo de otros países como Costa de Marfil-- han tratado de bloquear, por ejemplo, el punto del documento que reclama “una educación sexual comprensible para los jóvenes, que incluya la orientación sexual y la identidad de género”.

En 2013, Rusia aprobó una ley que prohíbe la difusión de lo que denominan "propaganda homosexual" a menores de edad. La norma permite sancionar con hasta 1.000 euros a las personas y 17.000 a las entidades que proporcionen información a los menores sobre "relaciones sexuales no tradicionales" o incluso, dice la ley, a quienes difundan la "idea tergiversada" de que las orientaciones sexuales "tradicionales" y las "no tradicionales" tienen "igual valor social".