Cameron promete dureza contra el extremismo, incluido el no violento

Reino Unido “no tolerará el comportamiento” de “aquellos que rechazan sus valores”. Lo ha dicho la ministra de Interior, Theresa May, en un discurso en el que adelanta la estrategia que seguirán los conservadores para combatir el extremismo islamista, en el caso de que sigan en el poder después de las elecciones del próximo 7 de mayo.

El Ministerio, ha anunciado May, está trabajando en una lista negra de organizaciones e individuos con quien la administración pública no podrá contratar. La medida supone un cambio sustancial: los poderes de que dispone ahora el Gobierno para prohibir organizaciones terroristas aumentarán hasta poder confeccionar una lista con organizaciones no violentas que podrán ser boicoteadas por la administración. “Esto nos permitirá desarrollar una política de contratación que por primera vez determine con claridad con qué individuos y organizaciones el Gobierno y el sector público deben o no deben trabajar”, ha explicado May, quien ha añadido que el Ejecutivo podrá ordenar el cierre de establecimientos que considere que son utilizados por extremistas.

Para el Ministerio de Interior, el extremismo es “la oposición verbal o activa a los valores británicos fundamentales, como la democracia, el imperio de la ley, la libertad individual, el respeto mutuo y la tolerancia con las diferentes fes y creencias”. “También incluimos en la definición de extremismo”, añade, “las amenazas de muerte a miembros de nuestras fuerzas armadas dentro o fuera del país”.

El Gobierno creará una fuerza especial para combatir la propagación del extremismo en las cárceles

La confección de dicha lista negra ha sido encomendada a una “unidad de análisis del extremismo”, en el seno del Ministerio, que deberá también desarrollar medidas de prevención de la radicalización en los barrios, así como en las escuelas y en las universidades, para que no se repitan fenómenos como el conocido como caso Caballo de Troya, que detectó la infiltración de islamistas radicales en las escuelas de Birmingham el año pasado.

Dicha unidad evaluará también si los órganos comunitarios que operan en Reino Unido de acuerdo a la Sharía (ley islámica), sujetos a la Ley de Arbitraje de 1996 que les permite resolver asuntos civiles, son compatibles con la legislación británica. Muchos musulmanes en el país recurren a estos órganos para solucionar asuntos como las separaciones conyugales.

Las medidas se encaminan a combatir el extremismo en todas sus formas, ha aclarado la ministra, “pero es obvio que el extremismo más extendido y grave al que debemos plantar cara es el extremismo islamista”.

Una unidad de análisis en el Ministerio de Interior trabajará
para prevenir la radicalización

May ha anunciado también una campaña para promover los “valores británicos” y una revisión de la legislación de ciudadanía para asegurarse de que solo se conceda el derecho a aquellos solicitantes que los respeten. Dichos valores incluyen el idioma inglés. Todos los “trabajadores religiosos extranjeros con responsabilidades pastorales” deberán hablar inglés, ha dicho May, y ha explicado que se reducirá la financiación de servicios de traducción y se aumentará la destinada a la enseñanza del idioma.

El Gobierno planea, ha asegurado la ministra, dotar a la policía de más poderes para investigar delitos relacionados con el honor, la mutilación genital femenina o los matrimonios forzados. Y se creará una fuerza especial de funcionarios de prisiones para combatir la propagación del extremismo en las cárceles.

Theresa May, representante del sector más duro del Gobierno de David Cameron, ya anunció algunas de estas medidas en su discurso en el Congreso del Partido Conservador el pasado otoño. Entonces se le encomendó desarrollar esta estrategia anti extremismo, que afecta a varios ministerios.

La portavoz de Interior en la oposición, Yvette Cooper, ha dicho que en los planes anunciados por May existe una “gran brecha entre la retórica y la realidad”. Los principios de las propuestas del Gobierno son “los adecuados”, ha señalado Cooper, que ha destacado “la ausencia de políticas reales para sostenerlos”. Las medidas anunciadas por May formarán parte del programa del Partido Conservador, que gobierna desde 2010 en coalición con los liberal demócratas, para las elecciones generales del próximo 7 de mayo.