Los expertos piden a México que siga buscando a los 43 de Iguala

La fiscalía mexicana concluyó el pasado mes de enero que los 43 estudiantes desaparecidos en Guerrero, al sur del país, fueron asesinados y calcinados en un basurero. Sin embargo, el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que analiza el caso explicó este jueves que no existen certezas sobre lo que ocurrió con los muchachos y pidió a las autoridades que sigan buscándolos. "Todas las hipótesis están sobre la mesa", concluyó el psicólogo español Carlos Beristain, uno de los investigadores.

El comité, de visita en México desde principios de este mes, evalúa si las autoridades hicieron todo lo posible para localizar a los jóvenes. Por lo pronto, ha pedido a la PGR —fiscalía mexicana— que aproveche la tecnología satelital de otros países para obtener más fotografías y mayores evidencias sobre lo que ocurrió en el vertedero de Cocula, donde los sicarios, tras recibir a los estudiantes de manos de la policía municipal de la ciudad de Iguala la noche del 26 de septiembre, dijeron haberlos cremado. Después, según su testimonio, lanzaron los restos a un río cercano para borrar las pruebas.

La consideración jurídica del caso es otro de los asuntos que preocupa a los expertos. Un juez consideró que este era un caso de secuestro y homicidio. En cambio, el comité pide a las autoridades que lo traten como una desaparición forzada, ya que es un delito que no prescribe y es considerado de lesa humanidad. "Eso le daría al caso mayor relieve internacional", añadió la abogada colombiana Ángela Buitrago.

Por el camino, las autoridades se han topado con un sinfín de víctimas más. Iguala está rodeada de cerros que, en los últimos años, se convirtieron en la tumba anónima de decenas de personas cuya desaparición no había sido investigada. El comité recomienda a los policías mexicanos echar mano de una tecnología láser para localizar perturbaciones en los montes que sirvan como indicio para localizar más fosas clandestinas.

Los peritos internacionales —Grupo Interdisciplinar de Expertos Independientes (GIEI)— admiten que han tenido acceso total al expediente. En un comunicado que leyeron ante la prensa reconocen "la buena disposición, acogida, facilidades, y protección" que han tenido por parte de las autoridades de México. No es una declaración gratuita. La creencia general de los familiares, y de las asociaciones y organizaciones que los asesoran, es que el Gobierno está haciendo todo lo posible por darle carpetazo a la investigación y está poniendo trabas para que se sepa la verdad.

El caso está siendo una gran losa para la credibilidad de las instituciones mexicanas. En la tragedia de Iguala hay involucrados políticos, policías y narcotraficantes locales. Un cóctel mortal de los males en materia de seguridad que afectan al país. Pese a que hay 99 detenidos, cientos de pesquisas e interrogatorios, las dudas sobre la investigación se han llevado por delante a uno de los hombres fuertes del Gobierno de Enrique Peña Nieto, al fiscal general Jesús Murillo Karam.

Desde que desaparecieron los muchachos, un contingente de familiares aguarda en el patio de la escuela en la que estudiaban, la escuela de Ayotzinapa. Una cantera de profesores de primaria para las zonas rurales de Guerrero, uno de las regiones más pobres y violentas del país. Los expertos piden establecer un dispositivo de atención médica para ellos, agotados después de seis meses de infructuosa espera. Además, solicitan una segunda evaluación neurológica urgente para el alumno Aldo Gutiérrez, en coma desde que un policía le disparara en la cabeza esa noche.