Imputada por negligencia la ex primera ministra de Tailandia
Yingluck Shinawatra, apartada del poder en 2014, será juzgada por un plan de subsidios
La ex primera ministra de Tailandia, Yingluck Shinawatra, se enfrenta a hasta 10 años de prisión tras haber sido acusada por negligencia. Así lo ha decidido este jueves el Tribunal Constitucional como consecuencia de la gestión de los subsidios al arroz.
El juicio supone el fin político de un segundo miembro directo del clan Shinawatra. El hermano de Yingluck, el magnate y ex primer ministro tailandés Thaksin Shinawatra, fue depuesto en 2006 en un golpe militar e inhabilitado también para ejercer la política. Actualmente vive en el exilio autoimpuesto desde 2008 tras ser condenado por corrupción in ausencia.
El plan consistió en comprar grano a los agricultores por encima del precio del mercado —prácticamente un 50% más— con el objetivo de almacenarlo, generar escasez y hacer aumentar su precio. Sin embargo, el resultado fue que Tailandia perdió su puesto de primer exportador mundial frente a India y Vietnam. India levantó los límites a la exportación de arroz e inundó el mercado, causando una caída generalizada de los precios.
La Comisión Anticorrupción señala que este plan fue una estrategia electoral que provocó pérdidas millonarias —16.100 millones de euros— y que fomentó la corrupción en la adjudicación de venta. Este fue el mismo motivo por el que en enero, Yingluck, que estuvo al frente del país entre 2011 y 2014, fue obligada a apartarse de la política por cinco años por una Asamblea elegida a dedo por los militares que se hicieron con el poder el mes de mayo tras un golpe de Estado.
La imputación de Yingluck, señalan algunos analistas, no es más que otra estrategia del Ejército para apartar a ella y a su hermano de las posibles elecciones —previstas en un año como pronto— que los Shinawatra y sus afiliados llevan ganando desde hace más de una década. “Los conservadores están tratando de eliminar a los Shinawatra del escenario y para lograr este objetivo un juicio político ha sido vital para estigmatizar el Gobierno de Yingluck y asociarlo a la corrupción”, expone el analista político Kan Yuenyong.
“En los últimos ocho años, 220 políticos vinculados directa o indirectamente a los Shinawatra han sido inhabilitados de la política y cuatro partidos políticos han sido disueltos, incluidos cuatro primeros ministros”, continúa el analista. Samak Sundaravej, ex primer ministro y también aliado de Thaksin, fue inhabilitado por presentar en la televisión un programa de cocina, a pesar de que no cobraba más que los gastos de transporte y los ingredientes, sin recibir un salario. El cuñado de Thaksin, Somchai Wongsawat, también fue inhabilitado declarado culpable de fraude electoral durante las elecciones de 2007, en las que resultó ganador.
Cuando Yingluck ganó las elecciones en 2011, sin tener experiencia política alguna, sus detractores políticos consideraron que era una nueva marioneta en manos de su hermano mayor Thaksin, para muchos el verdadero poder en la sombra. La exmandataria permaneció en el cargo durante casi tres años hasta que el Tribunal Constitucional la obligó a dimitir en mayo tras ser acusada de abuso de poder por trasladar a un alto funcionario. Semanas después, los militares dieron un golpe de Estado y suspendieron la Constitución, justificando que debían restaurar el orden después de seis meses de protestas pidiendo la caída del Gobierno de la primera ministra. El motivo: Yingluck había tratado de aprobar una ley de amnistía que habría facilitado regresar a Thaksin al país sin cumplir la condena de cárcel. Sin embargo, esta ley también habría servido para indultar a los políticos acusados del bando contrario.
A pesar de estar apartados del poder, ambos siguen ejerciendo gran influencia en el país asiático. Con primero Thaksin y después Yingluck como cabezas de cartel, los Shinawatra han ganado todas las elecciones celebradas en Tailandia desde el año 2001 gracias al apoyo de la población rural del norte y la clase popular urbanita. Por su parte, las élites tailandesas —junto a los militares y algunos miembros del poder judicial— recelan de sus políticas y les acusan de corrupción y de haber arruinado el país. Los choques entre ambos bloques y la imposibilidad de alcanzar pactos han llevado a Tailandia a un estado de continua transición política durante la última década, protagonizada por enfrentamientos constantes en las calles y culminados, en dos ocasiones en los últimos diez años, con golpes de Estado.
Tras la destitución de la exmandataria, ningún candidato se ha perfilado como heredero del clan de los Shinawatra. “Dado que el Ejército está teniendo éxito en el control de la situación actual, Thaksin jugará su estrategia y generalmente anuncia un candidato cuando hay una convocatoria para las elecciones”, continúa el citado analista.
El actual primer ministro, el general Prayuth Chan-ocha, aseguró tras el golpe de Estado que se celebrarán elecciones democráticas a finales de 2015, pero podrían retrasarse más de un año. Hasta entonces la ley marcial, que todavía está en vigor, prohíbe a los partidos políticos participar en cualquier tipo de actividad política e impide las protestas públicas de más de cinco personas. Los seguidores de los Shinawatra, podrían ser arrestados si salen a las calles a protestar contra la posible imputación de la ex primera ministra.
