Cinco militares y una fiscal entre los siete venezolanos sancionados

El presidente Barack Obama ha desvelado un secreto muy esperado y no solo por la oposición de Venezuela. Cinco de los siete nombres, todos militares activos y directivos policiales, que aparecieron en el documento emitido por la Casa Blanca ya aparecieron reseñados en una lista elaborada por el senador estadounidense Marco Rubio. La aparición de un civil, la fiscal Katherine Harrington, es la sorpresa del día.

Harrington es la representante estrella del Ministerio Público venezolano. Ella lleva el caso de la exdiputada María Corina Machado y del alcalde metropolitano de la Gran Caracas, Antonio Ledezma, que han sido señalados en una trama penal por conspirar contra el presidente Nicolás Maduro. Harrington lleva también el caso de los jóvenes opositores Lorent Gómez Saleh, Gabriel Valles y Gerardo Carrero, presos en el quinto sótano de una de las sedes de la policía política de Venezuela, en condiciones de extremo aislamiento, de acuerdo con denuncia de sus familiares.

Hace mes y medio este diario conversó con la madre de Gómez Saleh, Yamile Saleh, quien denunció entonces que la fiscal ha visitado a su hijo en la cárcel para intentar que acuse a los opositores de tramar el magnicidio. "Como mi hijo no ha querido colaborar ella le ha dicho que se va a pudrir en la cárcel". Este testimonio coincide con lo expresado en el comunicado de la Casa Blanca sobre la inclusión de esta funcionaria y sus presuntas maneras de buscar evidencias: "La evidencia usada para soportar los cargos contra Machado y otros fue, al menos en parte, basada en correos electrónicos fraudulentos".

En el listado sobresale el nombre del general de la Guardia Nacional Bolivariana Antonio Benavides Torres. Este oficial se ha labrado un meteórico ascenso en las filas de las fuerzas armadas venezolanas gracias al vociferante modo en que proclama su respaldo al proceso revolucionario. En 2009, cuando era coronel, fue condecorado con la orden del Libertador en Segunda Clase por el entonces presidente Hugo Chávez después de ordenar a las tropas bajo su mando que reprimieran con gases lacrimógenos una concentración opositora en Caracas que manifestaba contra la Ley Orgánica de Educación.

Washington asegura que el director del Servicio Bolivariano de Inteligencia ordena detenciones arbitraras y golpizas 

El oficial fue incluido en la lista porque entre febrero y junio de 2014 era director de operaciones de la Guardia Nacional de Venezuela, la brigada antimotines encargada de dispersar las concentraciones mediante métodos muy criticados por las organizaciones de derechos humanos. Benavides Torres es tenido en alta estima por el régimen.

Entre los sancionados aparece también el general Gustavo Enrique González López, actual director del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebín), la policía política venezolana, y presidente del Centro Estratégico de Defensa y Seguridad de la Patria (Cesspa). Washington asegura que este oficial, que pertenece al grupo que responde al número dos del Gobierno, Diosdado Cabello, se encarga de ordenar la vigilancia de los líderes opositores, las detenciones arbitraras, detenciones extrajudiciales y las golpizas contra otros, que derivaron en serios abusos o violaciones a los derechos humanos. González López había pasado a retiro hasta que en 2013 fue reintegrado al servicio activo para encargarse de la inteligencia venezolana.

Entre febrero y junio de 2014, Justo José Noguera Pietri, actual presidente de la Corporación Venezolana de Guayana, la entidad que maneja las industrias que procesan el hierro y el aluminio en la zona sur de Venezuela, era el Comandante General de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). "En varias ciudades de Venezuela varios de sus miembros usaron excesiva fuerza para reprimir a manifestantes y periodistas, con violencia severa y violaciones con armas de fuego", asegura el informe de la Casa Blanca. En las manifestaciones del año pasado el estudiante Juan Manuel Carrasco, de origen español, denunció haber sido violado con el cañón de un fusil en la ciudad de Valencia, en el centro del país.

Los funcionarios Miguel Vivas Landino, inspector General de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana; Manuel Eduardo Pérez Urdaneta, director de la Policía Nacional Bolivariana y Manuel Gregorio Bernal Martínez, jefe de la 31 brigada del Ejército, están asociados a la represión que disparó la protesta generalizada en Venezuela hace un año y que determinó la prisión del líder opositor Leopoldo López. En esa ocasión fueron asesinados el carpintero Bassil da Costa y Juan Montoya, un exfuncionario de la policía de Caracas que lideraba los llamados colectivos, las bandas parapoliciales que apoyan al gobierno en la disuasión de las protestas.