Francia se revuelve contra las reformas de Hollande y Valls

“¿Podré hacer reformas?”, preguntó Emmanuel Macron al presidente François Hollande cuando el verano pasado le llamó para ofrecerle la cartera de Economía. La pregunta era clave. En las dos últimas décadas, todos los Gobiernos franceses han prometido importantes cambios para modernizar el país, pero ninguno los ha puesto en práctica. Lo han impedido la elefantiásica clase política, los grupos de presión, los rentistas, los sindicatos... Ahora, el Ejecutivo que dirige Manuel Valls asegura que los hará “contra viento y marea”. No ha hecho más que empezar y las resistencias surgen por doquier, lo que está deshilachando al partido gubernamental.

Los franceses están a favor de las reformas, siempre que no les afecten a ellos. “Las igualdades para otros, los privilegios para mí”, resume en su despacho Madani Cheurfa, secretario general del Centro de Investigaciones Políticas de Sciences Po. “Hay enormes resistencias cada vez más organizadas. Esta es una sociedad bloqueada, con privilegios para grupos y profesiones que defienden el statu quo en su beneficio, pero no en el beneficio general”.

Por esos motivos, son los políticos quienes ejercen a menudo la mayor resistencia. La reforma regional lanzada el año pasado preveía la desaparición de los consejos generales o asambleas provinciales en las que más de 4.000 políticos cobran sueldos medios de 3.000 euros. En noviembre, el Gobierno rectificó y anunció que no desaparecerían esos Parlamentos. El Senado había amenazado con el boicoteo. Un total de 96 de los 348 senadores son miembros de esos consejos. Y 269 compaginan sus escaños con otros mandatos locales, provinciales o regionales.

Son los políticos los más remisos a aceptar un adelgazamiento de las estructuras del Estado, pese a que el gasto público francés roza el 57% del PIB, uno de los más elevados del mundo. Entre otras razones, por el mantenimiento de las 36.700 comunas o Ayuntamientos (el país con más entes locales del mundo), las 13.400 mancomunidades, los 101 departamentos o provincias con sus respectivos consejos generales o asambleas y las 22 regiones —serán 13 el año que viene— con sus consejos regionales (1.757 cargos), además de la Administración central.

Desde que Macron anunció a finales del año pasado su Ley de Actividad, se han lanzado a la calle a protestar todos y cada uno de los colectivos afectados: farmacéuticos, notarios, abogados, autoescuelas, empresarios... La norma, sin embargo, incluye reformas tímidas para eliminar frenos a la actividad económica. Amplía de cinco a 12 domingos al año la opción de apertura de comercios, facilita la instalación de nuevas notarías, simplifica la creación de empresas de transporte de viajeros por carretera o acorta el tiempo para lograr el permiso de conducir.

La reacción más virulenta ha estado, nuevamente, en el ámbito político. Todo el centroderecha, comunistas y 40 diputados socialistas (de 288, uno menos que la mayoría absoluta) formaron una extraña alianza en contra de la norma que intenta modernizar la economía. Ante el peligro de perder la votación, Valls aprobó la norma por decreto.

Jean-Marc Germain, líder de los diputados socialistas rebeldes, declara a este periódico que “es necesario” acometer reformas, pero “progresistas; no reaccionarias”. Opina que ampliar el trabajo en domingo entraña “una liberalización del mercado de trabajo” que él rechaza. “Beneficia a los consumidores, sí, pero no a los empleados”. Y propone otras fórmulas. Por ejemplo, que el impuesto sobre sociedades “sea modulado en función de su comportamiento: bajo si los beneficios se reinvierten en las empresas y elevado si se destinan a dividendos”. “O sea, reformas que reactiven la economía y no las finanzas”, agrega.

Pero las resistencias se extienden a todos los sectores afectados por una u otra reforma. Es el caso ahora de las profesiones reguladas que, como las de notario o procuradores, impiden el acceso de competidores jóvenes al sector y cobran unas tasas desorbitadas. “Siempre hay grupos de interés defendiendo sus privilegios”, argumenta por teléfono uno de los asesores próximos a Macron. Las resistencias se deben “a la propia estructura de la sociedad francesa”. “Hay cuerpos intermediarios, hay corporativismo en gran parte de profesiones, en los sindicatos, en la patronal... El corporativismo impide las reformas”.

Yves trabaja en una gran librería en la plaza de Ternes, cerca del Arco de Triunfo, y se muestra muy suspicaz ante la posibilidad de trabajar los domingos: “Si no se aceptan condiciones más liberales, te consideran subversivo. Quiero vivir mi vida los domingos. En muchos casos habrá presiones para trabajar. Y, desde luego, si alguna vez tengo niños, me resistiré”.

“Liberal”, “complot ultraliberal” son los términos más usados desde la izquierda y los sindicatos para frenar las reformas. Y, sin embargo, no hay un solo economista o experto que no asegure que Francia se hundirá definitivamente si no moderniza sus estructuras. La economía está estancada, el desempleo crece desde 2007 (con un pequeño paréntesis en enero pasado), la deuda se aproxima al 100% del PIB, el déficit supera el 4% y cada año cierran más de 60.000 empresas, la mayoría pequeñas o muy pequeñas. La sexta potencia mundial y la segunda de la zona euro no ve luz al final del túnel.

Pese a las continuas presiones de Bruselas, Berlín y los organismos internacionales, las grandes reformas no llegan. Las resistencias y rechazos a las hasta ahora pequeñas auguran conflictos sin fin si se plantean otras de mayor calado que el Ejecutivo ya sugiere, como la reforma laboral, el seguro de paro o la de las pensiones. “Tengo gasolina para seguir”, afirmó Valls tras el decretazo de la ley Macron, para insistir en que, pese a todo, su “misión” es “reformar, modernizar”, y que seguirá haciéndolo “hasta el final”. Los potenciales afectados afilan los cuchillos. Los sindicatos preparan una gran protesta nacional para el 9 de abril.