La protesta estudiantil revive en Venezuela
Líderes universitarios anuncian movilizaciones callejeras tras la muerte de un joven manifestante por disparos de la policía Maduro condena el fallecimiento
Los jóvenes venezolanos han reactivado las manifestaciones y protestas en todo el país tras conocerse la noticia de la muerte, el martes, del estudiante de 14 años Kluvier Roa, en la ciudad de San Cristóbal, en el Estado de Táchira. A Roa le disparó un policía de 23 años en la cabeza durante una protesta contra el gobernador. El adolescente falleció antes de llegar al hospital y el oficial fue detenido. La muerte de Roa se une a la de otros cinco jóvenes que han sido asesinados en las últimas semanas, también de disparos en la cabeza, en distintas zonas del país. En estos casos no está confirmado si existe o no un móvil político.
Contra la situación de inseguridad y la violencia que se vive en el país se movilizaron los jóvenes venezolanos a principios del año pasado, justamente en las ciudades andinas de San Cristóbal y Mérida. La ola de protestas se extendió a otros lugares y se prolongó durante dos meses y medio. El resultado fueron 43 muertos, cientos de heridos y miles de detenidos. Muchos de los jóvenes que participaron en ese movimiento tienen hoy procesos pendientes con la justicia venezolana.
La represión que sufrieron y las consecuencias penales, además de divergencias entre los que son miembros activos de los partidos y los que son solo representantes estudiantiles de las distintas universidades, tanto públicas y privadas, hicieron mella en la capacidad organizativa y de movilización el año pasado. Recientemente hubo elecciones de líderes estudiantiles en las universidades, por lo que nuevas caras están asumiendo ahora la conducción del movimiento.
No vamos a decir ni de dónde sale ni para dónde va porque este Gobierno nos persigue Hasler Iglesias, representante de la Universidad Central de Venezuela
Una de ellas es Hasler Iglesias, representante de la Universidad Central de Venezuela, la principal institución de educación superior del país. Iglesias anunció que desde este martes los estudiantes empezarían a movilizarse otra vez, pero que no darían esa información de manera anticipada ni públicamente. "No vamos a decir ni de dónde sale ni para dónde va porque este Gobierno nos persigue", dijo Iglesias, que la noche anterior había escrito en su cuenta de Twitter: "#Caracas Mañana vamos a la calle, asistan todos a sus universidades desde temprano y estén atentos a los próximos anuncios!".
Iglesias y otros compañeros se dirigieron el martes por la mañana en una marcha "sorpresa" hasta el Ministerio del Interior y Justicia a exigir que se derogue la resolución 8610 del Ministerio de Defensa, que entró en vigor hace unas semanas y permite el uso de fuerza mortal para controlar manifestaciones y reuniones públicas.
Sectores de la comunidad académica dieron su respaldo a los estudiantes. En un comunicado, la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad Central de Venezuela, exigió también acabar con la resolución. "Llama poderosamente la atención el resurgimiento de métodos de control militar de la población —que creíamos históricamente superados— inspirados seguramente en la doctrina de la otrora Seguridad Nacional, del tiempo de las dictaduras militares del Cono Sur que restringieron las libertades civiles para imponer un pensamiento autoritario", reza el comunicado.
Mientras el grupo de estudiantes continuaba al medio día frente al Ministerio del Interior, otro grupo, en el que participó la líder juvenil Gaby Arellano, escudera del líder opositor encarcelado Leopoldo López, y militante del partido Voluntad Popular, invitaba a marchar junto a la esposa de López, Lilian Tintori, en una movilización de las madres de los estudiantes frente a la nunciatura católica en Caracas.
El propio Maduro se apresuró a condenar el martes la muerte del estudiante de Táchira y aseguró que "en Venezuela está prohibida la represión armada"
Otros representantes juveniles de los movimientos políticos que representan la diputada Maria Corina Machado, Leopoldo López y el alcalde Antonio Ledezma, señalados por el Gobierno de planear un supuesto golpe de Estado contra el presidente Nicolás Maduro, están recogiendo firmas entre la sociedad civil para apoyar el Acuerdo a la transición, documento que suscribieron los tres líderes políticos, y que para el Gobierno constituye una prueba de sus intenciones golpistas.
El propio Maduro se apresuró a condenar el martes la muerte del estudiante de Táchira y aseguró que "en Venezuela está prohibida la represión armada". Los líderes estudiantiles invocan su derecho a protestar por la violencia que sufre el país y los asesinados de los que han sido víctimas los jóvenes. Venezuela es el segundo país más violento del mundo, después de Honduras. El Observatorio Venezolano de la Violencia calcula que el pasado año se produjeron 24.980 homicidios en Venezuela (30 millones de habitantes), 68 al día, con una tasa estimada de 82 asesinatos por cada 100.000 habitantes.
Mientras tanto, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, salió al paso de los últimos sucesos y condenó la violencia "venga de donde venga", informa Silvia Ayuso. Insulza instó a la necesidad de un diálogo entre Gobierno y oposición para calmar la situación en Venezuela. "Mientras no se den los pasos necesarios para iniciar un diálogo inclusivo que conduzca a la reconciliación de los venezolanos, otros ciudadanos inocentes pueden ser víctimas de esa violencia", dijo a través de un comunicado. Insulza, tras las quejas por la falta de respuesta internacional, ya había instado a frenar la "polarización" en Venezuela tras la detención la semana pasada del alcalde de Caracas, Antonio Ledezma.
Táchira vuelve a ser el epicentro de las protestas
El Estado de Táchira, donde se han reactivado las protestas estudiantiles tras el asesinato del estudiante Kluvier Roa, es un lugar mayoritariamente opositor al Gobierno, incluso desde que el fallecido Hugo Chávez era presidente. También es una de las zonas más afectadas por las medidas restrictivas del Ejecutivo de Maduro, que ha visto menguado su escaso apoyo.
Entre las decisiones, se encuentra un chip que controla cuanta gasolina pueden echar a los automóviles para evitar el contrabando hacia Colombia. Desde que Maduro lanzó la ofensiva “guerra económica”, sus habitantes también han sufrido restricciones adicionales para comprar todo tipo de productos y frenar su floreciente contrabando hacia Colombia. La disparidad de precios y el diferencial cambiario hacen del contrabando una actividad muy lucrativa en esta región.
El malestar que hizo que los gochos tomaran las calles hace un año solo ha aumentad y el asesinato del estudiante Kluvier Roa impulsó a sus habitantes de nuevo a armar barricadas y a enfrentarse a la policía y guardia nacional hasta altas horas de la noche del martes. La ciudad amaneció sucia y con fuerte presencia de los cuerpos de seguridad que empezaron a retirar escombros y basura. En la localidad de San Cristóbal y en el Estado se decretaron tres días de luto por la muerte del joven.
Lejos quedan las declaraciones de hace un año del gobernador José Gregorio Vielma, contra quien iba dirigida la protesta que acabó con la muerte de Roa. “Si ocurre un solo disparo contra manifestantes pongo a la orden mi cargo de gobernador”, aseguró Vielma pocos días después de que empezaran las protestas contra el Gobierno en la ciudad de San Cristóbal. Dos meses después, en la capital tachirense se habían producido muertes y decenas de heridos, y la ciudad se encontraba prácticamente paralizada por barricadas en varias zonas. Los gochos, como llaman a los venezolanos de esta zona del país, cerca de la frontera con Colombia, se enfrentaban con morteros y cócteles molotov contra los cuerpos de seguridad del Estado.
El alcalde de la ciudad, Daniel Ceballos, militante del partido opositor Voluntad Popular, fue detenido y se encuentra en la cárcel de Ramo Verde, junto con Leopoldo López.
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