El legado de Ulysses Guimarães

Brasil solo ha sido una república parlamentaria una vez: los 502 días en los que, por presión de los militares, João Goulart tuvo que aceptar compartir el poder con un primer ministro.

Pero Ulysses Guimarães, fundador del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) y fuerza motriz de la actual Constitución, jamás ocultó su preferencia por el parlamentarismo. A pesar de que sus propuestas de crear un Gabinete y un presidente del Gobierno fueron una y otra vez rechazadas —la última vez en referéndum, en 1993— la Carta Magna que Guimarães dejó como herencia da muchísimo más poder al Congreso que anteriores constituciones. Y, desde el principio, el Parlamento dejó claro que era consciente de su fuerza, y lo demostró de la forma más contundente posible: abriendo un proceso de destitución contra el primer presidente elegido bajo la nueva Constitución, Fernando Collor de Mello.

El poder del Congreso se ve reforzado por la forma en la que este es elegido.

Muchos parlamentarios son elegidos por sus propios méritos —o deméritos— independientemente del Gobierno o de sus partidos. La consecuencia de todo esto es un Parlamento en el que los diputados y senadores actúan con muchísima independencia, no solo del Ejecutivo, sino de sus propias formaciones. Esto deriva en que cualquier presidente debe ser generoso con los partidos que componen su base parlamentaria (incluido el suyo) a la hora de conceder ministerios, posiciones y prebendas. Y aun así, la generosidad a la hora de negociar no garantiza el éxito.

Esta autonomía se ha acentuado tras las elecciones de noviembre, en las que los brasileños eligieron (a la vez), una presidenta progresista y un Congreso conservador. Dilma Rousseff creyó salir del proceso electoral con una base parlamentaria sólida, pero el Congreso ha desafiado una y otra vez a la presidenta: en su primera prueba, la elección del presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, del PMDB, fue elegido frente al candidato del Partido de los Trabajadores, al que pertenece la presidenta.

Lo interesante es que el PMDB es, sobre el papel, el mayor aliado de Rousseff. A él pertenece el vicepresidente, Michel Temer, y tres ministros, incluyendo las importantes carteras de Agricultura y Minería y Energía.

Con decisiones como la nominación de Cunha, un candidato acérrimamente conservador (llegó a pedir un “día del orgullo heterosexual”), tanto el PMDB como el Congreso están mandando una señal clara a la presidenta: es el Parlamento el que puede imponer su agenda al Ejecutivo y no al revés. Es la sombra de Ulysses Guimarães que vuelve a caer sobre el palacio del Planalto.

Malas noticias para un Gobierno que, más incluso que recortes de gasto, necesita del Congreso reformas estructurales para volver a arrancar la economía. Brasil necesita simplificar un sistema que se ahoga en papeleo y en los que sectores hasta ahora protegidos por el Estado necesitan más actores y una mayor presencia exterior para devolverles la competitividad. Pero muchos parlamentarios fueron elegidos, precisamente, para defender los privilegios de esos sectores.