Japón se replantea su política de seguridad tras la crisis de los rehenes

Con los asesinatos de los rehenes Kenji Goto y Haruna Yukawa a manos del Estado Islámico (EI) en las últimas dos semanas, algo murió también en la mentalidad japonesa. La sensación de que los conflictos armados son algo que ocurre muy lejos se quebró cuando un el terrorista que decapitó a Goto advirtió a Tokio en un video que esa muerte era solo el principio. Con esa advertencia en mente y una población en estado de shock, el Gobierno de Shinzo Abe ha empezado a endurecer posturas. Su última medida ha sido la retirada del pasaporte a un fotógrafo freelance que planeaba viajar a Siria, Yuichi Sugimoto, una iniciativa que plantea cuestiones en torno a la libertad de expresión y de información.

El fotógrafo ha denunciado que la confiscación de su pasaporte, ocurrida el fin de semana, atenta contra la libertad de prensa, algo que el Gobierno nipón ha rechazado. En su rueda de prensa diaria, el ministro portavoz, Yoshihide Suga, declaró que “se debe otorgar el mayor de los respetos a la libertad de prensa y a la libertad de movimiento, que están garantizadas en la Constitución”. “Pero al mismo tiempo, es un deber extremadamente importante del Gobierno el garantizar la seguridad de los japoneses que viajan y los que se encuentran en el exterior”, añadió.

Suga, que recordó la amenaza del EI contra Japón, puntualizó que se trata de una medida extraordinaria y si otros ciudadanos también se plantean viajes a la zona, se decidirá caso por caso. Tokio apela a una cláusula legal que permite retirar el pasaporte para proteger la vida de un ciudadano.

La medida contra Sugimoto no es, con todo, la única ni mucho menos que ha adoptado Tokio. La semana pasada el Gobierno dio a conocer una serie de iniciativas para proteger a los cerca de 1,2 millones de sus ciudadanos que viven en el extranjero, incluidos más sistemas de seguridad para 88 escuelas japonesas en el exterior y sus Embajadas en Oriente Medio y el establecimiento de un sistema de avisos por SMS.

En este clima, la popularidad del primer ministro Shinzo Abe, que ha prometido “no ceder nunca al terrorismo”, ha obtenido un empujón en momentos en que renqueaba por la mala marcha de la economía nacional. Un sondeo de la agencia Kyodo publicado el fin de semana apuntaba que le respalda el 54,2 % de los japoneses, un 1,4 % más que siete días antes. Una encuesta del diario Yomiuri Shimbun le era aún más favorable, un 58 % en la actualidad frente al 53 % del 9 de enero pasado.

En ambas encuestas, la mayoría de los participantes se declara partidario de mantener o expandir la ayuda por valor de 200 millones de dólares para asistir a las víctimas del EI que Abe prometió en una gira por Oriente Medio. Algunos políticos y analistas han apuntado que el anuncio de Abe precipitó la crisis de los rehenes japoneses.

El primer ministro parece dispuesto a aprovechar el tirón para tantear una de sus más acariciadas ambiciones, y que genera fuertes divisiones entre los votantes: la puesta en marcha de una reforma de la Constitución que permita el despliegue de fuerzas japonesas fuera del territorio del país. La Carta Magna actual, aprobada tras el fin de la II Guerra Mundial, lo prohíbe tajantemente. El Gobierno de coalición que encabeza Abe ya aprobó en julio del año pasado una reinterpretación que permitiría a las Fuerzas de Autodefensa japonesas participar en operaciones para asistir a aliados en peligro.

Pero ya se empieza a hablar de una enmienda constitucional en toda la regla para el año próximo. Aunque Suga ha restado importancia a los comentarios, un alto cargo del Partido Liberal Demócrata (PLD) de Abe, Hajime Funada, ha asegurado que el primer ministro y él han abordado posibles fechas para la celebración de un referéndum, obligatorio para aprobar una reforma de la Carta Magna. Según Funada, el jefe del Gobierno está de acuerdo en que la consulta, de celebrarse, tendría lugar tras las elecciones al Senado nipón previstas para el verano de 2016.

Según ha publicado el diario The Japan Times, Funada propuso en la reunión revisar la Constitución en varias etapas. La primera incluiría medidas sobre derechos medioambientales y una enmienda para otorgar poder supremo al primer ministro en caso de emergencia.

Al menos dos tercios de los legisladores japoneses en cada cámara deben pronunciarse a favor para convocar un referéndum de reforma constitucional. La enmienda solo podría entrar en vigor si un 50 % de los votantes da su “sí” en la consulta.