La reforma de la NSA se queda a medio camino un año después

El teléfono de J. Kirk Wiebe suena desde hace unos meses con menos frecuencia. Wiebe fue uno de los primeros filtradores de la Agencia Nacional de Seguridad. Tras jubilarse en 2001, denunció, junto a dos veteranos exanalistas, que la NSA tenía cada vez más acceso a datos personales. Lograron poca atención y fueron perseguidos en la justicia. Pero en junio de 2013, adquirieron notoriedad gracias a las revelaciones de Edward Snowden sobre los largos tentáculos de la NSA: empezaron a dar muchas más charlas en Estados Unidos y Europa sobre su experiencia e influencia.

“Snowden nos había visto diciendo que intentamos ir por los canales internos del Gobierno y no conseguimos nada”, subraya Wiebe en alusión a que, tras fracasar ellos, Snowden optase por filtrar secretos a la prensa en vez de formular una queja interna en la NSA.

Pero ahora, al año y medio de las filtraciones de Snowden y al año de anunciarse la reforma de los programas de vigilancia, se habla mucho menos del joven exanalista refugiado en Rusia y del espionaje masivo. "La excitación ha bajado un poco, pero a la gente sigue sin gustarle [la NSA]”, agrega en una entrevista telefónica Wiebe, de 70 años, 30 de ellos en la agencia. La percepción pública sobre la NSA apenas ha variado: en octubre de 2013, un 54% tenía una opinión favorable; en enero de este año, un 51% (sobre todo jóvenes), según una encuesta del centro Pew.

Al año y medio de las filtraciones de Snowden y al año de anunciarse la reforma de los programas de vigilancia, se habla mucho menos del joven exanalista refugiado en Rusia y del espionaje masivo

Sin embargo, buena parte del debate en EE UU sobre los límites de la recopilación masiva de datos ha quedado eclipsado. El contexto ha cambiado, lo que puede propiciar retrocesos: crecen las voces que, ante el auge del yihadismo, se oponen a restringir los programas de vigilancia, y reclaman que las autoridades tengan plenos poderes para desbloquear la encriptación de teléfonos móviles.

La reforma de la NSA se ha quedado, por ahora, a medio camino. En enero de 2014, el presidente de EE UU, Barack Obama, anunció un conjunto de cambios para limitar la interceptación de datos sin mermar la protección de la seguridad nacional. Su objetivo era atenuar las preocupaciones de ciudadanos estadounidenses y gobiernos extranjeros aliados sobre posibles injerencias a la privacidad.

Las principales funciones de la NSA -creada en 1952- son proteger la información de inteligencia estadounidense y obtener datos externos en cables de fibra óptica, líneas telefónicas o nodos de Internet. Esos datos no solo se emplean con fines antiterroristas, también para obtener “ventaja diplomática con países aliados como Alemania o Francia” y “económica con Japón o Brasil”, según los documentos filtrados por Snowden.

Obama anunció que la NSA requeriría, excepto en emergencias, una aprobación judicial para investigar al usuario de una llamada, y que podría vigilar a conocidos de un sospechoso hasta un segundo círculo de relación en lugar de un tercero. Ambos cambios entraron en vigor a los pocos meses.

El Gobierno de EE UU evita detallar si ha finalizado por completo el espionaje a países amigos, como prometió Obama

Y esta semana, en línea con una de las promesas del presidente, el Gobierno ha impulsado nuevas normas que limitan -a cinco años- el almacenamiento de datos de ciudadanos extranjeros, salvo si son investigados. En paralelo, ha pedido al Congreso que les permita solicitar reparación legal en EE UU. En el caso de ciudadanos estadounidenses, si en una vigilancia en el extranjero se les interceptan datos tendrán que ser eliminados inmediatamente, excepto si son sospechosos.

Sin embargo, las dos principales modificaciones formuladas por Obama están incompletas un año después. El presidente afirmó que la NSA dejaría de almacenar metadatos -información sobre a quién se llama, dónde y cuánto tiempo- de todas las llamadas telefónicas en EE UU. Y cesaría de vigilar las comunicaciones, “a menos que exista un propósito irrenunciable de seguridad nacional”, de jefes de Estado y de Gobierno de países aliados y amigos. Fue la respuesta a la polémica desatada por el escrutinio a la canciller alemana, Angela Merkel, la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, o al mexicano Enrique Peña Nieto (cuando era candidato) y a su predecesor, Felipe Calderón.

La transferencia del almacenamiento de datos está estancada tras fracasar en noviembre en el Senado una propuesta de ley -apoyada por la Casa Blanca- para que fueran las compañías telefónicas las que mantuvieran esa información. Las compañías la hubiesen retenido durante 18 meses y la NSA solo hubiese tenido acceso mediante una estricta autorización judicial.

La transferencia del almacenamiento de datos está estancada tras fracasar en el Senado una ley para que fueran las compañías telefónicas las que mantuvieran esa información

Las empresas -cuya imagen quedó maltrecha por el caso Snowden- rechazan almacenar los datos si no están obligadas por ley. La mayoría del Partido Republicano se opuso a la propuesta, en parte alegando que mermaba la lucha antiterrorista, pero ahora parece forzado a actuar porque el 1 de junio expira la disposición que habilita al Gobierno, tras los atentados del 11-S en 2001, a recopilar datos telefónicos.

En cuanto al espionaje a aliados, públicamente solo se sabe que Merkel fue sacada de la lista de objetivos. El diario The New York Times informó el martes que “parece que los programas en México y Brasil continuaron”. Y el abogado general de la Oficina de Inteligencia Nacional, Robert Litt, evitó al día siguiente confirmar si ha finalizado por completo la vigilancia a países amigos. “No voy a comentar detalles específicos, hemos sacado a algunos objetivos anteriores”, dijo en un coloquio en Washington.

Obama basó parte de su reforma en las recomendaciones que le hizo un panel de cinco expertos designado por la Casa Blanca. Uno de ellos era Geoffrey R. Stone, profesor de Derecho en la Universidad de Chicago. Califica de “pasos en la buena dirección” los cambios en el programa de vigilancia, pero avisa que “se está muy lejos” de adoptar todas las propuestas de los expertos.

El panel recomendó que el FBI requiera una autorización judicial para poder pedir datos a compañías tecnológicas. La Administración lo rechazó y esta semana anunció un cambio parcial: esas peticiones dejarán de ser secretas al menos tres años después del inicio de una investigación. Lo que no ha variado es que el tribunal que decide si se indaga un determinado número solo escucha la opinión del Gobierno. Los expertos pedían que también se escuchara la de una especie de defensor público.

Wiebe, el exanalista de la NSA, sostiene que las modificaciones aprobadas apenas afectan el programa de vigilancia. “No quieren cambiarlo, cuantos más datos tienes más fácil es el trabajo”, esgrime. “Y el Congreso es demasiado político, probablemente no saldrá nada”. Su esperanza es que sea la justicia la que fuerce grandes cambios.

A finales de 2013, un juez federal dudó de la constitucionalidad de la recopilación de llamadas por entrar en conflicto con la Cuarta Enmienda, que prohíbe la captación de información más allá de límites razonables. Pero otro la dictaminó legal. Hay procesos similares en curso. Si hay división de pareceres, el asunto podría acabar en el Tribunal Supremo.