El Gobierno de Humala se debilita

Una caricatura del diario El Comercio muestra al presidente peruano, Ollanta Humala, sujetando la cintura de la primera dama Nadine Heredia con los brazos abiertos, como si fueran Di Caprio y Winslet en un extremo del Titanic, que lleva el logo del partido oficial Gana Perú. La imagen condensa el momento que atraviesa el Gobierno, que el domingo sufrió la renuncia del congresista Sergio Tejada y perdió la mayoría en el Legislativo, ahora en manos del fujimorismo.

Ahora, de los 130 parlamentarios, Fuerza Popular (fujimorista) cuenta con 35 votos y Gana Perú con 34. Sin embargo, en la votación por la derogatoria de la polémica ley laboral juvenil el lunes pasado, siete del oficialismo no siguieron la línea marcada por el presidente y Heredia de mantener la ley vigente y optaron por derogar.

“[La derogación] ha sido una tremenda derrota [para el Gobierno]. En las reuniones del Comité Ejecutivo no querían militantes sino soldados”, explicó el congresista Sergio Tejada sobre su alejamiento del partido en el poder. El congresista presidió la comisión investigadora de la corrupción del Gobierno del presidente Alan García.

Analistas políticos y la oposición critican a Humala y a su gabinete por su desgaste, su negativa a corregir errores y por el supuesto seguimiento a políticos. Pese a que una encuesta de GFK expresaba que un 60% de los consultados consideraba que el nuevo régimen laboral no iba a terminar con la informalidad del empleo entre los ciudadanos de 18 a 24 años, Humala y la primera dama persistían en mantener la ley, calificada por abogados laboralistas como inconstitucional.

Según el ministro de Economía, Alonso Segura, y el presidente Humala, el objetivo de la ley era combatir cerca del 80% de empleo informal que afecta a los jóvenes peruanos, ofreciendo incluirlos en plantilla y darles seguro social y 15 días de vacaciones por año; sin embargo, no les reconocía el derecho a recibir compensación por tiempo de trabajo. El congresista fujimorista Juan Díaz dijo además que la falta de fiscalización laboral por parte del Ministerio de Trabajo hacía muy fácil a las empresas despedir a empleados para reclutar a los mismos u otros trabajadores a menos coste económico.

Según dos de las principales encuestadoras, Ipsos y GFK, la aprobación del presidente se mantiene en un 25% en los últimos seis meses. El director de Ipsos, Alfredo Torres, sostiene que el 70% de desaprobación “presenta a un Gobierno muy débil cuando todavía faltan 15 meses para las próximas elecciones”. “En el país se oscila, casi sin matices, entre tratar de imponer puntos de vista o no hacer nada. Debatir, escuchar, negociar y buscar consensos para actuar no suele ser parte del repertorio”, comentó Hernán Chaparro, director de la encuestadora GFK, al presentar los resultados del último sondeo.

Además, hay otros dos flancos que suman en el aislamiento político al Gobierno de Perú. Dos informes periodísticos revelaron a mediados de enero que la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) realizó un operativo de seguimiento a la vicepresidenta Marisol Espinoza, congresista de Gana Perú desde 2006. Espinoza criticó la ley laboral juvenil, y estuvo a favor de que el Gobierno debatiera el aumento del sueldo mínimo, discrepando así con Nadine Heredia. Humala niega que su Gobierno haya encargado el seguimiento a la DINI.

Por último, las denuncias de corrupción contra un exasesor de las campañas de 2006 y 2011 de Humala, Martín Belaunde Lossio, han mellado al Gobierno. El presidente lo defendió al inicio de las denuncias y el ministro de Justicia buscó que fuera un colaborador eficaz para la Fiscalía. Belaunde permanece en arresto domiciliario en Bolivia desde hace una semana, pese a que la Fiscalía pidió su detención preventiva a fines de mayo. Ocho empresas vinculadas con el detenido lograron contratos por cerca de un millón de dólares desde 2011. Es otro escándalo más para un Gobierno cada vez más debilitado.