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Primera auscultación del contrario

El arranque de las negociaciones entre EE UU y Cuba fue cauteloso, pero no insustancial; todo acuerdo es trascendente

Las históricas negociaciones de La Habana entre Cuba y Estados Unidos tuvieron un carácter exploratorio, de tanteo personal y metodológico, de mutua auscultación, evitándose asuntos espinosos, para garantizar la continuidad del proceso hacia la normalización diplomática. Los temas abordados fueron menores, de fácil acuerdo entre las partes, para permitir a las dos delegaciones consolidar una hoja de ruta duradera y concluir amigablemente los contactos inaugurales. Por razones obvias, Cuba no tiene problemas en ese sentido, pero Roberta Jacobson necesitaba volver a Washington con bazas que confirmen lo acertado de la apuesta anunciada el 17 de diciembre por Barack Obama y Raúl Castro y le permita al primero declarar públicamente que las rondas de la capital cubana fueron constructivas.

No eran imaginables tropiezos serios a las primeras de cambio porque desde hace dos años, secretamente, se han ido sentando las bases para que el proceso no descarrile. Fundamentalmente es así porque EE UU renunció a la condicionalidad, al enfoque ideologizado en su acercamiento a la isla comunista, que en el discurso oficial deja de ser una amenaza para la seguridad de Estados Unidos a ser considerado un país en transición cuyas transformaciones internas —el deseado itinerario hacia la democracia— corresponden a sus nacionales. Las cesiones del régimen cubano no son desdeñables porque, aunque nada cede en la hegemonía de partido único, en la práctica se obliga a introducir correcciones profundas e inciertas en el rumbo revolucionario. De momento serán cambios regulatorios que adquirirán mayor contenido conforme las liberalizaciones progresen. Washington apuesta a que una sociedad civil empoderada, con más recursos e información, acabe exigiendo la apertura política.

Pero ni Cuba, ni el Gobierno de Estados Unidos tienen excesiva prisa. Raúl Castro necesita tiempo y medios para adaptar su país a las exigencias estructurales del nuevo marco de relaciones y también para afrontar los cambios económicos y sociales derivados del eventual levantamiento del embargo. En horas bajas, el partido demócrata precisa de munición para llegar más pertrechado a las presidenciales del 2016. Perdida la mayoría en las dos Cámaras del Congreso, los demócratas dependen mucho de los votos aportados por las decisiones del poder Ejecutivo. Con ese propósito, entre otros, Obama anunció la legalización de indocumentados y el acercamiento a Cuba, dos iniciativas de considerable gancho popular, que paralelamente son susceptibles de fomentar contradicciones entre las filas del partido republicano.

Las negociaciones del arranque en La Habana fueron cautelosas y con las cartas de los jugadores marcadas para evitar pinchazos iniciales, pero de ninguna manera insustanciales porque cualquier acuerdo en la relación bilateral es trascendente, y levanta pasiones a ambos lados del estrecho de Florida. La sincronización de calendarios, anuncios y nombramientos, y el perfil y competencias de los nuevos embajadores y funcionaros de legación, fueron temas abordados. Estados Unidos negoció insistiendo en lo irrenunciable de algunas tesis, la promoción de los derechos humanos entre ellas, pero probablemente no fue más allá de lo políticamente correcto en el marco de una distensión que tardará en consolidarse. Si lo hizo, ofreciendo contraprestaciones económicas o políticas a cambio, tardará en saberse.

El off the record de un funcionario norteamericano en las vísperas del viaje de Jacobsen anticipó la precavida aproximación de Estados Unidos a la mesa de negociaciones: “Estamos dispuestos a acelerar el compromiso a favor de nuestros intereses y del pueblo cubano, pero dependerá mucho de la tolerancia del Gobierno cubano, dependerá del consentimiento mutuo, de hacia dónde quiere ir Cuba”. El rumbo pretendido por Raúl Castro es claro: fomentar la entrada de inversiones y tecnología estadounidenses pero sin intromisiones políticas, estableciendo sobre la marcha los límites a las libertades civiles que inevitablemente exigirá la normalización bilateral.