Francia contratará a 2.680 personas para luchar contra el terrorismo

Valls anuncia que se invertirán 735 millones de euros en tres años

REUTERS LIVE! (reuters_live)

Dos semanas después de los atentados yihadistas de París, que dejaron 17 víctimas, Francia reforzará con capital humano y material su lucha antiterrorista. El Gobierno anunció este miércoles la creación de 2.680 puestos en tres años en la lucha contra el terrorismo, y una inversión de 425 millones de euros en equipamiento. Para completar el refuerzo, el Gobierno prepara una gran ley que presentará en marzo en el Parlamento para regular las actuaciones de los servicios de inteligencia, en particular las escuchas telefónicas y el control de Internet. No ha querido precipitarse en restablecer el delito de indignidad nacional, reclamado por la oposición, y deja la medida en estudio.

“La primera urgencia es reforzar un poco más los medios humanos y técnicos de los servicios de inteligencia”, declaró el primer ministro, Manuel Valls, tras el Consejo de Ministros en el que se aprobaron las medidas. Estos servicios dispondrán de 1.400 puestos de policía adicionales, 1.100 de los cuales serán destinados a “unidades de inteligencia encargadas de luchar contra el terrorismo” —entre los cuales, 500 agentes se sumarán a los 3.200 actuales de la Dirección General de los Servicios de Interior—, 950 serán puestos en el Ministerio de Justicia, 250 en el de Defensa y 80 en el de Finanzas, 70 ellos para vigilancia de aduanas.

Más control en fronteras exteriores

Lucía Abellan

La UE se prepara para cubrir las fisuras que presenta en la lucha antiterrorista la libre circulación por el espacio europeo Schengen. Los ministros del Interior estudiarán la próxima semana posibles cambios en el funcionamiento de Schengen para controlar de forma más sistemática a los europeos que vayan a un Estado tercero o regresen de él. Ahora sólo se hace a quienes tienen perfil de riesgo.

Esas modificaciones excluyen reintroducir controles en las fronteras interiores (por ejemplo, en vuelos de Madrid a París). “Schengen es parte de la solución, no parte del problema”, aseguró este miércoles el vicepresidente de la Comisión Europea Frans Timmermans, que anunció una nueva propuesta del registro de pasajeros aéreos para convencer a la Eurocámara.

El Ejecutivo preparará también en los próximos días una ley de los servicios de inteligencia que espera poder presentar en el Parlamento a principios de marzo. “La ley de 1991 sobre las interceptaciones se ha concebido antes de Internet”, ha recordado Valls, insistiendo en la necesidad de ponerla al día para garantizar tanto la seguridad jurídica de operaciones de escuchas y de rastreo como el respeto de las libertades públicas.

El presidente, François Hollande, también confirmó que, dado el “excepcional” momento, mantendrá 7.500 puestos de militares de los 34.000 que debían anularse antes de 2019. Las Fuerzas Armadas han sido movilizadas en el exterior para luchar contra el terrorismo (9.000 soldados) y en la vigilancia de los lugares sensibles en territorio nacional, en el marco del plan antiterrorista Vigipirate (10.500 militares). A los 2.650 empleos anunciados por Valls se suma una inversión de 233 millones de euros destinados a Interior y de 181 a Justicia. Se destinará a material como chalecos antibalas, cascos y vehículos para los agentes encargados de las vigilancias. El esfuerzo presupuestario, que incluyendo los gastos en personal supondrá 735 millones de euros en tres años, “será compensado por ahorros (…) en el conjunto del gasto público, año tras año”, aseguró Valls. “Se trata de un esfuerzo enorme pero indispensable”.

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El primer ministro asegura que 3.000 personas requieren vigilancia en Francia: unos 1.300 franceses o extranjeros de vuelta de la yihad en Siria e Irak o todavía allí, a los que se suman los involucrados en grupos yihadistas de otros países, como Pakistán o Yemen, y casi un millar de vinculados al ciberyihadismo. Sobre este último punto indicó que se reforzarán las vigilancias en Internet, sin entrar en detalle.

Valls confirmó también la creación de un fichero bajo control judicial en el que quedará inscrita “toda persona condenada o investigada por hechos de terrorismo”. Estas deberán informar sobre su dirección con regularidad y declarar los viajes al extranjero. El Gobierno destinará también 60 millones a la prevención de la radicalización, y en los próximos días lanzará un portal de Internet para prevenir que los jóvenes sean seducidos por el yihadismo.

Sindicalistas y políticos han apoyado el anuncio de refuerzos, que los sindicatos policiales reclamaban desde hacía tiempo. El nervio de la guerra para el Ejecutivo será la gran ley que prepara para regular las prácticas de los servicios de inteligencia. Se esperan también medidas sociales más amplias, que se estudiarán mañana jueves en el consejo ministerial.

La fiscalía de París imputa a cuatro cómplices de Coulibaly

Mientras que los ministros aprobaban estas medidas, la fiscalía anunciaba durante la mañana la imputación de cuatro jóvenes de entre 22 y 28 años vinculados con Amédy Coulibaly, el autor del ataque al supermercado judío en Vincennes del 9 de enero y el asesinato de una policía la víspera, por "asociación de malhechores". Tres de ellos están acusados de haber comprado parte del material utilizado por Coulibaly en la toma de rehén de Vincennes en la que mató a cuatro personas, como chalecos tácticos (con bolsillos para las municiones), varios cuchillos, un arma de electrochoques y bombas lacrimógenas. El material, adquirido a finales de diciembre, quedó almacenado en casa de uno de los jóvenes hasta el 1 de enero, fecha en la que Coulibaly lo recogió. Los cuatro no han sido imputado por "complicidad" porque la justicia no dispone de elementos suficientes que apunten a que los cuatro sospechosos supieran que este material estaba destinado a perpetrar una acción terrorista.

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