La Haya estudia la denuncia palestina contra Israel por crímenes de guerra

La Corte Penal Internacional (CPI) ha decidido evaluar la denuncia presentada por el Gobierno palestino contra Israel por presuntos crímenes de guerra cometidos en Gaza, y en Jerusalén Este, desde el pasado 13 de junio de 2014. De momento, el paso dado por la fiscalía supone solo estudiar la documentación recibida para ver si abre una investigación formal. Su repercusión supera, sin embargo, los meros trámites administrativos. Hasta la fecha, la Corte había rechazado cualquier demanda de esta índole porque “Palestina no era un Estado comprendido en la familia de Naciones Unidas”.

La situación cambió el pasado 2 de enero, cuando Mahmoud Abbas, presidente palestino, firmó el Estatuto de Roma (texto fundacional de la CPI) y aceptó su jurisdicción. Antes incluso, en 2014, Suecia ya había reconocido formalmente el Estado palestino. Desde entonces, los Parlamentos de Francia, Reino Unido, Irlanda y España han aprobado mociones no vinculantes con el mismo fin.

Es la tercera vez, en los últimos cinco años, que la Autoridad Palestina intenta llevar a Israel ante la justicia internacional. En 2009, la fiscalía rechazó una demanda similar por entender que el estatus de “entidad observadora” ante la ONU, no permitía a los palestinos ratificar el Estatuto de Roma. La Corte, por tanto, era incapaz de actuar. En 2012, la Asamblea General de Naciones Unidas otorgó la posición de “Estado observador” a la Autoridad Palesina. Pasar de entidad a Estado fue aquí determinante, porque el Estatuto de Roma está abierto a todos ellos. Admitir la competencia de la CPI era el siguiente paso, y, el pasado 2 de enero, “Palestina se convirtió en el 123 Estado miembro”, tal y como figura en la documentación oficial.

La adhesión a la CPI ha sido rechazada por Estados Unidos e Israel (ninguno es miembro) porque, según señalan, “Palestina sigue sin ser un Estado soberano”. Por contra, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, que aceptó la demanda contra Israel, sostiene que los trámites de entrada son correctos y cumple los requisitos necesarios”. En respuesta a estos cambios, Israel ha congelado la entrega de 127 millones de dólares en impuestos recaudados a cuenta de la propia Autoridad Palestina.

El Gobierno israelí ha sido muy firme en su condena, informa Noga Tarnopolsky. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha declarado mediante un comunicado que “la decisión es un escándalo. Pocos días después de que terroristas hayan masacrado a judíos franceses, la Corte Penal Internacional abre una investigación en contra del Estado judío. Israel rechaza esta decisión. La Corte Penal Internacional es parte del problema y no parte de la solución. Netanyahu, que ha añadido que “la Autoridad Palestina colabora con el grupo terrorista Hamás, mientras Israel lucha contra el terror”, ha asegurado que ha enviado una carta al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y a otros líderes internacionales en la que señala que la petición palestina de unirse a la Corte Penal Internacional “es una enorme distorsión de la realidad”.

El ministro de Exteriores de Israel, Avigdor Lieberman, ha amenazado directamente al tribunal al decir que “Israel actuará en la arena internacional para liquidar la Corte Penal Internacional, un cuerpo hipócrita que apoya al terror”.

En manos de Fatou Bensouda, fiscal jefe de la Corte, está ahora decidir si hay indicios suficientes de delito que permitan seguir avanzando a sus investigadores. En la denuncia aparecen los 50 días de lucha registrada en Gaza entre julio y agosto de 2014, donde murieron casi 2.000 palestinos. La ONU calcula que más de 400 eran niños.