Presos invisibles en Río de Janeiro

Aunque las cifras varían mucho, se calcula que entre 50.000 y 100.000 niños viven en las calles de Brasil. Para la inmensa mayoría, eso supone —además de toda clase de penalidades imaginables— la ausencia de un documento de identidad: no existen para el Estado. Las estadísticas públicas tienden a minimizar el problema, pero pervive hasta la edad adulta. Según datos ofrecidos por la secretaría de Administración Penitenciaria del Estado de Río de Janeiro (SEAP), un 10% de los presos que ingresan en cárceles del Estado no tiene documentos de identidad ni partida de nacimiento. Solo salieron de la invisibilidad burocrática al cometer un delito. Son 4.000 personas que integran el sistema solo gracias a su cartilla carcelaria y forman lo que los especialistas llaman el comando criminal: su único registro legal es que han tocado el piano; es decir, han inscrito sus huellas digitales al ser detenidos.

La concesión de documentos civiles a un ciudadano adulto que sale de la cárcel es complicada

Ricardo (nombre ficticio) es un expreso en libertad condicional que hoy regenta un negocio de comida para llevar en el barrio carioca de Madureira. Tiene un brazalete electrónico en el tobillo que registra sus movimientos. Durante años trabajó junto a funcionarios de prisiones y policías en la oficina de la comisaría 58 de Río, beneficiado por un programa de reducción de pena, un día por cada tres trabajados. Se encargaba de hacer la ficha a los condenados que llegaban a prisión. “Llegaban detenidos sin ningún dato, ningún carné, nada… No les visitaban familiares ni recibían comida ni ningún tipo de regalo”. Sin embargo, advierte que existía un fraude en algunas de esas instancias. “Había varios casos de presos que ocultaban su verdadera identidad para escapar de delitos anteriores, cometidos a veces en otros estados, y reducir su pena”, cuenta.

“Muchos de ellos nacieron y crecieron en la calle”, explica un portavoz de la secretaría de Derechos Humanos de Río de Janeiro. “Les es prácticamente imposible escapar del circuito delictivo”. La falta de partida de nacimiento bloquea al acceso al documento de identidad, lo que a su vez excluye toda posibilidad de acceder a otros certificados habituales: por ejemplo, para firmar un contrato de trabajo o para votar. De los integrantes del comando criminal, pues, solo se conocen las características físicas. “Algunas historias son dramáticas. Tratan de regresar a la vida civil rehabilitados, conseguir un trabajo, enderezarse, pero ni siquiera reciben un documento que les acredite como ciudadano”, añade el portavoz.

La secretaría de Administración Penitenciaria ratifica que los 3.988 presos actuales sin identificación civil no tienen relación con delitos anteriores. En el Tribunal de Justicia de Río de Janeiro —que impulsa un proyecto para la erradicación del subregistro civil— se acepta la posibilidad de que el número sea más elevado. “Y en otros Estados brasileños el porcentaje podría ser aún mayor”, afirma la misma fuente: “Río de Janeiro está más adelantado que muchas otras administraciones en estas labores de identificación y regularización”.

La concesión de documentos civiles a un ciudadano adulto que sale de la cárcel es complicada. Se trata de un proceso en el que participan diversas instituciones y que exige entrevistas, verificación de diversos documentos y contactos con familiares, “cuando los hay”, como recuerda el portavoz. La SEAP admite el problema y asegura que “hace un trabajo de regularización mediante un proyecto que busca mapear, identificar y desencadenar acciones en colaboración con otros órganos”, como la Dirección General de Tráfico, responsable de los documentos de identidad, la Asociación de Registradores de Personas Naturales y la propia Secretaría de Estado de Derechos Humanos. Aclara, no obstante, que “después de la liberación del preso la responsabilidad ya no es nuestra”. Los casos más difíciles de verificar son remitidos al Tribunal de Justicia. Según el diario O Globo, unos 300 presos serían regularizados en las próximas semanas.

Un 10% de los presos que ingresan en cárceles del Estado no tiene documentos de identidad

La lentitud y complejidad de los trámites burocráticos en Brasil es proverbial, desde la concesión de visados o la celebración del matrimonio hasta el alquiler de un apartamento o la apertura de empresas, y es incluso admitido por las autoridades como un freno a su expansión económica —según el Banco Mundial, Brasil ocupa el puesto número 116 de 183 países en cuanto a facilidades para hacer negocios—. Estas complicaciones surgen fundamentalmente de la desconfianza hacia el poder público, como dijo en una entrevista con este diario la abogada especialista en defensa del consumidor Rosana Chiavassa: “Los principios de veracidad y de buena fe no existen en los órganos públicos”. La maraña de documentos exigidos para cualquier acto privado puede convertir en ocasiones el país de la samba en un entorno kafkiano; sirva de ejemplo que en la década de los ochenta existió incluso un Ministerio de Desburocratización.

Ricardo, que pasó diez años en la cárcel por matar a un hombre (según él, en defensa propia) en una pelea de bar, considera “increíble” que la suerte de los presos una vez acabada su condena dependa de un papel tan común. “¿Sabe usted lo difícil que es pasar una década en la cárcel y salir más o menos bien? ¿No morir en una pelea, no ser asesinado por un traficante por tu pasado o por tu comportamiento? Dar un documento de identidad debería ser facilísimo, un premio a aquellos que superan el trance de una cárcel brasileña”. Su relato pone cara a la ausencia de identidad civil de estos condenados. “¿Se imagina lo que es ser libre de nuevo, regresar a la calle, feliz, y no tener ningún papel para pedir trabajo o alquilar una habitación o ir al hospital?”, dice.